Se crea la Comisión para los Pueblos Indígenas pero aún no tiene el aval de la CRAC y la UPOEG

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Sin contar todavía con el respaldo y participación de la CRAC y la UPOEG, el gobernador Ángel Aguirre Rivero instaló ayer a mediodía con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadepi).
Como testigos estuvieron alcaldes, diputados federales, locales y los titulares de los poderes Legislativos y Judicial.
Pero como respuesta a la Cadepi y al decreto de reforma de ley para el reconocimiento y regulación  que promueve el gobierno estatal, el representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán, les aclaró en el acto que sí debe haber un cambio profundo en seguridad y justicia, pero que siempre han dicho “que nosotros no necesitamos reconocimiento, porque ya somos legítimos de entrada”.
Pablo Guzmán reiteró al representante del gobierno federal y demás políticos presentes que asistía en mandato de la CRAC como observador para atender la buena voluntad del gobernador Angel Aguirre, pero que aún no definen si se integran o no a la Cadepi, porque eso lo decidirán en asamblea.
En tanto que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, felicitó al gobernador por su iniciativa, y aunque no dijo si aceptarán integrarse, indicó: “Lo felicitamos señor gobernador, pero tampoco permitamos que el Estado (federal) someta al estado de Guerrero, debe haber diálogo, respeto, sin condicionarnos; la coordinación significa respeto a ambos, para aquellos que confunden que la coordinación significa sumisión”.

Policía Comunitaria y autodefensa “no son expresiones directas contra el gobierno”: Aguirre

Luego, alentado por la UPOEG, en su intervención el gobernador Angel Aguirre dio por hecho que la CRAC y la UPOEG se integrarán a la Cadepi y reiteró que este martes en Ayutla sesionará por primera vez la comisión.
Reunidos al mediodía en la Sala de la República de la residencia oficial del gobierno del estado, Casa Guerrero, nuevamente ante alcaldes y ciudadanos de los municipios, diputados federales y locales y funcionarios de gobierno, el gobernador exaltó: “Este día, que sin duda alguna será un parteaguas en la historia contemporánea de nuestra entidad, al anunciar la creación de la Comisión para la Concordia (sic) y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado”.
Aunque por lo anterior el gobernador no aclaró si se cambiaba por segunda ocasión la denominación de la comisión, que primero fue presentada como Comisión de Paz, luego como Comisión de Armonía y ahora “para la Concordia”, pero nadie reparó en eso, no obstante que atrás del presídium se leía: “Instalación de la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.
El gobernador indicó: “Esta comisión se crea porque estamos convencidos que es mucho más lo que nos identifica como guerrerenses que lo que puede distanciarnos y dividirnos”.
Explicó luego que la comisión permitirá intensificar esfuerzos, combinar voluntades y recursos para poner las bases de nuevos entendimientos, reforzando los puentes de confianza y esperanza.
“Confianza, que es necesaria para que los pueblos de Ayutla, Tecoanapa y otros puntos de la entidad, donde surgieron movimientos ciudadanos de autodefensa contra la delincuencia, nos sentemos a dialogar y cerremos la puerta a males comunes, articulando mecanismos eficaces y generando oportunidades de justicia y desarrollo, que por una circunstancia u otra, no han tenido”, expresó.
Luego sostuvo sin explicar: “Los guerrerenses rechazamos la violencia en cualquiera de sus formas y expresiones, ya que la violencia es por definición un acto criminal y no debemos ni podemos permitir que el pueblo de Guerrero sea rehén de nadie”.
Pero dijo: “Reconocemos y valoramos el esfuerzo de la CRAC y la UPOEG para unir nuestros esfuerzos y combatir la delincuencia, que ha enlutado hogares y que tanto daña a los pueblos”.
Y aunque no se refirió a los dos comunicados emitidos por su Dirección General de Comunicación Social, en los que da a conocer que la Procuraduría General de Justicia inició averiguaciones previas contra la Policía Comunitaria, indicó: “Dejemos claro a todos que tanto la Policía Comunitaria como los grupos de autodefensa ciudadana no son expresiones directas contra el gobierno, sino resultado del hartazgo de una delincuencia impertinente, que no conoce ni reconoce límites para ensanchar sus espacios, ni sus efectos nocivos”.
