El amparo, sin relación con el juicio político, que sigue aclara Flores Majul

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, dijo que cualquier amparo o beneficio judicial que obtengan el ex procurador Alberto López Rosas o el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, no repercutirá en el juicio político que el Poder Legislativo realiza en su contra.
Lo anterior luego de que el ex procurador dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito le otorgó un amparo que deja sin efecto una orden de aprehensión en su contra.
El diputado priista afirmó que los procesos del Poder Judicial y del Legislativo son completamente diferentes y que no pueden incidir uno a otro, por eso descartó que “un amparo modifique el rumbo del juicio que en el Congreso llevamos”.
Dijo que la Comisión Instructora no tiene la facultad de investigar, y que únicamente analizará y dictaminará tomando como base la información y pruebas que los inculpados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ayotzinapa aporten.
Flores Majul comentó que si así lo desea, el ex procurador puede presentar ante la Comisión Instructora el amparo y las pruebas que presentó a la jueza que falló a su favor.
Pero dijo que su amparo podrá ser presentado, pero eso no le garantizará ser absuelto por el Congreso de su probable responsabilidad política en el asesinato de los dos estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2011.
No repercutirán en el juicio político que el Poder Legislativo realiza, “los amparos que ellos pueden conseguir son judiciales y nuestro juicio es político”, insistió.
Comentó que se reunirá en las próximas semanas la comisión encargada de llevar el juicio político para determinar el mecanismo de la comparecencia de Ramón Almonte y del apoderado legal de la CNDH que solicitó el juicio contra los ex funcionarios, aunque también se propondrá la comparecencia de quien en el 12 de diciembre de 2011 estaba al frente de la Policía Federal en el estado, debido a que fue esta corporación la que inició las detonaciones en el desalojo que dejó como saldo dos estudiantes asesinados.
Invitó a los ex funcionarios así como a los demandantes, a que sigan aportando las pruebas que tengan en su poder para que el dictamen que sea presentado al pleno del Congreso local sea lo más objetivo posible.