Un decreto que regule a las policías comunitarias sería inconstitucional, advierte Tlachinollan

Sergio Ferrer

Tlapa

El coordinador jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra señaló que el decreto planteado por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que pretende regular a las policías comunitarias es inconstitucional y no respeta al Congreso del estado, que avaló en el 2011 la Ley 701 en la cual quedan claramente estipulados los derechos indígenas en materia de justicia.
En entrevista en la sede del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Tlapa, precisó que “la Policía Comunitaria no es ilegal. La realidad es que dejó de serlo desde hace un tiempo; lo tienen que valorar,  dimensionarlo  por parte del gobierno federal y del estado, dimensionar que la Policía Comunitaria y los sistemas normativos de los pueblos indígenas ya no son ilegales a la fecha”.
El abogado recordó que existe un corpus juris, que es un cuerpo normativo legal, muy amplio en el tema, que va desde el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el artículo segundo de la Constitución Mexicana hasta la Ley 701 vigente para Guerrero que establece expresamente el derecho de los pueblos  indígenas para hacer actividades de prevención del delito,  justicia y  actividades de readaptación de los transgresores.
“Los artículos de la Ley 701: 35, 36 y 37 son claros, por qué sacar un decreto en el que ahora se contrapone totalmente a lo que establecen estos artículos de la ley, es decir el ejecutivo antepone su voluntad ante la soberanía del Congreso del Estado de Guerrero”, reprochó Rosales Sierra.
“La pasada legislatura promulgó esa ley después de un proceso legislativo reflexivo, dialogado con los pueblos, pero  ahora el Ejecutivo, sobreponiéndose a la voluntad del poder Legislativo, habla de emitir un decreto que  contradice totalmente los derechos de los pueblos indígenas” lamentó.
Recordó que el gobernador pretende quitarle a los pueblos el derecho a prevenir delitos, administrar justicia y reeducar a los transgresores, “diciéndoles a los pueblos y a los órganos de justicia de la Policía Comunitaria que no están facultados para hacer esa actividad, lo único que pueden hacer los pueblos es ser auxiliares de los cuerpos de seguridad en Guerrero”.
De concretarse el decreto, se entendería que el reconocimiento de la diversidad, pluriculturalidad y de los sistemas normativos propios de los pueblos, los convenios y la propia ley que deviene de un proceso legislativo, no sirven, advirtió.
El decreto del gobernador pretende anteponerse a la voluntad del Congreso del Estado donde están los diputados representantes  del pueblo electos democráticamente que decidieron en 2001 crear una Ley 701 de reconocimiento a los pueblos indígenas que reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas a sus sistemas normativos, tiene plena vigencia además  de que otorga la facultad para que tengan sus propios sistemas de justicia, de seguridad y reeducación de los transgresores, apuntó Rosales Sierra.
Agregó que Tlachinollan está alerta del movimiento ciudadano de autodefensa de Ayutla porque trajo como consecuencia que el gobernador anunciara este decreto que  ahora representa una regresión de 10 años en cuanto a derechos ganados de los pueblos indígenas.
Además, explicó, la intención de Aguirre no cubre los requisitos de una ley porque debe de venir de un proceso deliberativo y de un órgano legislativo electo por un pueblo, y porque una ley debe ser abstracta, general e impersonal, no dirigida a un actor social o a una persona en particular.
Advirtió a los dirigentes de la autodefensa del doble discurso del gobernador “que por un lado ofrece diálogo, instaura una comisión y por otro fija posturas políticas y públicas de confrontación y desligitimización de los derechos de los pueblos indígenas, en un no reconocimiento de los derechos de los pueblos, instruyendo el gobierno averiguaciones previas contra el movimiento”
“Las organizaciones indígenas debieran estar alzando la voz ya, protestando por este decreto y la regresión en derechos ganados de los pueblos” afirmó Rosales Sierra.
Dijo que el proyecto del gobierno del estado puede ser tendiente que “quizá en seis años estén llenos de carreteras y los territorios ocupados por las mineras, ¿para qué las carreteras?, cuestionó”.
El abogado reiteró que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas normativos para regular sus propios conflictos, lo claro es que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión del mundo y dentro de esas cosmovisión tienen una propia forma de resolver sus conflictos, la cual no debe pugnar con los derechos universalmente reconocidos como la libertad o la integridad física.
Recordó que la Policía Comunitaria, mostró una forma eficaz, transparente en la selección de los policías, coordinadores y jueces y que su sistema de reeducación también funciona más claramente con la vigilancia de los pueblos al ser un sistema abierto de reeducación con poca privación de la libertad personal.
El abogado afirmó que no resuelve el problema de justicia el que se pusieran ministerios públicos o jueces indígenas porque sería enquistarlos en un sistema de justicia occidental corrupto, ineficaz, que no ha funcionado ante el problema de la delincuencia organizada y que es un sistema mercantilista que sirve para quien tenga dinero.
Recordó que los pueblos originarios cuentan con el derecho a la consulta, por lo que antes de aprobarse una ley debe estar precedida de amplia información, sobre todo de las desventajas y ventajas de un proyecto, una ley, un programa,  susceptible de afectar a los pueblos indígenas.
Además obliga a que haya un diálogo permanente con las comunidades indígenas, en el entendido de que la consulta no es sólo un foro de discusión.