Consideró que el incremento y movilización de la Policía Comunitaria y de grupos de autodefensa ciudadana “no han de mirarse como personas que quieren hacerse justicia por su propia mano, sino como un movimiento social que se suma al perfeccionamiento democrático de la entidad y que están dispuestos a seguir transitando por los caminos de la paz y la reivindicación de sus derechos”.
Aunque también explicó por qué aceptó la recomendación de la CNDH, en la que precisamente el organismo estableció que nadie debe hacerse justicia por su propia mano porque viola la Constitución, y por lo cual el gobernador anunció la aplicación de medidas cautelares a favor de los derechos humanos de los 54 detenidos por los grupos de autodefensa ciudadana, acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.
Sí reconoció el gobernador los argumentos de los grupos de autodefensa ciudadana: “Como ellos mismos me han señalado, de nada sirven las leyes; de nada sirven las instituciones, si éstas actúan lentamente o permanecen inmóviles, como si estuvieran muertas, y no llegan con oportunidad a quienes más lo necesitan; incluso, cuando la gente mira con impotencia que en ocasiones los delincuentes son aprehendidos por la autoridad y a pesar de que a todos consta su carácter nocivo, al otro día los dejan libres”.
“Esta es una preocupación que desmoraliza y ha lastimado a los pueblos donde han surgido movimientos ciudadanos de autodefensa contra la delincuencia en la región de la Costa Chica, la Montaña y Zona Centro del estado, donde a fin de cuenta, resultan afectados los más pobres y sobre todo, nuestros hermanos indígenas”, adujo.
Reiteró que su propósito “es resolver problemas, por álgidos que éstos parezcan, a través del diálogo razonado, plural, incluyente, constructivo, concretizados en acuerdos que unan y cimenten el camino para la paz, que es base para crecer económica y socialmente”.
Y autocrítico, el gobernador enfatizó: “Me queda claro que muchos de estos padecimientos tienen su origen en la falta de una atención focalizada de desarrollo por parte de los tres órdenes de gobierno, con una justicia que no sea ciega, como la representan, sino que escuche, vea y sienta los problemas de la gente, respetando nuestras leyes; pero también los usos y costumbres indígenas”.
“Por ello, la creación de la Comisión para la Concordia y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado pretende ser punto de promoción focalizado, que coordine y promueva políticas integrales, orientadas al desarrollo indígena, a fin de darles un puntual seguimiento y evaluación; pero que sea a la vez, órgano de consulta de las dependencias federales, estatales y municipales y tomen en cuenta las propuestas ciudadanas, generando con ello oportunidades más equitativas y de progreso”, precisó.
Detalló que esta comisión “ayudará a impulsar una política de Estado, que beneficie sin exclusión a todos los pueblos indígenas de Guerrero, al margen de ciclos de gobierno y calendarios electorales; porque la deuda histórica que se tiene con los indígenas de México y Guerrero, reclama de nuestra parte la urgente atención a sus demandas, surgidas no de la ocurrencia repentina, sino de un verdadero deber moral y políticamente ineludible”.
Luego fijó su postura sobre la inseguridad que se vive en Guerrero: “El gobierno del estado no ha permanecido indiferente, ni mantendrá una actitud pasiva ante los graves acontecimientos de inseguridad pública. El gobierno del estado no estará nunca de acuerdo con la violencia irracional, provenga de donde provenga”.
“Que quede bien claro. La obligación de mi gobierno, con los indígenas, está vigente. No está, ni estará subordinada a la aprobación de un grupo, ni depende de la aparición y mucho menos, de la complacencia de grupos delincuenciales”, acotó.

“Nosotros no necesitamos reconocimiento, ya somos legítimos”: Pablo Guzmán

En el acto de instalación de la Cadepi, correspondió al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dirigir la ceremonia y cedió la palabra a Pablo Guzmán, a quien llamó “dirigente”.
Luego de aclarar a los del gobierno del estado y federal que no es dirigente, sino autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán dijo que sólo acudía en calidad de observador, porque la decisión de integrar la comisión, o no, la resolverán en la próxima asamblea.
