Surgen movimientos contra el crimen organizado en cuatro regiones del estado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El surgimiento de grupos civiles de autodefensa ciudadana, como respuesta al hostigamiento de la delincuencia organizada y por la deficiencia e incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de los pueblos, se extendió en los últimos siete meses a cuatro de las siete regiones del estado.
El recuento es el siguiente:
El 2 de junio del año pasado, habitantes de Huamuxtitlán advirtieron que por las principales calles del poblado circulaban varias camionetas sin placas y con vidrios polarizados, en su interior iba gente armada, por lo que integrantes del Consejo Ciudadano, formado en el 2010 al margen y contra la voluntad de la alcaldesa, se organizó para enfrentar cualquier contingencia.
No pasaron más de tres horas cuando les llegó la información de que en el basurero de la salida del pueblo  habían levantado al hijo de un vendedor de frutas, y que le habían quitado su camioneta. Un integrante del Consejo tocó las campanas de la iglesia y de inmediato se concentraron cientos de ciudadanos en la gasolinera.
Los vecinos sacaron sus armas de fuego: escopetas, rifles y pistolas calibre 22, en su mayoría. Y se armaron también con machetes, palos y tubos. Después, en varias camionetas salieron en busca de los levantados y de sus agresores.
Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que las camionetas sospechosas iban resguardadas por la Policía Ministerial. Sin embargo, sin pensarlo se dio la confrontación con ellos y en la trifulca hirieron a dos del Consejo Ciudadano, sin que los del grupo contrario tuvieran alguna baja. Pero la búsqueda de los pobladores no fue infructuosa porque lograron rescatar a 17 personas.
Durante el operativo civil, los habitantes también vieron que con su vehículo el presidente interino, Juan Carlos Merino González,  le abría paso a las camionetas de los armados de la delincuencia, por lo que, igualmente, no lo dudaron y se fueron contra él, lo detuvieron y lo llevaron a la plaza pública para enjuiciarlo. La indignación de la gente fue tanta que, exhibido desnudo lo castigaron a golpes y estaban a punto de lincharlo cuando fue rescatado por las autoridades estatales.
Después de rescatar a los secuestrados y al calor del enfrentamiento, un grupo de ciudadanos quemó la comandancia de la Policía Ministerial y una de sus camionetas. Los policías ministeriales huyeron de la cabecera.
También los elementos de la Policía Preventiva Municipal fueron desarmados  cuando la gente encontró, en la comandancia a una niña atada a una cama, de quien habrían abusado sexualmente.
Este episodio marcó la pauta. Los resultados que arrojó  la organización de los huamuxtecos para su autodefensa en contra de la delincuencia común y organizada cundieron como ejemplo, y ahora, 7 meses después de aquellos acontecimientos, acciones similares se han repetido en diferentes poblaciones de cuatro de las siete regiones del estado.

