Toman autoridades vinculadas a la UPOEG la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán

Mariana Labastida

San Luis Acatlán

Consejeros, comisarios ejidales y municipales de 31 comunidades tomaron la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán después de asistir a una reunión que se había propuesto en Santa Cruz del Rincón la cual se movió a Jolotichán, a donde los inconformes no asistieron.
Los inconformes demandaban el cambio inmediato de las autoridades de la CRAC, aun cuando el proceso para elegir a los nuevos empezó en Jolotichán, donde ssionó la otra parte de la CRAC, además de exigir que se hiciera un informe de los ingresos y armamento decomisado por la Policía Comunitaria que se tiene.
Por la tarde noche, los grupos de ambas asambleas se reunieron en la casa de justicia donde acordaron que se conformaría entre ambos una comisión que se hiciera responsable de la misma en lo que se realiza el cambio de los consejeros y comandantes, tentativamente la fecha para hacer la elección de las nuevas autoridades es 23 de febrero en San Luis Acatlán.
Aproximadamente a la una de la tarde, consejeros como Cirino Plácido Valerio, comisariado de Buena Vista, Pedro Martínez Plácido y Mario Campos, junto con comisarios ejidales y municipales de Tierra Colorada, Tlaxca, en total dijeron que son 31 las que se movilizaron de Santa Cruz del Rincón a San Luis Acatlán para tomar la Casa de Justicia de la CRAC.
Ahí continuaron con la asamblea que habían iniciado en Santa Cruz del Rincón. Entre las peticiones que hacían era el cambio de las autoridades, que se nombraran nuevos coordinadores y comandantes, para que se hiciera la entrega de las instalaciones y se diera un informe de las finanzas, armas y asuntos pendientes que se están desarrollando.
Los participantes resaltaron que se debe tener la calma, el padre Mario Campos convocó a la asamblea a que se realizara con “participaciones centradas, orden, respeto y mesura, no participaciones incendiarias”, así como a continuar organizándose para el desarrollo de proyectos de infraestructura, punto que impulsa la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como a participar para fortalecer el movimiento “no como los que se fueron a su casa para no tener problemas”, pero no dijo a quienes se refería.
Ahí, el consejero Cirino Plácido Valerio dijo que la inconformidad fue por decisiones de dos personas: el coordinador Pablo Guzmán y el asesor Valentín Hernández, y dijo que ellos tienen otro proyecto político-ideológico diferente a la visión de los pueblos, “otro interés”, por ello la exigencia del cambio de coordinadores y comandantes.
Plácido Valerio enfatizó que es mentira que su hermano Bruno, dirigente de la UPOEG, quiera el control de la CRAC, volvió a responsabilizar a Pablo y Valentín de esa versión, “esa guerra la empezaron ellos en los medios, ellos empezaron esa confrontación, empezaron a descalificar, este pleito empezó allá, traen línea de confrontar, lo que sí es seguro es que no van a dividir”, dijo.
Cirino Plácido dijo que el grupo donde él está (en aparente referencia al que se identifica con las posiciones de la UPOEG) está  apostándole a los acuerdos, por eso esperaban que llegara a la Casa de Justicia una comisión de representantes enviados de Jolotichán donde estaba la otra reunión, para poder coordinarse para el cambio de coordinadores y comandantes, lo cual ya estaba previsto para estos meses, sin embargo pidieron que se agilice, “los que tenga que quitar hay que quitarlo” puntualizó y enfatizó que aspiran a la justicia y la paz, solamente.
La asamblea que se instaló en Santa Cruz del Rincón, envió una comisión a la asamblea que se realizaba en Jolotichán donde entregó un escrito en el cual manifiestan que estaban en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán por ausencia de los coordinadores en su asamblea, misma que fue aprobada en Cuanacuaxtitlán el 20 de enero, con la presencia del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, autoridades ejidales y de la región, “por lo anterior le agradeceríamos la presencia inmediata en la casa con el objetivo de establecer el diálogo, las autoridades civiles y agrarias”.
Después de la visita de la comisión, la asamblea de Jolotichán acordó conformar la comisión de diez comisarios para que fueran a la Casa de Justicia de la CRAC en la cabecera de San Luis Acatlán; el resto permanecería en la cancha en espera del retorno de la comisión con el acuerdo. Pero los comisarios regresaron sin ningún acuerdo, y toda la asamblea decidió trasladarse a la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Por su parte, el coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, dijo que la movilización que inició el otro grupo de integrantes de la coordinadora, a los cuales identificaron también como representantes de la UPOEG, buscaba “generar dificultades para que salgamos desacreditados, se quiere afectar, descalificar, denigrar a los actuales comandantes y coordinadores”.
Tal es el caso que dicho grupo no quiere reconocer la instalación de casas de justicia en Zitlaltepec, Espino Blanco y Paraíso comunidades mixtecas de la parte alta de Ayutla.
Consideró que lo prudente sería instalar una comisión para dialogar y conformar un comité provisional para que se encargue de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; “nosotros queríamos que se hiciera el cambio aquí, no nos estamos oponiendo, no se comprende por qué están iniciando un movimiento”, dijo.
Guzmán Hernández manifestó que su preocupación por la toma de la Casa de Justicia es por los expedientes, armamento y dinero que se encontraba dentro de la misma, además de los radios de comunicación y los aparatos de la radiodifusora que temía fueran dañados.
“Nosotros no creemos que ameritaba llegar a ese nivel de vulnerabilidad del sistema comunitario que nunca ha estado inclinado a intereses políticos o búsqueda de espacios gubernamentales”, enfatizó.
Agregó con mesura que el fondo de la inconformidad es que “esos compañeros querían que la CRAC se involucrara en la guerra contra el narcotráfico, pero esa decisión no la podemos tomar ni siquiera los coordinadores, primero porque el clima de inseguridad privaba allá porque no había Policía Comunitaria en esa región, puede haber presencia pero no es la misma situación, segundo no podemos detener a alguien nada más porque se presume que sea narcotraficante, nosotros tenemos que basarnos en elementos contundentes”.