Aunque adelantó que su postura personal ya la conoce el gobernador Angel Aguirre Rivero, “sí queremos el reconocimiento, pero tal cual de nuestro reglamento interno y de la CRAC, en el marco de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno”.
“No tenemos derecho, dice el decreto, entiendo que no es mala voluntad, pero sí les hace falta mucha más información; en su decreto para la regulación de la Policía Comunitaria, nosotros no nos sentimos aludidos, porque no está sometido a consideración de nadie, si se nos reconoce o no”, aclaró.
“Siempre se ha dicho al interior del sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, que nosotros no necesitamos reconocimiento, porque ya somos legítimos de entrada”, agregó.
“Somos legítimos porque nos eligieron los pueblos; somos legítimos, desde los policías que son nombrados en una gran asamblea de su comunidad y son ciudadanos de buena conducta; somos legítimos porque están los comisarios, como legítimos son los comandantes regionales y coordinadores”, indicó.
Añadió que en lo personal le ha dicho al gobernador que sí quieren reconocimiento, “pero tal cual, de nuestro reglamento interno, de la CRAC, en el marco de este derecho a la autonomía y al autogobierno”.
Antes, Pablo Guzmán aclaró que debido a que lo habían venido encasillando con el calificativo de “dirigente”, es autoridad de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), electo el domingo 7 de marzo de 2011 por una amplia asamblea de  pueblos mixtecos, tlapanecos y mestizos de acuerdo con el método de usos y costumbres.

Y por sus derechos, a la autonomía y autogobierno de los pueblos originarios, amparados por los acuerdos y tratados internacionales, “que desafortunadamente los diputados no han sabido aterrizar con leyes secundarias apropiadas, coherentes y precisas, que constantemente nos hacen chocar en asuntos sobre todo de impartición de justicia”.
Sí estuvo de acuerdo que en Guerrero se está “en el momento oportuno de cambios verdaderos, por eso reitero mi llamado a los diputados, a los partidos políticos que tanto nos han dividido en las comunidades, tengo que decirles todo aquí de frente, no nos han ayudado”.
Lo explicó: “Nos han dividido y tenemos casos muy graves, en Arcelia del Progreso, en el Capulín Chocolate, en diversas comunidades de la Montaña  de la Costa Chica, donde la gente se apasiona, todos en la búsqueda de una vida mejor, pero esto muy ajeno a lo que originalmente existía aquí en estos territorios de México, antes de la llegada de los españoles”.
“Luego llegó el derecho positivo, y nos dicen ustedes ‘no están dentro del marco de la ley, ustedes no tienen derecho a detener, ni a juzgar, ni a reeducar’; y qué del derecho consuetudinario y qué de sus prácticas comunitarias, normas jurídicas que ustedes han llamado usos y costumbres; y qué cosas nos pueden reclamar, cuando el mismo sistema de justicia mexicano están dando ejemplos como el mismo caso de (la francesa) Florence Cassez”, criticó Pablo Guzmán.
“Nosotros no decimos que somos perfectos, la CRAC está impartiendo justicia desde hace 14 años, y claro que hay irregularidades, pero ahí no tenemos el nivel académico de los que integran el Poder Judicial estatal y federal, de los grandes magistrados, con doctorados; nuestros compañeros no alcanzan muchas veces ni a tener la primaria”, comparó.
Pablo Guzmán espetó a la clase política guerrerenses allí presente en la Sala de la República de Casa Guerrero: “Ya es hora que reconozcan los derechos humanos de todos, decimos hace unos días en la CRAC ‘somos parte de la comisión o no’, decían los compañeros ‘vayan’, porque tenemos que ser congruentes con nuestra postura, porque nunca nos hemos manifestado en contra o para derrocar al gobierno”.
Precisó entonces: “Siempre hemos buscado el diálogo y el entendimiento, y dijeron ellos, la CRAC, ‘aunque no hemos tomado una decisión por la gran asamblea, de todas maneras preséntense como observadores, como sea, pero estén atentos allá, al llamado del gobernador, porque somos respetuosos de todos los poderes; porque entendemos que sólo diálogo y el entendimiento nos puede llevar a buen puerto”.
