En manos del gobierno, los detenidos de Ayutla podrían quedar libres, advierte el PT

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El dirigente estatal del PT, Fredy García Guevara, advirtió posibles anomalías en el proceso penal que enfrentarán los 11 presuntos delincuentes que el movimiento de autodefensa de Ayutla entregó el viernes al gobierno del estado.
Dio que esas irregularidades podrían concluir en su liberación.
Por su parte, los dirigentes estatales del PRI y PAN, Cuauhtémoc Salgado Romero y Andrés Bahena Montero, respectivamente, festejaron la decisión de entregar al gobierno a los detenidos.
El dirigente del PT afirmó que fue una mala decisión de los pueblos entregar  a los detenidos, porque en las cárceles del estado los delincuentes sólo van a especializarse en las prácticas de “cosas negativas” y no tienen una reeducación integral, como la que realizan las policías comunitarias o ciudadanas.
“Por el contrario, siguen delinquiendo desde adentro de las cárceles, éstas ya no son una opción para reeducar a los delincuentes”, dijo, y por eso lamentó la presión del Estado cuando éste no cuenta con un sistema que garantice la rehabilitación de quienes han delinquido.
Además de que el sistema judicial es muy frágil y fácil de corromper, dijo, y continuó afirmando que hay varios ejemplos de impunidad en el país y en el estado que han dejado el claro mensaje de que las instituciones no garantizan impartición de justicia por las  anomalías que se pueden dar, incluso en casos en los que los responsables confesos son exonerados.
Eso deja abierta la posibilidad de que  los detenidos por el movimiento de autodefensa que fueron puestos a disposición del gobierno del estado sean liberados y os arremetan en contra de los ciudadanos organizados.
Recordó que ya hay amenazas de la delincuencia organizada en contra de los principales líderes del movimiento de autodefensa.
Dijo además que los propios detenidos han amenazado a quienes los cuidan y dan de comer, “les han dicho que les van a enseñar cómo se detienen y ejecutan a los que ellos agarran”.
El dirigente petista afirmó que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero está vulnerando “completamente” a los ciudadanos que se organizaron para defender a sus comunidades y municipios, y lamentó la presión que el gobierno estatal ha dirigido al movimiento de autodefensa en Ayutla.

PRI y PAN festejan entrega de detenidos

Mientras que el dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, dijo que la entrega de los 11 detenidos representa un avance en el proceso de acercamiento a grupos de ciudadanos que estaban desesperados por la impunidad con la que operaba la delincuencia organizada.
Afirmó que una vez que los habitantes de las comunidades afectadas por la operación de grupos de delincuentes mostraron flexibilidad, “la autoridad tiene la responsabilidad de no fallar y realizar un proceso apegado a derecho, que no dé paso a la impunidad”.
Y defendió la postura que el PRI había manifestado desde el inicio de los levantamientos ciudadanos, que “eso es bueno porque no debe haber tribunales civiles, la verdad es que estaban cometiendo una falta muy grave”.
Y llamó a los grupos de autodefensa a revalorar la situación de los 43 detenidos restantes, “los tendrán que entregar y ese debe ser un exhorto a esta organización; que tenga confianza en el gobierno federal y el estatal, para que puedan en su momento encauzar un juicio conforme lo establece la ley”.
Por otra parte, el dirigente estatal del PAN festejó la entrega de los 11 detenidos y  llamó a los ciudadanos que mantienen retenidos a 43 presuntos delincuentes a que los entreguen para que dejen de estar fuera de la legalidad.
El dirigente panista insistió en que la única opción es entregar a los detenidos al gobierno estatal, para que sean puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no permitir que los presuntos delincuentes sean juzgados en asambleas populares.
Se pronunció nuevamente a favor de las policías ciudadanas, “pero que actúen bajo un marco legal”, porque pueden auxiliar a las policías establecidas, lo que garantizará mayor seguridad “sin costarle recursos económicos al Estado”.