Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Reforma migratoria al fin

Barack Obama quiere hacer historia. Durante el informe del estado que guarda la Unión que rendirá esta noche en el Capitolio, seguramente anunciará un plazo para la discusión y aprobación en el Congreso de una reforma migratoria integral que regularice a 11.5 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
La Casa Blanca ha fijado un término de cuatro a seis semanas, para que se presente un proyecto de ley sobre la reforma migratoria que permita definir el estatus de quienes se encuentran ahora “en las sombras”.
En su primer mandato, Obama capitalizó la euforia electoral a su favor al impulsar la reforma al sistema de salud que le valió un serio desgaste político por el embate de sus adversarios, pero que al final fue ratificada por la Suprema Corte de esa nación. Y si en 2010 ya había pasado a la historia al ser el primer presidente desde Roosevelt en reformar el complejo sistema de salud que proporciona cobertura a quienes carecen de seguro médico, ahora quiere hacer lo propio con una asignatura pendiente desde 1995 cuando se incrementaron masivamente los flujos migratorios irregulares a ese país.
Aprovechando el apoyo masivo de la comunidad latina que se volcó a su favor con 7 de cada 10 electores en la elección de noviembre, Obama anunció el 21 de enero al juramentar su segundo mandato, su interés en impulsar decididamente una reforma migratoria.
Proféticamente sentenció: “Nuestro camino no estará completo hasta que encontremos una mejor manera de dar la bienvenida a los esperanzados y luchadores inmigrantes que todavía ven en Estados Unidos la tierra de oportunidad…”
Una semana después en Las Vegas advirtió que “había llegado la hora de una reforma migratoria integral de sentido común”. Fue ahí donde anticipó el contenido de su propuesta en la materia al advertir que para que funcione una reforma migratoria integral tendría que quedar claro desde el principio que habrá una vía para la ciudadanía.
Según Obama –cuyo padre fue un inmigrante keniano–, la reforma consideraría los siguientes elementos: fortalecimiento de la seguridad fronteriza; una vía para la legalización y ciudadanía de los indocumentados; sanciones para empresas que contraten a indocumentados; un sistema para verificar el estatus migratorio de los empleados y mejora en el sistema de visas para atraer a Estados Unidos a profesionales calificados.
El Congreso norteamericano no ha tenido más remedio que sumarse a la agenda impuesta por la Casa Blanca sobre el tema. El 28 de enero, un día antes de la aclamada alocución del mandatario en Las Vegas, ocho senadores demócratas y republicanos presentaron un plan para regularizar el estatus de residencia de los 11.5 millones de indocumentados. Bajo el título de Borrador bipartidario para una reforma migratoria amplia, el documento se sustenta en cuatro pilares básicos para resolver el estatus de los que se encuentran sin papeles.
Crear un proceso justo para que los indocumentados residentes en Estados Unidos puedan hacerse ciudadanos; que la reforma se haga en base a los intereses de la economía y la sociedad norteamericanas; crear un sistema que verifique la contratación de trabajadores indocumentados y el proceso de admisión de trabajadores extranjeros temporales tomando en cuenta la situación del país y la necesidad de los ciudadanos estadunidenses, son los ejes de la propuesta congresional que suscriben los senadores entre los que se encuentran el demócrata Bob Menéndez de Nueva York y el republicano Marco Rubio de Florida.
Como se ve, tanto las propuestas de Obama como la del grupo de legisladores, coinciden ostensiblemente en abrir una vía para regularizar a los indocumentados en aquel país.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Interior (DHS), el 85 por ciento de los inmigrantes indocumentados proviene de México y Centroamérica. Del total de personas sin papeles, dos tercios son mexicanos (59% 6.8 millones). Un 40 por ciento de los migrantes no autorizados entró en forma legal con un visado que luego venció. El DHS calcula que los inmigrantes con residencia legal en 2011 ascienden a 13.1 millones de personas, 8.5 millones de ellos con posibilidad de obtener la ciudadanía.