Pero consideró que la Cadepi debe llegar al fondo del asunto, que no se quede en lo superficial: “Porque nosotros decimos que tiene que haber una revisión profunda del sistema de seguridad estatal y federal, cuando menos estatal, si aquí nos ponemos de acuerdo y hay voluntad política de todos los actores; decimos nosotros que aprendamos unos de otros, que así como nosotros nombramos a nuestros policías de manera pública y toda una comunidad los respalda, que así sean nombrados los integrantes de la Policía Ministerial y la Policía del Estado y la Policía Municipal, si es necesario hay que refundar el sistema judicial”.
Añadió: “Lo mismo decimos del sistema de justicia, que se respete la pluralidad jurídica, que se reconozca el sistema normativo de los pueblos originarios y que se abra el escenario para que también las comunidades mestizas seamos coadyuvantes de la seguridad y la justicia de Guerrero y de México, por qué no, si tanto indígenas como mestizos tenemos los mismos problemas de inseguridad, los mismos problemas a la hora de impartir o recibir justicia”.
“Lo otro ya lo sabemos, este fenómeno social del narcotráfico y de inseguridad, de corrupción, obedece también a décadas de políticas gubernamentales equivocadas”, criticó.
También cuestionó que se hayan derramado miles de pesos en la Montaña “¿y dónde está el impacto social?, necesariamente decimos nosotros, sí traer recursos, pero dividirlos de manera inteligente, no se trata de cambiar cien pesos de moneditas y tirarlos como un bolo en una ceremonia religiosa, no, eso no, tiene que participar la universidad para diagnosticar y definir políticas exitosas y adecuadas, para que el recurso verdaderamente se aplique  y tenga impacto y no se pierda en las estructuras de las dependencias gubernamentales”.
Y se despidió diciendo que ponderan la voluntad del gobierno del estado y federal, de los poderes Legislativo federal y estatal y del Poder Judicial, pero sobre todo de los comisarios municipales, los presidentes de los comisariados, de los educadores de la Unisur, del clero, de todos, “para iniciar un proceso profundo de cambio en Guerrero, para arribar a un mundo mejor”.

El movimiento no es contra el gobierno: Bruno Plácido

Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, le dijo al gobernador y al representante del gobierno federal, que para las condiciones que se viven en el país, hay una frase que cabe: “Para cambiar al mundo, cambiemos nosotros primero, no podemos seguir quejándonos, cuando la solución de nuestros problemas los tenemos en nuestras manos”.
Dijo que Guerrero ha aportado sangre y el país le debe al estado, “y con tristeza nos preguntamos por qué si hemos aportado sangre, por qué el pueblo está en el atraso y en el olvido, por eso creo que este movimiento que se emprendió es un movimiento que pretende resolver el delito con la gente, no de incrementar muertes”.
Explicó que el movimiento de autodefensa busca ganar una batalla con menos muertos, no como lo hizo el presidente Felipe Calderón donde hubo más de 60 mil pesos, justificando el gasto presupuestal en materia de seguridad, matando al hijo del pobre, “más vale que nos digan que hay una guerra contra empobrecidos y no que justifiquen recursos para seguridad pública para decir que es una guerra contra el narco”.
Acuso entonces: “Hoy tenemos una delincuencia tolerada por el Estado, los delincuentes que nos extorsionan con la ley en la mano, los delincuentes que nos someten porque quieren el control político y el control, como si el pueblo de Guerrero fuera su rancho”.
“Creo que ya es tiempo de que el pueblo ejerza el artículo 39 de la Constitución, y es tiempo de que empecemos a respetar las leyes; no a las leyes a conveniencia de los delincuentes en contra del pueblo y las leyes, tiene que ser un instrumento para facilitar el desarrollo de los seres humanos, sin distinción de colores, porque no nada más  los indígenas estamos empobrecidos, también los mestizos tienen la cara de tristeza, de empobrecidos; de ser víctimas de un sistema  que ha fracasado”, dijo.
Por eso dio a conocer que el movimiento de autodefensa ciudadana “no está contra el gobierno, es contra la política pública que los ha llevado al fracaso, la política económica y social y de la represión; por eso creemos que este movimiento que se emprende en la Costa Chica, en la Montaña y en la zona Centro, es un movimiento que viene a restablecer el orden, porque aun existiendo instituciones que aplican la ley, son los primeros que la han violentado, y cuando nosotros protestamos somos sometidos con órdenes de aprehensiones porque somos revoltosos”.
