Arrestan a ex gobernador colombiano por nexos con grupos paramilitares

DPA

Bogotá

Las autoridades colombianas arrestaron ayer al ex dirigente político Miguel Nule, que fue gobernador del departamento de Sucre (norte), en el marco de un proceso por presuntos vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.
Nule fue detenido por autoridades de migración del aeropuerto de la ciudad caribeña de Cartagena de Indias cuando pretendía abordar un avión hacia Miami.
Un investigador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General expidió el pasado 15 de diciembre una orden de captura contra Nule por los cargos de desplazamiento forzado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
El diario El Tiempo de Bogotá señaló en su edición digital que la Fiscalía considera que en una finca del ex gobernador se formaron los grupos paramilitares que surgieron en Sucre hace varios años.
El detenido, que fue gobernador a finales de los años 70, es el padre de Miguel y Manuel Nule y tío de Guido Nule, empresarios que desde el año pasado protagonizan un escándalo de enormes proporciones por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de contratos para obras de infraestructura en Bogotá.
Los directivos de una firma de obras civiles llamada Grupo Nule están presos desde hace varios meses, al igual que Samuel Moreno, quien no pudo culminar su período como alcalde de Bogotá por estar envuelto en el mismo proceso judicial.

Retira Colombia reforma de fuero militar

El gobierno colombiano anunció el retiro de una reforma de ley que ampliaba facultades al fuero militar, iniciativa que había generado recelo en organizaciones de derechos humanos.
En su reemplazo, el gobierno propondrá una nueva y más amplia reforma a la justicia penal militar que garantice el respeto a los derechos humanos y, por otro lado, brinde garantías jurídicas claras a los miembros de la fuerza pública implicados en delitos.
“Recomiendan pedir al Congreso que se retire ese artículo de la reforma y presentar una nueva redacción y una nueva reforma constitucional que garantice que no se va a retroceder en los avances que hemos logrado en derechos humanos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
“Pero al mismo tiempo se dé las garantías suficientes a la fuerza pública para que en todas sus operaciones tengan la seguridad de que hay una justicia que los va a juzgar cuando cometan alguna situación anómala, cuando cometan algún delito, que se les va a juzgar con absoluta claridad y con todas las garantías”.
La reforma propuesta originalmente ampliaba las competencias de la justicia penal militar, al permitir que los tribunales militares conocieran en primera instancia los casos de graves delitos cometidos por militares en actos de servicio, que actualmente investiga y castiga la justicia civil ordinaria, en cabeza de la Fiscalía.
La reforma había generado polémica porque aún está fresco el recuerdo de los llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares que los hacían pasar por guerrilleros abatidos en combate.
Santos reconoció que la propuesta original había generado temores de impunidad, razón por la cual los Ministros de Defensa y Justicia crearon una comisión especial que hiciera una recomendación al respecto, conformada por tres ex presidentes de la Corte Constitucional y dos Generales retirados del Ejército y de la Policía.
La nueva reforma a la justicia penal militar, que se presentará en un mes, contendría dos artículos que permitan establecer, incluso con ayuda de una comisión, qué delitos revisará la justicia militar y cuáles la ordinaria.
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dejó en claro que el gobierno garantizará que, con la nueva reforma, delitos como “falsos positivos”, tortura o de lesa humanidad seguirán siendo objeto de la justicia ordinaria.