Incurrió Zeferino en deficiencias generalizadas en el uso de los recursos del Seguro Popular

Daniel Velázquez

El gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo hizo una administración “deficiente” de los recursos del Seguro Popular provenientes de la Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre las irregularidades observadas por la ASF se reporta que el gobierno del estado no ejerció 737 millones 61 mil 400 pesos, lo que representa un subejercicio del 44.5 por ciento del presupuesto total asignado.
El informe también señala que el gobierno de Zeferino Torreblanca no cumplió la meta de afiliar a más personas como beneficiarios del Seguro Popular; la meta planteada fue afiliar a 2 millones 68 mil 207 personas, pero inscribió a un millón 973 mil 798 personas, lo que representó el 95.4% de la meta programada para el 2010, aun cuando el gobierno del estado disponía de más de 700 millones que no ejerció.
Tampoco ejerció “por lo menos” el 20 por ciento de los recursos aportados por el gobierno federal dentro del programa Seguro Popular a la promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.
Del total ejercido en el 2010, que fue de 920 millones 172 mil  100 pesos, la ASF encontró irregularidades estimadas en 47 millones, 648 mil 755 pesos con 88 centavos.
En el informe de Resultados la ASF determinó que “el control interno para la gestión de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular 2010), en el estado de Guerrero, es deficiente, ya que son insuficientes los mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia del programa”.
El documento publicado en la página de internet de la Auditoría se puede leer que “el gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada desarrollan el gobierno federal y los gobiernos estatales, ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 737 millones 061 mil 400 pesos, monto que representó el 44.5% del total destinado para el estado. Recursos que no se aplicaron a atender una de las necesidades prioritarias de los mexicanos, que es el cuidado de su salud, limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad, al no cumplir la meta de afiliación en 94,409 personas programadas al 2010”, señala el informe.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 detalla que en el uso del presupuesto destinado al Seguro Popular determinó 43 observaciones, de las cuales 22 fueron solventadas por el gobierno del estado antes de la integración del informe. Mientras que las 21 restantes generaron tres recomendaciones, 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria turnadas a la Contraloría General del Estado y cinco pliegos de observaciones.
El informe de la ASF señala que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo fue reincidente en manejar las aportaciones federales en dos cuentas bancarias, en el caso del Seguro Popular fue la Secretaría de Salud la que abrió dos cuentas para manejar la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.
Otra práctica que ejerció la administración zeferinista en la Secretaría de Salud es que reportó “rendimientos financieros” por cantidades menores a las que determinó la ASF que debían haberse registrado por la cantidad de dinero que ejercían, por lo que ordenó que registren en la contabilidad en la cuenta de ingresos los productos financieros generados por el dinero público que manejaban.
La Secretaría de Salud del estado durante la administración zeferinista utilizó dinero del Seguro Popular para el pago de servicios de vigilancia por un millón 151 mil 500 pesos y para servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación por un millón 179 mil pesos “en lugares distintos a las unidades médicas”, por lo que presume un daño a la hacienda pública federal por 2 millones 330 mil 499 pesos con 38 centavos.
La administración zeferinista también empleó el dinero del Seguro Popular para pagar cuotas al ISSSTE por 13 millones 835 mil 670 pesos con 67 centavos y al SAR-ISSSTE por 15 millones 820 mil 569 pesos con 96 centavos, acciones que no están permitidas en las reglas de operación de los recursos, por lo que la ASF determinó un probable daño a la hacienda pública federal estimable en 29 millones 656 mil 240 pesos con 63 centavos.
Otra de las anomalías es que la Secretaría de Salud del estado dentro del programa del Seguro Popular utilizó medicamentos, material de curación e insumos por 383 millones 453 mil 200 pesos al 31 de diciembre de 2010, y de dicho material una cantidad estimable en 18 millones 964 mil 200 pesos correspondieron a medicamentos surtidos en el ejercicio fiscal 2009, por lo que en el transcurso de la auditoría el gobierno del estado reintegró el dinero a la cuenta bancaría más intereses por un millón 198 mil 500 pesos para subsanar esa irregularidad.
Pero quedó pendiente la devolución de 15 millones 728 mil 700 pesos por material de curación y suministros médicos surtidos en el ejercicio fiscal 2009, que se pagaron con recursos de 2010, por lo que instruyó a la Contraloría General del Estado a iniciar las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.
La Secretaría de Salud del estado adquirió medicamentos con dinero del Seguro Popular por un monto de 112 millones 316 mil pesos al 31 de diciembre de 2010, de los cuales la compra equivalente a un millón 104 mil 200 pesos no se encuentran incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y un monto estimado en 4 millones 50 mil 700 pesos se empleó para comprar medicamento a un precio superior al de referencia, una práctica que también hicieron en el ejercicio fiscal de 2009.
Durante la fiscalización, en las visitas a las unidades médicas y administrativas la ASF encontró que 121 empleados recibieron en conjunto 11 millones 529 mil 934 pesos con 13 centavos en “pagos indebidos”, porque esos empleados no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular, por lo que ordena el reintegro de esa cantidad de dinero más los intereses que generen hasta que sea solventada esa anomalía.

La protección a funcionarios

Otra de las observaciones señaladas es que la Secretaría de Finanzas y Administración retuvo los intereses del dinero federal y los devolvió cuando se hizo la auditoría, pero la Contraloría General del Estado no hizo las investigaciones para sancionar a quienes indebidamente retuvieron ese dinero.
Entre las observaciones hechas por la ASF está que en el análisis de los estados de cuenta bancarios y las pólizas de egresos del Seguro Popular se encontró una diferencia en el saldo de la cuenta bancaria de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal al 31 de diciembre de 2010 por 86 millones 129 mil 700 pesos.
Y fue “en el transcurso de la auditoría” que el estado proporcionó la documentación que justificó y aclaró el uso de 80 millones 129 mil 800 pesos y reintegró 5 millones 999 mil 900 pesos a la cuenta bancaria del programa, más intereses por 332 mil 500 pesos, pero “no inició el procedimiento administrativo sancionatorio por parte de la Contraloría General del Estado.
La ASF también determina que con la revisión de las nóminas del personal precario, eventual y la de apoyo administrativo, se constató que la Secretaría de Salud del estado pagó a siete trabajadores en conjunto un monto por 41 mil 500 pesos posteriores a la fecha de su baja. Para solventar esta irregularidad el gobierno del estado justificó 5 mil 700 pesos, reintegró 35 mil 800 pesos y 2 mil 100 pesos por intereses pero no inició el procedimiento administrativo sancionatorio ante la Contraloría General del Estado.
En 2010 la Secretaría de Salud destinó recursos del Seguro Popular por 10 millones 303 mil 600 pesos para el rubro de “Caravanas de Salud”, pero sólo ejerció 513 mil 700 pesos, de los cuales 12 mil 200 pesos se destinaron a un municipio donde no hay afiliados al Seguro Popular y fue en el transcurso de la Auditoría que el gobierno del estado reintegró 12 mil 200 pesos más los intereses pero no inicio el procedimiento contra los responsables.