Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* Seguridad, la siguiente cruzada

Si el presidente Felipe Calderón la pensó como un segundo paso, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que para enfrentar a la delincuencia, había primero que reconstruir el tejido social. Por eso, este martes creó una comisión de nueve secretarías de Estado para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en los 100 municipios que consideran urgente atender para alcanzar su salvación. No es la guerra contra los criminales lo privilegiado como con Calderón, sino la prevención. ¿Dejará de combatirlos? No, pero el énfasis, a través de un cambio de incentivos, es su solución.
En la historia de la lucha contra la delincuencia, particularmente contra la organizada –v.g. cárteles de la droga–, el incentivo de gobiernos priistas y del panista Vicente Fox era más similar al del mundo industrial: administrar el fenómeno. Esa política era sinónimo de pactar con los criminales, inscrito en la falta de credibilidad del Estado mexicano, pues acusaciones de esa envergadura nunca se hicieron contra los gobiernos de Estados Unidos o Japón, que entre otros, también desarrollaban esa política.
Sin negar o minimizar el hecho que el narcotráfico penetró las más altas estructuras del Estado, la política gubernamental se basaba en el incentivo de que a cambio de que mantuvieran la violencia fuera de las zonas donde la población tenía acceso a tribunas y medios de comunicación que pudieran generar presiones políticas, los delincuentes podían continuar con su negocio. Cómo le dijo un alto ex funcionario a quien presumía mensajero de un cártel: “Nada de violencia en la calle, y si hacen su negocio en mis narices, los meto a la cárcel”.
Esta política de incentivos llevó a los cárteles de la droga a repartirse territorios y rutas de distribución. Inclusive aún después de que los cárteles colombianos cambiaron la forma de pago en especie en 1996 en lugar de efectivo que detonó mercados internos, las bandas preferían pagar derecho de paso que pelear, bajo la racional de que si se enfrentaban, el Estado iría contra todos. O sea, si no se mataban entre ellos, mejor iría el negocio. Con la llegada de Calderón a la Presidencia, los incentivos se modificaron 180 grados.
La estrategia de guerra fue contra todos en simultáneo, y no una guerra discrecional y sexenal, donde sólo un cártel a la vez era combatido. El incentivo cambió radicalmente, de poder sobrevivir si no se mataban entre ellos, a matarse entre ellos para sobrevivir. La espiral de violencia se desató bajo una estrategia con su propia lógica: detener o matar a más delincuentes de lo que las organizaciones criminales eran capaces de reponer. El mal cálculo fue la velocidad con la que los cárteles fueron capaces de regenerarse, lo que hizo que la sangre fuera más abundante en las calles mexicanas.
La forma como el presidente Peña Nieto ha enfocado su estrategia es totalmente diferente. De acuerdo con información de varios estados hay un repliegue de las fuerzas policiales y militares para evitar enfrentamientos con criminales. Funcionarios de la Policía Federal desmienten que existan tales instrucciones, pero los datos revelados hace unos días por la Secretaría de Gobernación muestran la disminución radical de víctimas entre las fuerzas federales. El número de choques con criminales ha bajado, así como también las detenciones de delincuentes. La estrategia, inspirada en la visión del asesor colombiano del Presidente, el general Óscar Naranjo, es colocar la seguridad de la población por encima de todo. El plan presentado va en ese sentido.
Nada de ello es objetable. ¿Algún insensato no querrá la seguridad para los ciudadanos?
Lo que se tiene que atender es si, como Calderón cometió un error al no atacar los factores colaterales de la violencia en paralelo, Peña Nieto no incurra en lo mismo al hacer de lado la lucha frontal contra los criminales. Ninguna de las dos partes sobra. Lo único que no puede dejarse afuera es una estrategia integral, que incorpore la parte social, tan urgente para un país que quiere sanar sus heridas, pero sin permitir a los criminales la recuperación de los espacios territoriales que les fueron arrebatados.

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