Proteger a ex funcionarios como López Rosas, política del gobierno, sostienen normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron que existe una política estatal y nacional para proteger a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos en el desalojo a balazos de normalistas el 12 de diciembre de 2011, por el amparo que concedió un tribunal al ex procurador Alberto López Rosas, en contra de la orden para ser detenido por su papel en la represión de ese día.
Lo anterior se expresó en una conferencia de prensa para anunciar una próxima reunión con la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, el 15 de febrero, para tratar tres asuntos pendientes: el cumplimiento del pliego petitorio 2012-2013, la conclusión de las obras en la normal rural y la salud del estudiante Edgar David Espíritu Olmedo, herido en el pecho durante el desalojo de estudiantes en la Autopista del Sol.
Sobre el amparo en favor de López Rosas, el dirigente Diego Castro Domínguez señaló que es parte de una política que comenzaron a observar cuando se reunieron con los diputados locales de la actual legislatura, que evidenciaron con sus preguntas y su actitud que van a exonerar a los ex funcionarios de seguridad pública y de procuración de justicia, Ramón Almonte Borja y el ex procurador.
Incluso, consideró que también en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto están tratando de desvirtuar los hechos para que el ex procurador no tenga cargo penal, y están apostando al olvido de la sociedad para archivar el caso, tan es así que ningún funcionario público del orden estatal o federal ha sido condenado por las graves violaciones a los derechos humanos ni por el homicidio de sus compañeros Gabriel  Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Lamentaron que no se estén cumpliendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero continúen los ataques a la escuela normal.
Denunciaron que la secretaria de Educación desconoció uno de los acuerdos que firmó el gobierno del estado con la comisión civil de interlocución, donde se estableció que los únicos interlocutores con los normalistas de Ayotzinapa, en tanto no haya justicia integral para los agraviados del 12 de diciembre, son dos funcionarios de la SEG y un enlace con las autoridades estatales.
Sin embargo, denunciaron que la secretaria condicionó la entrega de materiales acordados en el pliego petitorio, a asistir a un acto público con gobernador.
“Nos extraña que la secretaria desconozca las minutas con la comisión civil de interlocución, y se niegue a entregar materiales porque el gobernador quiere protagonizar un acto con los estudiantes, a un año y dos meses de la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros”, dijeron.
Insistieron que los avances en el cumplimiento de las recomendaciones son insuficientes, y señalaron que en la escuela derribaron un edificio de dos niveles que usaban como dormitorios, y las obras se realizan con lentitud a pesar de que ofrecieron entregarlo el 12 de diciembre de 2012.
Asimismo, denunciaron que las autoridades quieren escatimar la indemnización de Edgar David, uno de los estudiantes herido de bala en el desalojo policiaco, quien ha recaído constantemente por falta de atención médica adecuada.
Finalmente, los normalistas se solidarizaron con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y con los movimientos ciudadanos de autodefensa que se levantaron en armas por la falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades.
Señalaron que la inseguridad es un problema de todo el estado, y reconocieron la organización de los ciudadanos para protegerse.