El caso de Olinalá

La tarde del viernes 26 de octubre del año pasado, en el zócalo, en las calles, en las tiendas y en los diferentes puntos de reunión de Olinalá corría el rumor de que el taxista que había sido levantado el día anterior, fue encontrado ejecutado. Del rumor se pasó a la certeza cuando vieron llegar el cadáver.
Hubo consternación que de inmediato se convirtió en indignación, y primero fueron los transportistas seguidos por algunos de los familiares y amigos de la familia del ejecutado que fueron en busca de los posibles responsables del crimen y sus cómplices.
Horas después, ya el 27 de octubre,  eran cientos de pobladores los que estaban levantados en armas.
La situación se complicó la misma mañana del 27 cuando en el sepelio del taxista los pobladores se enteraron que un comando armado levantó a un comerciante.
De inmediato tocaron las campanas de la iglesia y se empezaron a concentrar en el centro del poblado.
Entonces acudieron a la comandancia de la policía municipal y desarmaron a sus 16 agentes. Después, un presunto secuestrador que merodeaba en el sepelio fue retenido y advirtieron que si a las nueve de la noche no lo reclamaban sus familiares le prenderían fuego. Por la noche decidieron entregarlo al Ejército.
Los pobladores se dirigieron al domicilio donde presuntamente se alojaban los secuestradores e incendiaron una camioneta, un automóvil compacto y algunas motocicletas estacionadas allí. Asimismo, bloquearon los cinco accesos y salidas de la cabecera municipal, entre ellas la que va a Puebla.
El movimiento duró 15 días hasta que intervino el Ejército y la Marina que se hicieron cargo de la seguridad, pero los ciudadanos siguen movilizados y vigilantes para actuar ante cualquier contingencia.
A raíz de este episodio, los ciudadanos de Temalacatzingo, una de las poblaciones más grandes del municipio de Olinalá, que también estaba asolada por los delincuentes decidió organizarse.
El 2 de diciembre, con motivo del aniversario de la muerte del guerrillero Lucio Cabañas, los ciudadanos tomaron en sus manos la seguridad y los habitantes de la comunidad integraron y presentaron a la Policía Ciudadana y Popular (PCP).
La organización civil la integran más de 100 campesinos armados, que se rigen por sus usos y costumbres.
Los habitantes, quienes son en su mayoría indígenas nahuas aseguran que las autoridades son cómplices en diversos actos de extorsión y robo en su contra, por lo que decidieron armarse y realizar rondines y retenes para dar seguridad a su comunidad.

Ayutla y Tecoanapa

Después del medio día del 5 de enero, la calma sólo era aparente en Ayutla, pues los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG),  ya sabían que Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo, Tecoanapa, y miembro de esa organización, había sido levantado por hombres armados.
El caso fue denunciado a las autoridades y cuando ya policías ministeriales, estatales y municipales trabajaban en su búsqueda en una improvisada reunión tomaron la decisión participar en el operativo, pues des confiaron de las corporaciones policiacas.
Los civiles, encapuchados y armados, instalaron un retén para rescatar al comisario en la carretera estatal Ayutla-Cruz Grande, realizaron recorridos por la carretera en camionetas y por la presión, los delincuentes liberaron a Eusebio, con golpes y una herida de bala.
Al calor de los acontecimientos, la dirigencia de la UPOEG decidió mantener el movimiento armado y los retenes que instaló: uno a la entrada del centro de la cabecera municipal y otro a la salida rumbo a Cruz Grande, sobre la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande.
En las primeras acciones del día siguiente (el domingo 6 de enero) en el primer retén los civiles armados sostuvieron un enfrentamiento con un presunto delincuente que opuso resistencia a la revisión por lo que fue abatido a tiros.
Cutberto Luna Chávez, la víctima, era taxista y conducía un vehículo que cubre la ruta Acapulco-Ayutla.
El movimiento también logró la detención de los hermanos Agustín y Rafael Vargas Jijón, Rafael Amador Vargas Carrillo y Osiel Vargas Chávez, presuntamente vinculados con el plagio del comisario de Rancho Nuevo.
El 10 de enero el movimiento se amplió a Tecoanapa, en donde se instalaron retenes sobre la misma carretera en las dos entradas a la cabecera municipal, utilizando el mismo mecanismo que en Ayutla y encabezado por los dirigentes de la misma organización.
Hasta el domingo pasado, a 21 días de iniciado el movimiento, la dirigencia del movimiento hablaba de más de 50 detenidos por su presunta vinculación con las bandas de la delincuencia común y organizada.
Asimismo, a pesar de la presencia de militares, la Marina y la Policía Federal, la vigilancia civil permanecía en las cabeceras municipales, a la expectativa.

