Burocratiza la protección a los periodistas la iniciativa de ley, critica especialista

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La iniciativa de ley para la libertad de expresión y de prensa del estado es burocrática, principalmente en los mecanismos de seguridad en caso de riesgo para los reporteros, dijo ayer el investigador Raúl Armando Canseco Rojano.
En un foro que sobre el tema se realizó en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, los reporteros y representantes de los medios de comunicación de la región Centro y Montaña rechazaron la creación de un seguro que sirva para pagar el monto de rescates en caso de secuestro de periodistas.
La propuesta está incluida en la iniciativa presentada por el diputado local panista Jorge Camacho Peñaloza, pero los reporteros consideraron que de existir ese fondo se “expondría a los comunicadores a ser blanco de los secuestradores”, y Canseco Rojano también desechó la viabilidad del planteamiento.
El ponente, investigador en derecho de la información, libertad de expresión y transparencia de la Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México, consideró que los reporteros “juegan un papel fundamental en la lucha contra la inseguridad”, porque les corresponden las funciones fundamentales para la democracia, porque son la vía para que la ciudadanía tenga la información en base a la cual se toman las decisiones.
Explicó que el ejercicio de la libertad de expresión realizado por los reporteros es el medio a través del cual la sociedad puede informarse de lo que ocurre en su entorno, en lo político, económico y social, sobre todo porque dijo que es la única manera en el que se conocen los actos ilegales perpetrados por las autoridades.
De la iniciativa, comentó que se deben establecer las condiciones para su desempeño, las cuales deben ser acordes con los requisitos que permiten el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
“Se debe garantizar la libertad e independencia de los periodistas y los medios de comunicación”, dijo, y añadió que no puede quedar fuera la responsabilidad del Estado en prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos que afecten la libertad de expresión.
Dijo que la violencia que padecen los periodistas no sólo es dirigida por la inseguridad generalizada en el estado, sino que “hay agresiones que son dirigidas a partir de las informaciones que difunden, de abusos y corrupción que incomodan a los servidores públicos”.
Además de las investigaciones relacionadas con la delincuencia y el narcotráfico, que se realizan en algunas regiones del país, y que provocan intimidaciones, amenazas y agresiones.
Planteó la necesidad de que las medidas de protección señaladas en la iniciativa deben reclasificarse, y estipular la prevención a posibles agresiones, “con una ley que su sola existencia ya sea una intimidación a la agresión”.
Cuando se refirió a la respuesta por las agresiones a los periodistas, comentó que éstas deben ser atendidas por la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE), y comentó que lo que se plantea en la iniciativa es un numeroso grupo de trabajo, “se ve un entorno burocrático, en el que se va a calificar, a medir para valorar si se toman acciones”.
Consideró que en casos de peligro para los periodistas se debe actuar de manera inmediata, “vale más tener un mecanismo que peque de exceso en la respuesta”, y no llevar asuntos de vida o muerte de manera burocrática.
En el tercer foro convocado de manera conjunta por las comisiones de Justicia y Desarrollo Social del Congreso local presididas por los diputados Jorge Camacho Peñaloza, del PAN, y Julieta Fernández, del PRI, el encuentro duró casi cuatro horas y participaron algunos representantes de los medios de comunicación y reporteros.
La finalidad del foro fue enriquecer la iniciativa que Camacho Peñaloza hizo llegar  a varios reporteros, pero la mayoría de las ponencias se fueron en elogios a los diputados organizadores y en solicitudes de dádivas a los comunicadores.
También pugnaron por la permanencia de la ley para la Pro-tección a los Periodistas aprobada en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y particularmente se aferraron a la vigencia del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FPA).
El fondo tiene un financiamiento oficial de 5 millones de pesos anuales y sirve para otorgar créditos a los trabajadores de los medios que están incorporados.
Los que no asistieron al foro fueron dueños, directores y editores de las empresas, pero la dirección general de Comunicación Social del gobierno del estado sí mandó un representante, que hizo algunas observaciones de forma a la iniciativa.