Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* Manotazo a Peña Nieto

En los últimos 30 años, la prensa en Estados Unidos ha sacudido esporádicamente al Ejecutivo mexicano. En mayo de 1984, el día en que el presidente Miguel de la Madrid iba a reunirse con el consejo editorial de The Washington Post, la columna sindicada de Jack Anderson afirmaba que el mandatario mexicano tenía 162 millones de dólares en cuentas en Suiza, producto aparente de comisiones por ventas petroleras. En 1992, The New York Times publicó que el gobierno de Carlos Salinas apoyaba electoralmente al Frente Sandinista. Buscaban en ambos casos debilitar a los presidentes, que tenían posiciones distintas a las que la Casa Blanca impulsaba en Centroamérica, y provocar cambios en la política exterior mexicana.
Anderson nunca aportó documentación que reforzara su denuncia. En cuanto a los sandinistas, el PRI reculó en el respaldo electoral que daba. Pero ninguna de las dos revelaciones fue tan severa como la que este lunes propinó el The New York Times al presidente Enrique Peña Nieto, al publicar las “preocupaciones” de Washington de que el general Moisés García Ochoa, presuntamente vinculado al narcotráfico y a actos de corrupción, le pudieron costar ser secretario de la Defensa.
En un reportaje de sus corresponsales diplomático, de seguridad nacional y México, el diario afirma que el embajador Anthony Wayne planteó la inquietud de su gobierno al actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. García Ochoa, fuerte aspirante al cargo, fue desplazado y removido de la estructura principal de la Defensa. El general era director general de Administración en el sexenio pasado y al arrancar el año fue designado comandante de la XI Región Militar con sede en Torreón.
La primera lectura que deja esta secuencia de hechos, es que el presidente Peña Nieto, pese a las advertencias, protegió al general García Ochoa. La segunda viene de la revelación de aspectos novedosos, como el que en dos ocasiones viajara en forma secreta a San Antonio para entrevistarse con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para darles información sobre militares y funcionarios mexicanos de quienes sospechaba protegían a narcotraficantes. Si García Ochoa se había convertido en un activo de la inteligencia estadunidense, ¿por qué exhibirlo y quemarlo como informante?
Una explicación es que su información no fue considerada tan valiosa como podría suponerse de alguien a quien la DEA, según un reporte confidencial de diciembre de 1997 que publica el Times, formaba parte de un grupo de militares que habían querido negociar con el narco y que, además, había permitido que se escapara de arresto quien era el capo mayor de la época, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Es decir, podría saber bastante del tema. Otra es que reventar una fuente de información como él, representaba un beneficio mayor que el costo.
Esta hipótesis parte de la lógica de cómo opera el gobierno de Estados Unidos a través de la prensa de su país. Pero a diferencia de los casos de De la Madrid y Salinas, en el de Peña Nieto, el Times no lo esconde. “El papel estadunidense en la selección de miembros del gabinete subraya las tensiones y la desconfianza entre ambos gobiernos”, apunta como contexto. Más adelante critica la estrategia en la lucha criminal, porque  “hasta ahora, sólo ha ofrecido detalles vagos de sus planes de seguridad, enfocándose a programas sociales y económicos”.
Estas líneas pueden ser la clave. Cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo en México para la toma de posesión de Peña Nieto, se le planteó el trabajo  coordinado para combatir al narcotráfico en Centroamérica, que es prioridad en Washington. Sin embargo, sólo fueron palabras lo que escucharon en la Casa Blanca. Para preguntar que sucedía, viajó en diciembre la secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, a quien le dieron garantías de que no había marcha atrás. Algo no pasó, pues la semana pasada viajaron a México funcionarios de inteligencia con las mismas preguntas. Tras la presión diplomática, al parecer infructuosa, siguió la mediática que refleja el Times. Si esta suma mecánica es correcta o no, el resultado es el mismo. El gobierno de Estados Unidos está a disgusto con Peña Nieto en materia de seguridad, y va a litigar en la arena pública. Los términos de su exigencia, antes desoída, están planteados.

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