Pide la Codehum medidas cautelares para la autodefensa de Ayutla; han recibido amenazas

Redacción

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Codehum) solicitó al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, su intervención para brindar medidas cautelares a las familias y a los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como a los policías ciudadanos que se organizaron para la autodefensa en contra de la delincuencia organizada en Ayutla de los Libres, porque han recibido amenazas.
En un boletín, el organismo dice que los dirigentes de la UPOEG solicitaron medidas cautelares “toda vez que las vidas de éstos se encuentran en peligro a partir de que los miembros de la comunidades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villareal, Cuautepec y San Marcos, con mayoría de habitantes indígenas, mestizos y afromexicanos, decidieron organizarse para resguardar sus bienes, su tranquilidad,  estabilidad familiar de manera directa ante la escaza presencia de la autoridad encargada de garantizar la seguridad y procuración de Justicia, tanto municipal, estatal y federal”.
El documento agrega que el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, pidió la intervención del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, “ya que se corren el riesgo de que sean víctimas de algún atentado a su integridad física y/o psíquica, con motivo de su participación en el movimiento de autodefensa ciudadana”.
La misiva dice que las medidas que solicitó Alarcón Hernández consisten en “la implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental, patrimonial y social; así como a sus familiares y evitar algún daño de irreparables consecuencias”.
También pidió “girar instrucciones a la Procuradora General de Justicia en el Estado, a efecto de que en el ámbito de su competencia se aboque a la investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas perpetradas en agravio de los dirigentes de la UPOEG, con el fin de identificar a los responsables y sean puestos a disposición del juez correspondiente para el deslinde de las responsabilidades penales”.
Otra petición fue el “tratamiento médico y psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e indirectas”.