Divide el gobierno del estado con dinero a los desplazados La Laguna, denuncian mujeres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado finalmente consiguió dividir con dinero a los desplazados por la violencia de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán, pues mientras que a las hijas de doña Juventina Villa Mojica, asesinada el 28 de noviembre, les está dando todo, al resto del grupo les ha suspendido la ayuda, porque siguen recibiendo el respaldo solidario de las organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos.
Un grupo de cuatro mujeres, ofrecieron aquí una conferencia de prensa en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles  de Derechos Humanos, en donde exigieron, nuevamente, justicia para sus familiares asesinados. Asimismo, demandaron que el gobierno les siga apoyando con despensas, material para las improvisadas viviendas que tienen en Puerto de las Ollas y brindándoles seguridad, porque siguen las amenazas de parte del grupo armado de Los Ciruelos.
También desmintieron a las hijas de doña Juventina Villa: Martha y Leticia Santana Villa, quienes el viernes en conferencia de prensa en el puerto de Acapulco acusaron al dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, y al secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, de estar lucrando con el caso, por lo que les pidieron que ya no se metan, porque serán ellas quienes llevarán el caso con su abogado.
En la conferencia de prensa, este otro grupo de desplazados y familiares de víctimas de la violencia, dieron su respaldo a los dos dirigentes, así como al director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, de quienes desmintieron que estén lucrando con el caso, y por el contrario aseguraron que parte de la ayuda que han recibido ha sido por sus gestiones.
A la conferencia de prensa asistieron Leonor Ochoa Segura, quien tiene cinco hermanos y cuatro primos asesinados; María de Jesús Segura Villa, quien tiene cinco hijos, una hermana, cuatro sobrinos y un cuñado asesinado; Felipa Santana Díaz, quien tiene un hijo desaparecido y cuatro asesinados; y Catalina Pérez Duque, a quien le asesinaron a su esposo.
Todas ellas y sus familiares cercanos siguen viviendo en la comunidad de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, hacia donde fueron desplazadas de la violencia el 30 de noviembre pasado de las comunidades de La Laguna y de Hacienda de Dolores. Informaron que de todo el grupo solamente las hijas de doña Juventina han salido de esa localidad y desconocen dónde están radicando ahora.
“Estamos decepcionadas, el gobierno no ha cumplido, no ha hecho justicia a nuestros familiares asesinados”, dijo Leonor Ochoa, quien denunció que, ni siquiera elementos de seguridad les quisieron dar para trasladarse a esta capital.
Informó que el 30 de enero subió a Puerto de las Ollas una brigada de funcionarios del gobierno del estado, pero sólo les entregó despensas, y también iban médicos y dentistas que ofrecieron consultas. Así como para tratar la venta de sus animales y ganado que todavía se encuentran en sus comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, a donde no han podido regresar por temor a la violencia.
Pero, en cuanto a su petición de justicia para sus familiares asesinados, denunció que el gobierno no está haciendo nada.
Recordó que el 7 de enero se reunieron con la procuradora Martha Elva Garzón Bernal y prometió que subiría a Puerto de las Ollas con ministerios públicos para integrar las averiguaciones previas, y que también iría a las comunidades de Los Ciruelos, “porque hay denuncias de los dos lados”. Pero agregó que estuvieron esperando a la funcionaria y no llegó.
Agregó que solamente mandó traer a las hijas de doña Juventina Villa, a quienes les tomó su declaración el personal de la Procuraduría en el Ministerio Público de Petatlán. A partir de entonces éstas sólo subieron por sus cosas y abandonaron la localidad, supieron de ellas hasta el sábado cuando salieron publicadas sus declaraciones, que dieron en una conferencia de prensa el día anterior en Acapulco.
Ochoa Segura dijo que con esto el gobierno estatal finalmente logró dividir al grupo, como era su intención desde el principio, y desmintió a su prima, Martha Santana Villa, en el sentido de que Bertoldo Martínez y Manuel Olivares fueron a la comunidad a decir que ellas nunca serían atendidas por las autoridades gubernamentales, que mejor confiaran en ellos porque conseguirían que el gobierno del estado les diera 5 millones de pesos, “no sé de dónde sacó eso mi prima, si cuando subieron (Bertoldo y Manuel) ella no estaba en la comunidad, ellos no nos ofrecieron nada”, dijo.
Y luego, Leonor, contraatacó: aseguró que Martha sí recibió 50 mil pesos del gobierno y que ella la acompañó a una oficina de Acapulco para recibir el dinero. Dijo que esa vez también le dijo que antes había recibido un cheque de 500 mil pesos y que ambas cantidades era para ayuda de todos los desplazados.
Sin embargo, aseguró que el resto del grupo no recibió nada y que su prima Martha se quedó con todo.
Incluso, denunció que en una reunión que tuvieron en Acapulco con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, le comentaron que del dinero que había recibido Martha no habían recibido nada y que el funcionario les contestó que “él puede dar dinero a quien quiera”.
Agregó que Martha no les puede pedir a ellas que ya no intervengan en el caso, como lo dijo en la conferencia de Acapulco, “porque nosotros también tenemos muchos familiares asesinados y tenemos que seguir exigiendo justicia por ellos”.
Por su parte, doña María de Jesús Segura demandó justicia para sus cinco hijos, su hermana, cuatro sobrinos y su cuñado asesinados, pues dijo que no se han hecho las investigaciones, que los homicidas siguen libres y amenazándolos.
También exigió que el gobierno les mande láminas para el arreglo del techo de sus casas, “porque estamos bajo el sol y el sereno”. Además, recordó que el gobierno estatal se comprometió a comprarles las vacas, chivos y cerdos que quedaron en su comunidad de Hacienda de Dolores, pero que no se ha concretado nada de eso.
Explicó que no están pidiendo prebendas, puesto que la situación que están viviendo es responsabilidad del gobierno, que no les ha garantizado seguridad.
Después, Leonor Ochoa denunció que las amenazas del grupo armado de Los Ciruelos siguen, pues les han mandado decir que les van a caer “y que esta vez no solamente van a ir a balacearles sus casas, vamos a ir a tirarles granadas a ustedes”. Añadió que el gobierno sabe y ha comprobado que las amenazas ese grupo las cumple, por lo que demandó mayor seguridad, pues dijo que actualmente solamente quedan 12 policías en la localidad y que los militares ya se retiraron.
También doña Catalina Pérez exigió justicia para su esposo, Damián Díaz Hernández, quien fue asesinado en el mes de noviembre pasado. Denunció que desde entonces no se ha investigado, a pesar de que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, se comprometió a que el caso se investigaría y que se detendría a los responsables.
“Yo no sé por qué le hacen caso a otras cosas, como las mentiras que se vienen a decir del doctor Bertoldo (Martínez Cruz) y de Manuel (Olivares Hernández), y no nos hacen caso a nosotros, cuando venimos a pedir justicia”, dijo.