Necesario regular la publicidad gubernamental, plantea el especialista Ernesto Villanueva

Daniel Velázquez

La iniciativa de ley para la libertad de expresión y de prensa del estado de Guerrero, propuesta por el diputado local panista Jorge Camacho Peñaloza, tiene “los mejores propósitos” pero no están en la estructura del proyecto, expuso en Acapulco el especialista Ernesto Villanueva Villanueva.
Dijo que la propuesta tiene “saltos y vacíos” que ofrecen oportunidades para mejorarla.
En el “Foro Regional de Difusión y Análisis de la Iniciativa de Ley para la Libertad de Expresión y de Prensa” del estado de Guerrero, que se llevó a cabo en el salón Catalina del hotel Crowne Plaza, Ernesto Villanueva se refirió a uno de los artículos propuestos como “una capirotada, donde metemos de todo un poco, es dulce, sabe rico pero definitivamente no tiene una unidad, un hilo conductor”.
Además alertó que algunos de los artículos que se incluyen en la propuesta contravienen a la Constitución federal.
Dijo que a la propuesta de ley le hace falta un planteamiento sobre publicidad oficial de transparencia y equidad, que regule la relación entre los medios de comunicación y el presupuesto del gobierno del estado.
Se refirió al tema con la frase “de a cómo no”, y dijo que “el ‘cómo no’ es bajo qué criterios le entrego al medio A tanto dinero y al medio C tanto dinero, cuáles son los medios transparentes, objetivos, que le den certeza legal, seguridad jurídica y que sean además transparentes, pero en eso la ley está callada, no dice nada, como si no fuera importante”, dijo.
Agregó que la libertad de expresión se debe ejercer con recursos que estén “al margen de la buena voluntad del titular de comunicación social” del gobierno.
En el caso de la seguridad para los periodistas, dijo que debe ser atribución de la Procuraduría General de Justicia del Estado reformar la ley orgánica y su reglamento, crear una fiscalía especializada y dotarla de atribuciones para que sea un agente del ministerio público, para que tenga agentes ministeriales  a su cargo debidamente entrenados, capacitados, que sean coadyuvantes con las autoridades federales.
“Lo importante es dar tiros de precisión para resolver problemas concretos y no quedarnos en el mundo de la ocurrencia, donde al final del día en el mejor de los casos sólo vamos a tener seguridad psicológica sin resultados concretos, en prejuicio de todos”, expresó.
Villanueva es investigador y coordinador del área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; es doctor en derecho y doctor en ciencias de la información, así como doctor honoris causa en periodismo por la Escuela Carlos Septién García.
En su participación, Villanueva expuso diez observaciones que hizo a la propuesta de ley, porque es discriminatoria y porque va dirigida sólo a quienes ejercen el periodismo, lo cual “rompe el principio de igualdad”, porque no puede haber una ley para ingenieros mecánicos y una ley para ingenieros civiles y una ley para médicos.
“El derecho tutela bienes generales, no particulares, rompe el principio de igualdad. Rompe una parte discriminando a los demás, rompe el principio de igualdad y ejerce la discriminación en perjuicio de la gran mayoría de la sociedad, eso habría que reconducirlo y ajustarlo a las pautas internacionales”, dijo.
Criticó que en el artículo segundo la propuesta de ley defina como periodistas a las personas y también a los medios de comunicación y de difusión, lo cual dijo es una “innovación del siglo XXII”, porque “el periodista es una persona física que hace ejercicio de la libertad de expresión y de información, es su actividad principal, de forma permanente y remunerada”.
Con esa propuesta de ley, “resulta que Televisa y que TV Azteca son periodistas, imagínense a Televisa caminando”.
Además, el mismo artículo señala a medios de comunicación y medios de difusión pero no distingue cuál es uno y cuál es otro, y “me encantaría que a mí me explicaran para aprender”, dijo.
Además observó que el artículo tercero fracción segunda establece que las autoridades de Guerrero deberán “promover un ejercicio del periodismo libre de cualquier injerencia ilegítima”, pero no hay un concepto jurídico que explique qué es una injerencia legítima o ilegítima, “porque de ahí a la censura sólo hay menos de un paso”.
“Establecer restricciones mas allá de las que establece el artículo sexto y séptimo de la Constitución federal son evidentemente anticonstitucionales, y lo que generaría si se aprueba esa ley en sus términos podría ser objeto de acciones de anticonstitucionalidad por un lado, o amparos colectivos por tratar de restringir el ejercicio de la libertad de expresión”, advirtió.
Otra de las críticas que planteó es que la propuesta de ley “mezcla la gimnasia con la magnesia”, pues en el artículo cuarto señala que la Secretaría de Desarrollo Social, junto con las instituciones de seguridad pública, serán las encargadas de vigilar la aplicación y cumplimiento de dicha ley, lo cual es una “singular relación”.
Cuestionó que los organismos de seguridad no han podido establecer medidas de seguridad para los periodistas, y cómo lo podrá hacer una secretaría de Desarrollo Social, “hay que ser serios, yo no me pondría en la manos de la Secretaría de Desarrollo Social para que fuera mi jefa de escoltas”.
En el artículo 8 cuestionó las facultades que con la propuesta de ley se le pretende dar a la Secretaría de Desarrollo Social, porque se establece que podrá hacer censos de periodistas activos y las empresas deberán proporcionarle información sobre las prestaciones laborales que reciben sus trabajadores, pero la secretaría no tiene esas atribuciones, lo cual dijo “es invasivo” y contraviene lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal.
También criticó la propuesta de crear “La casa de los periodistas”, lo cual va en “la lógica de cómo sustraer recursos”, porque un proyecto similar que se puso en marcha en el Distrito Federal “no ha funcionado para nada”.
Criticó además el Fondo de Apoyo a Periodistas, el cual “forma una relación de subordinación, de coordinación si quieren ser más generosos, que impactaría en la libertad del ejercicio periodístico en virtud de que sería administrado por la Secretaría de Desarrollo Social”.
Agregó que con las atribuciones “forzadas” que se le dan a la secretaría con esta propuesta de ley, es para suponer que quien esté al frente sería el próximo candidato a la gubernatura, porque maneja seguridad, dinero para los periodistas, protocolo de seguridad.
Un fondo de apoyo
independiente

