Avalan diputados nueva Ley de amparo; fijan restricciones a demandas de casinos

Jesusa Cervantes / Agencia Proceso

Ciudad de México

Con 434 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de Amparo que establece nuevas reglas para el otorgamiento del mismo; y anula que concesionarios del sector de energéticos, telecomunicaciones, minas y propietarios de casinos puedan acceder a la suspensión “del acto reclamado” al iniciar un juicio.
Después de cinco horas de discusión, los legisladores sólo avalaron un cambio a la minuta enviada por el Senado de la República. Se trata de la reserva presentada por el coordinador de la fracción del PAN, Luis Alberto Villarreal García, que contempla negar el amparo a los concesionarios de casinos “cuando se aluda al interés social”.
El resto del dictamen quedó tal cual fue enviado a la Cámara de Diputados por el Senado, sin embargo por haber tenido un cambio, el texto regresará a la cámara de origen para que, una vez avalada esta modificación, sea enviada la nueva ley al Ejecutivo federal para su publicación y posterior entrada en vigor.
En el último tramo de su sexenio, Felipe Calderón entregó nuevos permisos a concesionarios para la apertura de casas de apuestas y sorteos, ello generó un escándalo, pues el gobierno calderonista se distinguió, entre otras cosas, por haber reabierto decenas de casinos luego de que, al ser clausurados por estar en lugares que prohíbe la ley, obtuvieron un amparo de la justicia federal.
Además, los panistas se vieron envueltos y beneficiados por el poder corruptor de José Rojas Cardona, conocido como El rey de los casinos.
Durante la discusión en lo particular, el pleno únicamente aceptó el cambio propuesto por los panistas y el cual afecta el artículo 129 en su fracción primera.
Con esta modificación, se considerará que “se siguen perjuicios al interés social o contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, continúe el  funcionamiento de los centros de vicio o de lenocinio, así como los establecimientos de juegos de apuestas o sorteos”.
Sobre este punto, el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, dijo que los alcances del amparo se han extralimitado y los particulares han abusado debido a los defectos sistémicos que existen.
“El amparo se ha pervertido y ha protegido a particulares más allá del interés general”, afirmó.

Seguirá como un instrumento de defensa: PRI

Entre los cambios de la nueva ley aprobados por el Senado y avalados por los diputados, se rechaza que los concesionarios de energéticos, telecomunicaciones, minas, entre otros, puedan acceder a la suspensión provisional al solicitar un juicio de amparo.
La pretensión de que sí se les concediera la suspensión fue uno de los puntos que demandaba el Consejo Coordinador Empresarial que, en sus cabildeos y presiones aseguraba que perjudicarían a la inversión y generarían incertidumbre jurídica por impedir que un sector de la iniciativa privada no pueda recurrir a la suspensión.
Como se establece en un proceso de juicio de amparo, en lo que éste se resuelve –pueden ser meses o años-, la persona que lo solicita y, según ella se vio afectada por un acto de autoridad, puede pedir “la suspensión provisional”, es decir, que en tanto un juez determina finalmente si se otorga o no el amparo, las cosas deben quedar como estaban antes de que la autoridad ejerciera la acción impugnada.
Por ejemplo, si se clausura un casino o una mina, el concesionario solicita un amparo y en lo que se resuelve el tema puede pedir la apertura del lugar, es decir, que las cosas queden como estaban.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada priista Claudia Delgadillo González, subrayó que el juicio de amparo seguirá como el principal instrumento de defensa de los derechos que tienen las personas para protegerse contra los actos de las autoridades.
Esta nueva Ley de Amparo, moderniza y adecua el juicio a los tiempos actuales para que la tramitación sea ágil, oportuna y fortalezca el interés público y la transparencia, agregó.
Asimismo, dijo, aumenta su protección, amplía el ámbito de su tutela, protegiendo los intereses legítimos de las personas, así como su posibilidad de que haya declaraciones generales de inconstitucionalidad para un beneficio generalizado.
Detalló que esta ley fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como en el otorgamiento y atribuciones expeditos para la integración de jurisprudencia y la resolución de contradicción de criterios, lo que abonará a una mayor seguridad jurídica en las decisiones del máximo tribunal.
Puntualizó que con esta nueva ley se reconoce el derecho de la víctima del delito al intervenir como parte en todo el proceso, la cual podrá presentar pruebas e interponer amparos directos contra las resoluciones.
Se reconoce y garantiza plenamente el derecho de las víctimas y ofendidos para interponer la demanda en contra de actos y sentencias que afecten sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, dijo
Mencionó que en beneficio de los gobernados se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se hace más expedito y claro el procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo.
Se incluye la prevención para que el procurador general de la República pueda solicitar a la SCJN que ejerza la facultad de atracción en los casos que por su interés nacional así lo ameriten; se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, aduciendo una afectación real y actual con motivo de la norma general al acto u omisión de la autoridad, puntualizó.

Diputados del PAN y de la telebancada la critican

El diputado del PAN y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, planteó matizar ese apartado para evitar, dijo, afectaciones a los concesionarios.
Su propuesta fue rechazada por una cerrada votación de 217 votos a favor contra 235 en contra.
Los legisladores de la llamada “telebancada” también votaron a favor de la propuesta del panista, como el priista Jorge Mendoza, directivo de TV Azteca, y los diputados del PVEM, Antonio Cuéllar Steffan, Mónica García de la Fuente, Ana Lilia Garza Cadena, Federico González Luna y Javier Orozco.
El panista Sánchez Ruiz planteó que aprobar la restricción representaría un grave atentado contra el desarrollo económico nacional en materia de concesiones, entre las que enumeró a la explotación y tratamiento de aguas, la recolección y disposición de basura, la utilización de transportes en general, minas, gas, energía, telecomunicaciones, radio y televisión.
A lo largo de la sesión hubo posicionamientos respecto a que se estaba afectando al sector
El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra por considerar que “el amparo no sería amparo sin suspensión, porque ésta se otorga para garantizar que los daños no sean irreparables y que el particular pueda acudir a la justicia por un abuso de la autoridad. Si le quitan la suspensión le quitan la esencia al amparo y lo desnaturalizan”.
Criticó que a pesar de que hay avances considerables en el dictamen, se suprimen diversas figuras jurídicas, por lo que calificó como grave que no se haya dado pie al enriquecimiento del proyecto a través de foros, seminarios y opiniones de expertos que apuntalen el contenido de la reforma.