Decomisa la Marina en un retén armas a la Policía Ciudadana de Temalacatzingo, denuncian

Sergio Ferrer

Cualac

Dirigentes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo denunciaron que durante el traslado de 12 de sus elementos a Cualac, la Marina les decomisó cuatro armas, cuando pasaron por un retén.
La denuncia la hicieron después del acto de toma de protesta de la PCP de Cualac, que se une a la de Temalacatzingo y Huamuxtitlán.
El desarme de los ciudadanos en autodefensa viola el acuerdo que firmó el gobierno estatal y el alcalde Eusebio González de respetar a la PCP, luego de que fueron liberados tres retenidos afines a Antorcha Campesina, acusados de amenazas y agresiones físicas.
En el atrio de la iglesia principal del pueblo, la dirigente Zitlali Pérez denunció que el sector de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabeza Bruno Plácido Valerio y que dirige la autodefensa en Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande y San Marcos, es una organización generada desde el gobierno para confrontar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y para abrirle el paso a la militarización y la destrucción de los recursos naturales como, por ejemplo, la entrada de la minería a las regiones indígenas.
En este contexto los coordinadores de la PCP repudiaron estas acciones “que corroboran el trabajo del gobierno para confrontar a la ciudadanía”, por lo que anunciaron la formación de una red de organizaciones en el estado y el país, para salvaguardar los territorios indígenas.
El consejero de la CRAC en Ayutla, Arturo Campos Herrera, quien se definió como un integrante más de la Policía Comunitaria, emitió su respaldo a la PCP y señaló que aunque tengan diferente nombre en su lugar de trabajo, trabajan con un mismo fin.
Señaló que la CRAC tiene un reglamento y pidió respetar a la institución de la Policía Comunitaria y frenar las agresiones en contra del pueblo y la organización, porque no es cualquier sistema.
En cuanto a la toma de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán por el sacerdote Mario Campos, estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur),  algunas autoridades comunitarias y Cirino Plácido Valerio, reprobó lo sucedido y emitió su respaldo a los coordinadores de San Luis Acatlán y de la contraparte de la UPOEG dijo que “podrán estar en las oficinas pero no han tomado el poder”.
Campos reconoció que algunos coordinadores de San Luis negociaron “apoyos” con el gobierno, lo que ha debilitado el movimiento pero reviró que la UPOEG maneja gente que no pertenece al sistema comunitario como San Marcos o Tecoanapa y otras comunidades que buscan incidir en la elección de nuevas autoridades, cuando no están adheridas a la CRAC.
Afirmó que es claro que trabajan para el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que ha respaldado la autodefensa dejando que avanzara, pero precisó que no están en contra de los pueblos que tienen  su derecho de defenderse, pero que la CRAC repudia los acuerdos de dirigentes que solicitaron al Ejército abrir el camino a las mineras.
“Da lástima que los propios líderes indígenas estén  utilizando a las comunidades”, indicó.
Conrado de Jesús, uno de los coordinadores de la PCP de Cualac afirmó que el sistema de justicia comunitario no violenta los derechos humanos, sino que está encaminada a combatir los actos delincuenciales.
Aseveró que los concejos de gobierno, seguridad y justicia buscan la construcción de la soberanía popular que es la verdadera democracia, cuando el pueblo dice su palabra, y ratificó que son un  movimiento independiente y popular.
Los dirigentes aclararon que no están en contra de las instituciones sino en contra de los que trabajan en ella y son corruptos, así como están en contra la delincuencia.