Antorcha y la UPOEG son para militarizar, acusa la Policía Ciudadana de Temalacatzingo

Sergio Ferrer

Tlapa

La Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Temalacatzingo calificó de “peligrosa” la estrategia que ha desplegado el gobierno mediante organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Antorcha Campesina, que, dice, han recibido financiamiento del gobierno para desplegar en La Montaña, Costa Chica y otras regiones, brigadas que supuestamente están construyendo autodefensa popular y gestionando servicios pero tienen la clara intención de militarizar las regiones indígenas.
En un comunicado emitido un día después de que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, instaló la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la asociación ciudadana de autodefensa del municipio de Olinalá dijo que lo que intenta el gobierno del estado es “manipular a la gente y señalar a personas que podrían ser detenidas”.
Como ejemplo ponen el caso de Ayutla, en donde dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) están en una lista de supuestos delincuentes que la UPOEG y su brigada de autodefensa piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos.
A decir de la PCP, hay datos sobre los  retenes de vigilancia de que no son pobladores de los lugares, sino personas extrañas con porte militar ajenos al pueblo, lo que los lleva a pensar que “la UPOEG es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio del gobierno como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.
En ese sentido llaman al pueblo a no dejarse engañar y organizarse de manera honesta para cuidar a sus familias y salir de la pobreza y la injusticia y covocan “a quienes se han prestado al juego por el dinero u otro interés” a reflexionar su actitud y no dejarse manipular.
La PCP afirma que avalará a todo grupo o comunidad que se organice y se vincule con ellos, pero advierte que quienes retomen sus siglas y no tengan su aval serán desenmascarados y retenidos en caso de delinquir en su nombre.
Convoca a los guerrerenses a organizarse, “poner su granito de arena para la transformación pues mientras la pobreza, la injusticia, la violencia y explotación permanezca en muchos pueblos de Guerrero, no habrá tranquilidad. Exigir a las autoridades del gobierno saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y campesinos (que) es un deber constitucional. Nadie puede comer tranquilo mientras otro tenga hambre”.
Los antorchistas detenidos por agresiones y amenazas contra policías ciudadanos del área comunal de Temalacatzingo fueron liberados luego de la intervención del director general de Gobernación, Moisés Alcaraz Jiménez, quien firmó un acta de conformidad y compromiso con el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, el concejo de la PCP, familiares de los detenidos y ellos mismos.
Acordaron la reparación de los materiales dañados y de las curaciones de quienes resultaron lesionados en la detención, y dejar sin efecto las averiguaciones previas contra la PCP.
De la reglamentación de la Policía Comunitaria la organización ciudadana dice que “las autoridades tienen la obligación de esforzarse en el desenvolvimiento de la sociedad actual, no quedarse estáticos en lo que fue hecho sin capacidad de dinamismo”.
Aseveran que los pueblos organizados que tienen su propio sistema de seguridad y justicia no son enemigos de las instituciones, por lo que convocan a autoridades dejar de lado el autoritarismo arcaico que enterró a grandes imperios en el pasado.
El Consejo define en su quinto comunicado tres aspectos fundamentales de su sistema de  justicia: retención de infractores, reeducación sicosocial y reintegración comunitaria o social.
Es así que acotan que cualquier iniciativa de ley sobre la seguridad comunitaria será inútil si no se considera la opinión de comunidades indígenas, campesinas y no indígenas organizadas.
Las PCP ya tienen un reglamento y su accionar está avalado por el derecho constitucional y de otros instrumentos existentes, por lo que dicen que nada es ilegal ni existe competencia por ver si el gobierno o las comunidades pueden más.
El próximo 10 de febrero, el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia y el Colectivo de la Unión de Pueblos Indígenas Emiliano Zapata realizarán un acto político cultural con motivo de la constitución y fundación del  Concejo de Gobierno Seguridad y Justicia y la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac.