Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Inseguridad o movimiento ciudadano, ¿cuál es el problema?

La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la situación generada por la autodefensa intensifica la controversia acerca de la legalidad del movimiento ciudadano de Ayutla y Tecoanapa, pero no la aclara ni le pone punto final. La CNDH se atiene al artículo 17 de la Constitución –que establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”– para cuestionar la detención de 54 personas efectuada por los integrantes del movimiento de autodefensa y su sometimiento a un tribunal popular. Pero deja de lado el artículo 2, que señala con toda claridad el derecho de los pueblos indígenas “a la libre autodeterminación (…) en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”, así como su derecho a establecer “autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. No parece haber modo de encuadrar las acciones realizadas por la población indígena de Ayutla y Tecoanapa en el escenario previsto por el artículo 17, pues no es una “persona” la que actúa en defensa de su integridad, sino un pueblo entero el que se moviliza para protegerse de la delincuencia organizada, para lo cual aplica los usos y costumbres que le han sido reconocidos constitucionalmente, y con profusión de detalles, en las fracciones del artículo 2.
Quizás el apresuramiento hizo que la CNDH se mostrara rigurosa en su preocupación por la suerte de los detenidos, pero relajada respecto al contexto en que fueron capturados y aun más relajada sobre la naturaleza de la organización que los aprehendió, que no es precisamente una persona en busca de venganza o justicia personal. Son presuntos criminales sorprendidos en acciones ilegales, a quienes –salvo prueba en contrario– les han sido respetados sus derechos en el ámbito de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Pero la recomendación de la CNDH, dirigida el sábado al gobierno del estado, ignora esa condición y procede a partir del supuesto de que se trata de ciudadanos agraviados por una turba incontenible. De ahí que solicite a las autoridades la aplicación de los “mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa”. Es decir, como si sus captores fueran secuestradores. Suena contradictorio que a continuación, la CNDH pida también al gobierno tomar “las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno”, pues “quienes habitan los municipios” son los mismos que ejecutaron las aprehensiones para salvaguardar sus propios derechos, a la vida en primer lugar. En esa contradicción la CNDH no está sola, pues la Procuraduría del estado también ha emprendido averiguaciones previas contra los dirigentes del movimiento, pretextando probables delitos derivados de la usurpación de funciones reservadas al Ministerio Público.
Pero con todo, la CNDH tiene razón en su demanda de que sean protegidos los derechos humanos de los detenidos, y sería apropiado que las autoridades del movimiento indigenista flexibilizaran sus criterios y les permitieran visitas. Más aún, lo más razonable es que cuanto antes se realice el anunciado juicio popular y de inmediato sean entregados al gobierno del estado. Lo aconsejan así no solamente la controversia y los evidentes vacíos legales que persisten en torno a la actividad y alcances del movimiento de autodefensa, sino también el sentido común, pues es obvio que los pueblos indígenas carecen de los recursos, los medios y las instalaciones para recluir a esa elevada cantidad de detenidos, cifra que podría crecer indefinidamente si la autodefensa se mantiene como hasta ahora.
Es posible que la CNDH se haya hecho eco de la preocupación que parece haber tomado forma en el gobierno federal, probablemente contagiado por la creciente desesperación e impotencia del gobierno de Ángel Aguirre Rivero para contener la impactante fuerza que exhibió el movimiento ciudadano. Esa preocupación no es otra sino que el movimiento se convierta en una guerrilla, o que sin convertirse en guerrilla de todos modos tome el control de esa región de Costa Chica y la Montaña y rebase por completo a los gobiernos estatal y federal, como los rebasó desde hace un mes en el combate a la delincuencia.
En esa preocupación está el origen de la “Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, y la explicación de que en un abigarrado afán pluralista el gobierno pretenda integrarla con representantes de la iglesia, del gobierno, del legislativo, de los municipios y de las comunidades indígenas. Que se le haya puesto el nombre original de “Comisión para la Paz” y al día siguiente el gobernador Ángel Aguirre haya sustituido la palabra “paz” por la de “armonía”, da una medida del interés gubernamental por enfocar el tema como un conflicto desde una óptica contraguerrillera. El cambio de palabra se produjo por el reclamo de los dirigentes indígenas, que le hicieron notar al gobernador que en Ayutla y Tecoanapa no existe una guerra. Con todo y cambio de palabra, subsiste la visión contrainsurgente que posiblemente sea un ingrediente del gobierno federal, pues incluso vino al estado Jaime Martínez Veloz, el comisionado federal para la paz en Chiapas e interlocutor del EZLN.
Las motivaciones de Ángel Aguirre para improvisar la “Comisión para la Armonía” tienen que ver con su objetivo de quitarse los reflectores por su incapacidad para brindar seguridad a la población. Según ha dicho el gobernador, esa comisión será la encargada de negociar con el movimiento de autodefensa la entrega de los 54 detenidos, y quizás también de impulsar las adecuaciones legales que pongan fin a los vacíos que rodean a las policías ciudadanas o comunitarias. Es decir, de esa forma Aguirre Rivero desplaza la responsabilidad de solucionar los problemas hacia una instancia cuya función principal será la de servir como pararrayos del gobierno.
Pero esa comisión no constituye ninguna respuesta al grave problema de inseguridad que dio lugar al movimiento ciudadano, del que por el momento parece desentendido en el supuesto de que la irrupción armada es más urgente. Esa comisión es el ejemplo más reciente de la falta de estructura y programa en el gobierno de Aguirre, pues se la sacó de la manga con el propósito de frenar la crecida civil de Ayutla y Tecoanapa, el juicio popular a las 54 personas que están detenidas, y finalmente por el temor de que ese movimiento, además de la fuerza que ya demostró, adquiera un rango superior al gobierno mismo. Pese a los numerosos avisos de que la indignación por la inseguridad crecía entre la población, no hizo nada significativo ni inteligente ante ello. Desdeñoso, sólo repartió utensilios y pretendió tomarle el pelo a las comunidades con retórica. Sucedió en Huamuxtitlán y Olinalá. Pero esa puesta en escena no fue suficiente en Ayutla y Tecoanapa, donde la autodefensa literalmente estalló. Acostumbrado a manipular el entramado político y a jugar con los políticos, como lo hace con la dirigencia del PRD como le viene en gana, Aguirre Rivero vio durante varias semanas pero no comprendió las dimensiones y la seriedad del movimiento, que para esta hora es un auténtico levantamiento civil. Por encima de todas las maniobras políticas que realiza, es evidente que Aguirre carece de imaginación, voluntad y convicciones para responder al grave problema de la inseguridad, que es el que explica lo demás, y por otra parte lo demás no es el problema.

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