Lo anterior, luego de que a los ciudadanos de los grupos de autodefensa les integraron órdenes de aprehensión por los retenes instalados para detectar a delincuentes y por las detenciones de éstos, al mismo tiempo que el gobierno del estado los llamaba a integrar la Cadepi.
Por eso, más incisivo, Bruno Plácido dijo: “Creo que debemos reflexionar quién viola los derechos a quién; creo que este movimiento viene a regresarle la dignidad a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, porque hemos perdido la dignidad, hemos perdido principios, hay descaro para robar en el día, caminamos ciegos como si nada pasara en los pueblos, en los municipios y como si nada pasara en el estado, quitémonos las vendas y digamos ya un basta y regresarle el poder al pueblo”.
Argumentó que gracias al pueblo están creciendo como movimiento, “pero no podemos seguir en un sistema donde estemos sometiendo a los ciudadanos y ciudadanas que a gritos están pidiendo el Estado de derecho, que mucho hablan aquellos abogados”.
“Les pedimos que en este proceso cambiemos de actitud, no vamos a permitir que quienes estudiaron nos sometan a los que no estudiamos, y tampoco que los que no estudiamos justifiquemos nuestra ignorancia para seguir como estamos, necesitamos cambiar”, exaltó.
Es insistió: “Ese cambio va para todos, para los que están en las milicias, para aquellos que ocupan el uniforme para delinquir; para los maestros que también matan tiempo, para aquellos maestros que trabajan nuestro mayor respeto; para aquellos militares que cumplen su papel nuestro respeto; hablamos de aquellos militares o de aquellos funcionarios, o aquella institución que nos ha robado día a día y nos ha estado extorsionando”.
Bruno Plácido aprovechó el momento para narrar que “ayer (domingo) nos decía una señora en la noche en Cuautepec: ‘cómo quiere el gobierno que denunciemos, cuando llevé el dinero que nos cobraban, estaban con el comandante de la Policía Federal, estaba la Policía Judicial (Ministerial)’, y decía, de quién vamos a confiar, de qué Estado de derecho hablamos; fue de allí de un restaurante de Marquelia”.
Y denunció sin decir nombres: “Entonces hay una delincuencia tolerada por el Estado y no podemos seguir así, y todos sabemos quiénes son los delincuentes; hay algunos maestros delincuentes, hay algunos doctores, algunos presidentes municipales vinculados con la delincuencia, entonces estamos ante una delincuencia organizada, más vale que nos muramos diez, pero necesitamos rescatar al pueblo para que encontremos la dignidad y el principio del desarrollo que buscamos”.
Bruno Plácido añadió: “Por eso lo felicitamos señor gobernador, pero tampoco permitamos que el Estado (federal) someta al estado de Guerrero, debe haber diálogo, respeto, sin condicionarnos; la coordinación significa respeto a ambos, para aquellos que confunden que la coordinación significa sumisión”.
“Creo que el presidente de la República debe entender que el estallido, como le llaman ellos, que no es un estallido, es una inconformidad de la sociedad, no lo vean como un grupo armado; vean que la gente está pidiendo a gritos el cambio; y que tienen que invertir en Guerrero, mayor presupuesto para el campo, para la educación, para capacitar la dignidad de cada ciudadano y la organización de la gente”, manifestó.
“Por lo tanto, sí le pedimos que volteen los ojos a Guerrero, por lo tanto volveríamos  a escribir la historia de la discriminación jurídica y la discriminación al desarrollo, intelectual, económico de este pueblo que pide el cambio a gritos”, destacó.
Y de la Comisión, Bruno Plácido pidió “que no se convierta en un elefante blanco más, que no sea algo que venga a desarticular el movimiento, sino que sea que implemente la comunicación entre los tres niveles de gobierno, para buscar el desarrollo y que en verdad sirva para el diálogo y la paz que buscamos”.
Asistieron como testigos el senador Sofío Ramírez Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo; el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández; los presidentes municipales de Ayutla, Severo Castro Godínez; de Acapulco, Luis Walton Aburto; Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; y autoridades civiles y militares.