El impacto económico de la eventual reforma en una nación que todo lo mide en dólares desde luego está presente al reconocer que quienes alcancen la residencia contribuirán decididamente a generar mayor riqueza. De hecho, un estudio de la Universidad del Sur de California reveló que si únicamente la mitad de los migrantes elegibles obtuviera la ciudadanía, en un periodo de diez años sumarían a la economía de Estados Unidos entre 25 y 45 mil millones de dólares. Ese es el gran beneficio económico de la reforma.
Acaso el súbito interés en Washington por la reforma responda también a los datos sobre el cambio demográfico en una sociedad norteamericana que envejece y que presenta bajas tasas de natalidad, y que demanda mano de obra en edad productiva para mover la poderosa maquinaria de hacer dinero.
Para avanzar en el propósito de formalizar a los inmigrantes sin papeles, la clase política norteamericana está pulsando a la opinión pública. Según la encuesta que se revise existen posturas divididas al respecto. Un sondeo publicado a mediados de enero por Public Opinion Strategies señala que el 65 por ciento de los votantes en EU considera que la inmigración es “algo bueno” frente a un 46 por ciento para los que el sistema de inmigración necesita una reforma completa.
Una muestra del interés que reviste el tema en el Senado norteamericano es que éste se encuentra en el primer lugar de las diez prioridades que abordará la Cámara alta en su agenda legislativa de 2013.
Para impulsar la reforma en su interior, el Congreso cuenta ya con un importante número de legisladores latinos, varios de ellos con peso político nacional. Al despuntar el año, el 113 Congreso de EU quedó constituido como el que presenta el mayor número de legisladores hispanos de la historia con un total de 31 políticos de ascendencia latina. De los 31 congresistas en el caucus hispano, 24 son demócratas –23 representantes y un senador (Bob Menéndez), y 7 republicanos –5 representantes y 2 senadores (Marco Rubio y Ted Cruz).
La discusión sobre la reforma migratoria tiene un fuerte ingrediente político. Los republicanos aún no se recuperan del varapalo que les infligió el electorado hispano en las elecciones del pasado noviembre, inconforme por la batería de leyes antiinmigrantes aprobadas en estados gobernados por ese partido como Arizona y Alabama que han supuesto la deportación de miles de indocumentados y su desplazamiento a otros estados, considerados santuarios de los migrantes.
Apenas cuatro días después de ser vapuleados en la elección de noviembre, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, John Boehner aceptó que había llegado el momento de una reforma migratoria y que sería el presidente quien tomara la iniciativa. A partir de esa declaración las cartas estaban echadas.
Obama por su parte quiere capitalizar el masivo apoyo recibido por los latinos, tras haber puesto en marcha el pasado agosto un programa de regularización de jóvenes indocumentados conocido como Dream Act que fue la semilla de la reforma migratoria que se invoca ahora. Pero también el presidente apela a la gran contribución que hacen los migrantes a la debilitada economía norteamericana.
Los republicanos, ausentes de líderes, han propuesto al senador de Florida Marco Rubio para que responda el informe que rendirá Obama esta noche. Su origen cubano puede resultar atractivo a una parte del electorado latino que se afana por recuperar ese partido.
El 6 de noviembre pasado escribí en estas páginas que pese a múltiples llamados, Obama había incumplido su promesa de apoyar una eventual reforma migratoria durante su primer mandato.
Pero la noche de aquel súper martes todo cambió. “Esta noche ustedes votaron para enfrentar los desafíos que sólo podemos resolver juntos: reducir nuestro déficit, arreglar nuestro sistema de inmigración…”, dijo un eufórico Obama en su discurso de victoria. Con los resultados electorales en la mano que le indicaban el respaldo del 70 por ciento del voto hispano, el presidente decidió que en efecto, es el momento de acometer la tan ansiada reforma migratoria aprovechando los dividendos políticos de su reelección.
Si lo hacía, podía pasar a la historia. Y se decidió.