Después, en declaraciones a reporteros, Ernesto Villanueva dijo que el Fondo de Apoyo a Periodistas es único en el país y puede perfeccionarse, pero debe independizarse del gobierno del estado para que no haya la presunción de que los apoyos del fondo se dan en función de la cercanía o lejanía con el gobierno, y planteó que ese fondo se forme mediante la aplicación de un impuesto especial a la publicidad gubernamental.
Contrario a las observaciones hechas por el especialista, la mayoría de las participaciones de quienes acudieron al foro fueron a favor de la conservación del Fondo de Apoyo a Periodistas, y para solicitar que se le atribuyeran al gobierno del estado más obligaciones para beneficio de los reporteros, como guarderías, casa para periodistas adultos mayores, y criticaron al promotor de la iniciativa, el diputado Jorge Camacho Peñaloza, de quien destacaron su calidad de periodista deportivo y lo llamaron el “patiño de Brozo”.
Camacho Peñaloza pidió unidad a los periodistas para elaborar un proyecto más completo y ofreció hacerse a un lado porque no tiene interés mediático en proponer una ley, pero dijo que los periodistas no merecen un trato especial por el trabajo que desarrollan, como se les ve a los periodistas, y que la ley sólo busca que la profesión se vea como de riesgo y se les dé mejores oportunidades para desarrollar el trabajo, “más allá del paternalismo, más allá del cochupo y más allá del entreguismo”.
También estuvieron los diputados locales Julieta Fernández y Karen Castrejón Trujillo.