Acepta el gobierno estatal la solicitud de la CNDH a favor de los detenidos por la autodefensa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado informó mediante un comunicado, del que se responsabiliza el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, que recibió y aceptó la recomendación que le envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se pide aplicar medidas cautelares a favor de las 54 personas retenidas en las comunidades indígenas del municipio de Ayutla, por los grupos de autodefensa civil.
Asimismo, aunque no se explica en qué consisten ni cuándo llevará a cabo estas medidas, da por hecho que se aplicarán, pues advierte que “los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo pueden contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero, ni las leyes vigentes”.
También da por hecho que hoy lunes “habrá de constituirse” la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero y que el martes “se realizará la primera reunión en el municipio de Ayutla de los Libres, en mesas de trabajo con la representación del Ejecutivo estatal a cargo de la Secretaría General de Gobierno”.
El comunicado oficial va dirigido a “los grupos autodenominados de defensa” y a “los actores políticos, académicos y organizaciones sociales comprometidos en salvaguardar la armonía, la paz y el desarrollo integral de nuestra entidad”.
En la recomendación que se envió al gobierno de Guerrero, mediante oficio CNDH/2/2013/312, la CNDH solicitó al gobierno estatal la “aplicación de medidas cautelares, de manera indefinida, con el propósito de salvaguardar los derechos humanos, la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas”.
En respuesta, el gobierno estatal respondió que “recibe y acepta la solicitud de la CNDH para implementar medidas cautelares, en el caso de las 54 personas retenidas en las comunidades indígenas del municipio de Ayutla”.
Agrega que de acuerdo con la CNDH “la actuación de los grupos de autodefensa, instalados en distintos municipios de Guerrero, es contraria al espíritu y la letra del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
También les dice a estos grupos que para la CNDH “resulta un hecho notorio la instalación de un tribunal popular en la comunidad El Mesón, municipio de Ayutla de los Libres, que tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en operativos llevados a cabo por integrantes de la llamada policía comunitaria, en los municipios de Ayutla y Tecoanapa”.
Se afirma que el organismo considera que la existencia de tribunales populares instalados e integrados por ciudadanos, que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones, “contrarían el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece categóricamente que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
Añade que por ello la CNDH solicitó que se pongan en marcha los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa.
Asimismo, que se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno.
En este sentido, el comunicado del gobierno estatal manifiesta que los usos y costumbres de los pueblos indígenas “por ningún motivo pueden contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero ni las leyes vigentes”.
Además que el gobierno del estado ya trabaja en la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero, “no sólo para garantizar la preservación de los derechos humanos de las personas retenidas y de todos los habitantes del estado, sino para la implementación de programas sociales que promuevan proyectos productivos y de infraestructura en materia de salud, educación y servicios básicos de beneficio colectivo en las comunidades de aquellos municipios con población predominantemente indígena”.