Entregará la autodefensa a los detenidos antes de la fecha del tribunal, asegura el secretario de Gobierno

Zacarías Cervantes

Ayutla

El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, declaró que el diálogo que comenzó ayer con los representantes del movimiento de autodefensa en contra de la delincuencia organizada incluye la entrega de los 54 detenidos, hecho que, anunció, será antes del 22 de febrero, cuando se tiene previsto la instalación del Tribunal Popular en la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa.
Por su parte el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), consultado al respecto, aceptó que todo diálogo “tiene un proceso de llevar y traer” y que ello implica que podrían modificarse las resoluciones de la Asamblea Popular del 31 de enero en El Mesón, de este municipio.
El secretario y el dirigente fueron entrevistado la tarde de ayer aquí, después de la primera reunión de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También al final, el dirigente de la UPOEG se reunió con un grupo de comisionados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para establecer los mecanismos paa que la organización conceda el cumplimiento de la recomendación para que se adopten medidas cautelares para los 54 detenidos por el movimiento.
Ayer, después de la reunión de la Comisión, Bruno Plácido llevó a visitar a los resguardados a Salgado Gómez, al comisionado del gobierno federal para los Pueblos Indígenas Jaime Martínez Veloz, al presidente de la Codehum, Juan Alarcón, a los enviados de la CNDH, al senador Sofío Ramírez y al sacerdote Mario Campos. En una inserción pagada del gobierno del estado se informa que con esta visita comienzan las medidas cautlares que la CNDH pidió para los detenidos.
Salgado Gómez dijo que el caso de la entrega de los detenidos por parte del movimiento de autodefensa a las autoridades “es una situación que ya ha sido bien entendida, se han sensibilizado tanto las gentes que están al frente de esa detención, como por parte de las autoridades que los hemos podido convencer que no es el camino de hacerse justicia por la propia mano”.
El funcionario reconoció, sin embargo que todavía no hay plazo para la entrega de los detenidos, “el plazo se inicia en estos momentos y creo que sin adelantar vísperas vamos por buen camino”.
–¿Pero sería antes del 22 de febrero cuando se instalará el Tribunal Popular para juzgarlos?
–Absolutamente. Nosotros somos respetuosos de sus usos y costumbres, pero también anteponemos a ello el sentido de la ley.
Un reportero le recordó que hay de parte del movimiento negativa a entregar a los detenidos y el funcionario respondió que, no conoce esa información, “yo lo que conozco de ellos, y es lo que acabamos de platicar, es que hay disposición para que de inmediato nos aboquemos a revisar toda esa situación de los detenidos. Hecho esto creo que podemos apuntar que apegados a derecho, y después atendiendo a todos sus usos y costumbres, nos lleven a feliz término en este caso”, dijo.
El funcionario dijo que este diálogo permitió que el gobierno del estado ya esté cumpliendo con la recomendación de la CNDH que pidió que se tomen las medidas cautelares para los 54 detenidos.
Mientras tanto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dijo cuando se le preguntó si el diálogo con las autoridades incluye la entrega de los detenidos, que “todo diálogo tiene un proceso de llevar y traer; ellos están haciendo diversas propuestas y nosotros las estamos consultando para ver qué cedemos y en qué no cedemos, y si cedemos, por qué cedemos”.
–Este proceso de dialogo terminaría antes del 22 de febrero?
–Estamos trabajando a marchas forzadas. Estamos participando en diversas reuniones, estamos iniciando una reconstrucción del diálogo que durante mucho tiempo se dejó de hacer.
–¿Esto implicaría la modificación de los resolutivos de la asamblea del 31 de enero?
–Sí, implica modificarlo, pero no a nuestro antojo, sino consultarlo con los ciudadanos y ciudadanas.
–¿Esto también implica que ya no se instalaría el Tribunal Popular para juzgar a los detenidos?
–Esto sigue, el tema de la justicia no lo destrabamos con los 54 detenidos. En la Costa Chica hay una lista importante de gente que se está rastreando. Se están identificando y por si hay una represalia contra el movimiento, nosotros iríamos directamente con la gente que están identificados con la delincuencia.
“Entonces queremos decirle al gobierno, si no quieren que los detengamos nosotros, pues deténganos, aquí están los soportes”.
En cuanto a la recomendación de la CNDH que envió al gobierno del estado y que éste turnó al movimiento, dijo que la respuesta al organismo nacional es que aceptan la recomendación para las medidas cautelares de los detenidos, pero que también piden medidas cautelares para el movimiento, “porque también la delincuencia puede asesinar o secuestrar a cualquier compañero que participó en el movimiento”. Añadió que también piden la reparación del daño a las víctimas.