Jesús Mendoza Zaragoza

La Costa Chica y su responsabilidad ante el país

El movimiento de autodefensa armada que ha surgido en los pueblos predominantemente indígenas de la Costa Chica ha suscitado reacciones contradictorias. Entre la población, sobre todo entre quienes han sido víctimas de los desmanes de la delincuencia organizada, ha habido manifestaciones de aprobación e, incluso, de esperanza. Otros sectores se sienten incómodos y hasta hablan de desestabilización. Con el pretexto del respeto a la ley hay quienes descalifican de manera absoluta esta sorpresiva emergencia de los pueblos que se deciden a enfrentar a la delincuencia debido a la incapacidad del Estado para hacerlo.
Ha sido penosa la manera de abordar este asunto de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). Invocando los derechos humanos de los presuntos criminales han pedido al Estado establecer medidas cautelares para ellos. Pero nunca han hecho otro tanto ante los derechos de las víctimas, que el Estado no ha garantizado desde hace mucho tiempo. Además, no han tenido una clara posición de exigencia ante el derecho a la seguridad y el derecho a la justicia de todos los ciudadanos, violados sistemáticamente por las instituciones del Estado.
Es preciso reconocer que, como suele suceder en todo movimiento social, sobre todo si incluye el uso de las armas, miembros de este movimiento han tenido errores y han cometido abusos, que han sido puntualmente reportados por los medios. Pero no han sido del tamaño de los males que ellos están afrontando, dos fundamentalmente: los múltiples crímenes que ha padecido con pérdidas de vidas, del patrimonio y de la seguridad, por un lado, y por otro, la incapacidad del Estado para cumplir con su obligación. Estos sí son males mayúsculos.
En las condiciones actuales, todo el mundo está expuesto a la violencia criminal, aunque no de la misma forma. Pero ha habido diversas maneras de responder ante la violencia. La apatía y el miedo han sido factores que mantienen a víctimas y no víctimas en la inactividad. O se han resignado o siguen esperando que el gobierno dé una respuesta contundente. Mientras tanto, no pasa nada.
Ha sido el sector más desprotegido el que ha largado el miedo y se ha propuesto responder. Sus detractores dicen que eso es ‘hacerse justicia por su propia mano’. Los pueblos indígenas cuentan con un capital humano y espiritual que les ha hecho capaces de poner el miedo en su lugar y asumir su responsabilidad social para detener a la delincuencia. Mucha gente de este movimiento está dispuesta a morir antes que abandonar su lucha. Ellos han hecho lo que en nuestras civilizadas ciudades no hemos podido hacer pues nos seguimos consumiendo en el miedo, en la rabia y en la impotencia.
Se ha puesto en cuestión, de manera reiterativa, la ilegalidad de las acciones del movimiento armado: la portación de armas y la detención de los presuntos criminales han sido las dos ‘ilegalidades’ más señaladas. Son ciertas, desde la perspectiva de la normatividad jurídica del Estado mexicano. Pero, ¿cuántas ilegalidades han cometido los cuerpos de seguridad pública y no causan mayor escozor en los detractores?
Hay que meterse en el pellejo de estos pueblos para entenderlos desde su postración histórica. Tienen vivo el sentido de su dignidad y por eso están dispuestos a morir. Son los pueblos los que se han convertido en actores, más allá del papel importante que ha jugado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que prendió la chispa que ha sido imparable debido a las condiciones culturales y sociales de los pueblos. Los pueblos son mucho más que la UPOEG y así esperamos que lo entienda esta organización y no al revés. Y es de esperar que no haya otros actores políticos ocultos detrás de todo esto.
La preocupación del gobierno es entendible. Se está abriendo una rendija en el sistema político que ha sido puesto en evidencia, y se está dando paso a una alternativa social en la que los pueblos toman parte en las decisiones. Es lo que han estado haciendo ahora en torno a los detenidos que el gobierno reclama. De hecho, los pueblos no desconocen ni rechazan al gobierno pero están generando una dinámica que debiera ser entendida y asumida por el gobierno, pues ellos quieren ser protagonistas de su propio desarrollo.
Pero el interés de los pueblos va más allá de la mera seguridad y de la justicia. El interés está en conseguir condiciones de vida más dignas mediante el desarrollo integral. Este desarrollo es, de hecho, una condición necesaria para la paz porque no hay paz sin desarrollo. El levantamiento de estos pueblos de la Costa Chica sienta un precedente muy valioso para otros pueblos que se sienten urgidos a responsabilizarse de la construcción de la paz. Por eso, esta experiencia colectiva conlleva una gran responsabilidad ante el país en donde amplias regiones están sumidas en el miedo y la fragmentación. La Costa Chica puede ser una muestra de algo que falta al país para abatir la violencia y la inseguridad: el componente social de la construcción de la paz, que lo es también, de la democracia y del desarrollo. Mientras los pueblos no asuman su responsabilidad, no tendremos paz. Y esto vale también para las ciudades, mientras la sociedad no asuma su parte, seguiremos navegando a la deriva.