La zona Norte, entró al movimiento

Cuando se pensaba que el movimiento civil en contra de la delincuencia se focalizaba en las regiones de la Montaña y Costa Chica, el 18 de enero sorprendió que un grupo de hombres armados y encapuchados se apostaran durante dos horas, en la carretera Iguala-Teloloapan, en la cercanía del poblado de Ahuehuepan, también en contra de la delincuencia y exigieron la presencia del Ejército y la Marina.
Los que tomaron las armas ahí fueron entre 100 y 150 hombres de las comunidades de Ahuehuepan, Ahuelican, Tonalapa del Río y Coatepec Costales de los municipios de Iguala y Teloloapan.
Los habitantes de Iguala y Teloloapan usaban pasamontaña y portaban machetes, palos, escopetas, pistolas calibre 22 y hasta zapapicos.
Integrantes del mismo grupo, el 21 de enero, encapuchados y armados, marcharon por la carretera federal Iguala-Teloloapan para exigir la presencia del Ejército. Advirtieron ese día que en caso de que no haya una respuesta a su demanda, volverán a tomar las armas y la carretera para pedir que las autoridades cumplan con su responsabilidad de darles seguridad.

La zona Centro,
un caso  sorpresivo

El  movimiento sorprendió a la las autorides cuando alcanzó a la zona Centro del estado, y es que a partir del 21 de enero  las comunidades nahuas de Acatempa y Atliaca, municipio de Tixtla, entraron al movimiento de autodefensa.
Desde ese lunes decenas de ciudadanos se apostaron en las entradas de esos pueblos, sobre la carretera Tixtla-Apango. El mecanismo es el mismo: encapuchados y armados con escopetas, rifles y pistolas de bajo calibre, así como machetes y palos resguardan a sus pueblos y revisan todo vehículo que les parece sospechoso.
En Atliaca, en las primeras horas del movimiento civil, fueron detenidos siete jóvenes a quienes vincularon con una banda criminal que comete delitos en esa localidad. A la media noche del mismo 21 de enero, los jóvenes Juan Fernando Ramírez Mejía y Benito García Hernández, fueron detenidos.
El segundo fue abatido a tiros a la una de la madrugada del 22 de enero, según dijeron los dirigentes del movimiento, cuando pretendía darse a la fuga.
Sin embargo, familiares de éste, denunciaron que fue torturado y ejecutado, puesto que presentaba huellas de golpes y un balazo en la sien, por lo que anunciaron que van a presentar una demanda por daño moral en contra del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, puesto que él mismo declaró a medios de comunicación que el ultimado pertenecía a una banda criminal, que opuso resistencia y por eso fue asesinado.
El levantamiento armado en estos dos pueblos continuaba hasta este domingo, a pesar de la presencia de soldados y elementos de las policías estatal y municipal.
El levantamiento ciudadano se gestó por el hartazgo de ambas comunidades ante una embestida de secuestros, asesinatos y extorsiones por parte de grupos delincuenciales, presuntamente del crimen organizado, con lo que, Tixtla, se convirtió en el primer municipio de la región Centro en unirse a los alzamientos.
Y mientras las autoridades estatales hablaban de que habían asumido el control de los movimientos con la presencia de los militares y policías federales, el sábado 26 de enero se levantó también en armas la comunidad de Chiepetepec, municipio de Tlapa, región de la Montaña.
Como consecuencia de asaltos, robos de vehículos y presencia de gente extraña vinculada con la delincuencia organizada, los pobladores de esa comunidad se armaron e  instalaron puestos de revisión y control.
El movimiento, se dijo, está   adherido a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), región Montaña, la misma que encabeza los movimientos ciudadanos de autodefensa en Ayutla y Tecoanapa que comenzaron el 5 de enero.
El surgimiento de los grupos de autodefensa ciudadana, como respuesta al asedio de los grupos de la delincuencia organizada y a la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad de sus ciudadanos, se extendió rápidamente en menos de siete meses, a cuatro de las siete regiones del estado y amenaza con prolongarse a poblaciones asediadas por el crimen debido al hartazgo de la gente por las acciones de la delincuencia que se ensaña con la población, mientras que las autoridades se mantienen al margen hasta que se ven presionadas por estos movimientos.