Acuerda la CRAC que no participará en la Comisión para la Armonía y rechazar el decreto del gobierno

Mariana Labastida

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron en una asamblea, el sábado por la noche, no participar con ninguna representación en la Comisión de Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y rechazar el decreto del gobierno del estado con el que se pretende regular a las policías comunitarias.
En un comunicado enviado después de la toma de la casa de Justicia de San Luis Acatlán por integrantes de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), la CRAC convoca a un Gran Encuentro Estatal en defensa del Sistema Comunitario de Justicia y Seguridad, el  17 de febrero en ese municipio.
El texto hace referencia a una carta abierta difundida entre los habitantes de diferentes comunidades, en la cual se invitó a la reunión de Santa Cruz el Rincón y se hacen acusaciones al coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández y al asesor Valentín Hernández Chapa, por lo que se pide estar al pendiente del conflicto por las difamaciones y descalificaciones que se hacen contra ambos.
El comunicado enviado por correo electrónico, dice que la toma de la casa de Justicia de la CRAC, que ocurrió el sábado por la tarde, fue encabezada por los miembros de la UPOEG, el sacerdote Mario Campos Hernández, Cirino Placido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, y expone el cambio de lugar de la asamblea regional que se realizó en Jolotichán, mientras que el otro grupo acudió a Santa Cruz el Rincón.
En la reunión de Jolotichán que se consideró legalmente  instalada, se tomaron acuerdos, entre ellos el “no participar más con ninguna representación en la Comisión de Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mientras no se analice a fondo en la siguiente asamblea regional”, esto debido a las implicaciones que consideran pueda tener esto en la vida comunitaria.
Otro de los acuerdos fue el rechazo al decreto del gobierno del estado de Guerrero, “con el que se pretende regular la policía comunitaria, pues lo consideramos violatorio del artículo 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la OIT”.
También el incremento de cuatro a seis el número de coordinadores y comandantes regionales, así como que cada uno saliera de comunidades que se eligieron ahí mismo, y se acordó que quienes sean nombrados se ratificaran en asamblea el próximo 23 de febrero a las nuevas autoridades de las cuatro casas de justicia, San Luis Acatlán, Zitlaltepec, Espino Blanco y Paraíso.
“Exigimos respeto a nuestra institución comunitaria” pidieron los que enviaron el comunicado que no viene firmado y que piden estar al pendiente del conflicto “que representa una escalada en las agresiones de la UPOEG al sistema comunitario”, luego de la carta abierta utilizada como invitación por el grupo que tomó la casa de justicia en la cual se cuestiona el trabajo del coordinador, Pablo Guzmán y del asesor, Valentín Hernández.
En dicha carta que se estuvo repartiendo en diferentes comunidades el 8 de febrero se cuestiona la forma en como ambos integrantes de la CRAC llegaron a la misma, así como el trabajo que realizan en la coordinadora.
Dicen que Guzmán Hernández no atiende sus funciones y que no hay una clara información del manejo de los recursos, argumentos con los que llegaron los integrantes de la coordinadora que tomaron la casa de justicia en San Luis Acatlán.