Interviene la Policía Comunitaria en un conflicto agrario en Marquelia a favor de un particular, acusan

Mariana Labastida

Vecinos de la colonia Nuevo Marquelia denunciaron que policías comunitarios intervinieron en el conflicto agrario que tienen con un particular que reclama la propiedad de 2 hectáreas del ejido, lamentaron que los encargados de la seguridad del pueblo atenten contra ellos.
Vía telefónica el señor Arturo Soriano Ramírez informó que integrantes de la policía comunitaria llegaron con Patricia Ramos González de la colonia Plan de Ayutla con quien han tenido problemas desde hace más de 10 años por la posesión de las tierras.
El vecino de Nuevo Marquelia criticó que sean los policías comunitarios los que se estén involucrando en un conflicto entre ejidatarios, y que afecten los derechos de los habitantes, cuando se supone que su función es resguardar la seguridad de los ciudadanos, “aquí llegaron tirando alambres y poniendo otros espantando a todos”, dijo el señor Raúl, otro de los denunciantes.
Explicó que Paulina Ramos reclama la propiedad de 2 hectáreas de tierra que pertenecen al ejido de Marquelia, parte de ellas donde se encuentra Nuevo Marquelia, a unos 2 kilómetros sobre la carretera con rumbo a San Luis Acatlán, de donde los afectados suponen que bajaron los policías.
“Me da tristeza que vengan hacer esas cosas que no están relacionadas con su actividad” dijo el vecino cuando denunció que los policías comunitarios colocaron una nueva cerca para delimitar el terreno en conflicto.
Arturo Soriano agregó que es la tercera ocasión que les intentan quitar el terreno y aseguró que el ejido cuenta con la propiedad del mismo de manera legal, según un documento emitido por el Tribunal Superior Agrario.
Pidió a las autoridades comunitarias que no intervengan en el conflicto agrario.
Recordó que dicho conflicto ha provocado enfrentamientos armados.
En el 2010 la denuncia fue al revés, Paulina Ramos entonces comisaria de Plan de Ayala denunció que habían sufrido agresiones por los de Nuevo Marquelia que acusaban de invasión y no reconoció los documentos de la Procuraduría de la Reforma Agraria, que son con los que se avalan los ejidatarios.