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Crea el Congreso una comisión especial para informarse del caso de las españolas

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

A nueve días de ocurrida la agresión, apenas ayer los diputados de la Comisión Permanente del Congreso del Estado se organizaron en una comisión especial para hacerse de información sobre la violación de seis ciudadanas españolas en Acapulco, aunque no definieron para qué.
Además, porque por mayoría de votos, los diputados rechazaron incorporar al orden del día el punto de acuerdo del diputado perredista Germán Farías Silvestre, por el cual proponía citar a comparecer al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, ante las Comisiones Unidas de Evaluación y Vigilancia de la Auditoría General del Estado y ante la de Seguridad Pública, para que explicara los problemas financieros y la inseguridad en la ciudad.
Este miércoles en sesión vespertina de la Comisión Permanente del Congreso local, la diputada panista y vocal de la Comisión de Gobierno, Delfina Concepción Oliva, leyó el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno que integran además Bernardo Ortega Jiménez del PRD como presidente, Héctor Apreza Patrón del PRI como secretario, Mario Ramos del Carmen del MC como vocal, Arturo Álvarez Angli del PVEM como vocal, Jorge Salazar Marchan del PT como vocal y Emiliano Díaz Román del Panal como vocal.
Con imprecisiones en el texto, la diputada dio a conocer que “el 4 del presente mes y año, lamentablemente seis turistas españolas y una mujer de nacionalidad mexicana fueron abusadas sexualmente, así como agredidos físicamente 6 hombres por un grupo de hombres armados que irrumpió en el domicilio donde se hospedaban en el poblado de Alfredo V. Bonfil, durante la madrugada del lunes”.
En realidad los hechos ocurrieron en San Andrés Playa Encantada y no en la colonia Alfredo V. Bonfil.
No obstante el error, la diputada panista siguió su lectura, recordando que el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, no fue “requerido” a la reunión de la Operación Guerrero Seguro, con supervisión directa de la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de que allí estuvieron “altos mandos militares, navales, de la Policía Federal y del gobernador, no fue requerido”.
También hizo alusión a que “al menos seis jóvenes fueron detenidos por la Policía Ministerial y Federal en Operativos de Seguridad en los poblados de Barra Vieja, Lomas de Chapultepec y San Andrés Playa Encantada, a los que se les relaciona con los hechos en mención”.
Y que el martes el gobernador Ángel Aguirre confirmó que hay seis personas arraigadas por la agresión a las turistas españolas y reiteró   que a dos de los detenidos ya se les identificó plenamente por parte    de una familia que fue agredida en el mes de octubre del 2012 y que   se les está investigando por su posible participación en los hechos delictivos cometidos en agravio de las turistas españolas.
Igualmente dio a conocer que se presentaron  protestas  de parte de   los familiares de los detenidos, ante el gobernador, “exigiendo la presentación inmediata de los inculpados, porque hasta el día de  ayer   no los  han logrado ver”.
“Y por lo menos han ocurrido otras dos protestas distintas de ciudadanos y comerciantes inconformes por la detención de familiares; estos bloqueos mantuvieron paralizada la zona turística    de Acapulco,  gran parte de la mañana y tarde del día de ayer (martes)”, recalcó.
Aunado a que  los familiares aseguran que las fuerzas policiacas   han detenido al menos a 100  personas en diversos momentos, leyó la diputada.
Por lo anterior, para la Comisión de Gobierno, “hasta la fecha  existe     confusión y falta de información de carácter oficial, que nos    indique con certeza el sentido de las investigaciones, así como el número de personas que hasta el momento se han detenido por su presunta participación en los hechos delictivos”, fijaron en su punto de acuerdo.
Señalaron además que pese a que este miércoles “fue anunciado por el procurador General de la Republica, de la detención de seis personas confesas, esta representación popular debe tener elementos e información clara y oportuna de los hechos acontecidos que repercuten directa e indirectamente en la imagen de nuestra entidad”.
Entonces argumentaron que el Congreso local “no puede quedar ajeno a este tipo de lamentables hechos, por tal motivo es necesario crear una comisión especial que dé seguimiento al esclarecimiento de los hechos acontecidos el día 4 de febrero del año 2013, en contra de turistas españoles y connacionales, teniendo como atribuciones el de reunirse y solicitar información en términos de ley con las autoridades competentes y con los órganos de los distintos niveles de gobierno”.
Entonces la diputada panista leyó que “a fin de que en el ámbito de competencias pueda emitir opinión o realizar los actos que incidan en la prevención y protección de los turistas en el estado, la duración de la Comisión Especial tendrá una duración hasta el esclarecimiento de los hechos o por el periodo constitucional de esta legislatura, según sea el caso”.
“De igual forma y para el efecto de sus atribuciones, la Comisión Especial sesionará por lo menos una vez al mes, tomando sus decisiones conforme a las normas de votación de las Comisiones Ordinarias de este Congreso, de igual forma elaborará y aprobará un programa de trabajo a más tardar a los 15 días naturales siguientes a su instalación y rendirá a esta representación popular, informes parciales y un informe final detallado, sobre los trabajos desarrollados en el ejercicio de sus facultades”, añadió.
La Comisión Especial estará integrada como presidente, por el diputado Jorge Camacho Peñaloza del PAN; Rodolfo Escobar Avila del PRI, como secretario; y como vocales, Ana Lilia Jiménez Rumbo del PRD, Karen Castrejón Trujillo del PVEM y Laura Arizmendi Campos del MC, a quienes de inmediato se les tomó protesta.
Dentro de sus actividades, la Comisión Especial “tendrá la potestad de reunirse con el Gobernador del Estado de Guerrero y con los encargados de las instituciones que llevan a cabo la investigación, y en los términos de la ley solicitar y recibir información de los avances logrados”.
“Emitir opinión en el ámbito de su competencia que incidan en la prevención y protección de los turistas en el estado; cuando la Comisión Especial estime por razones de secrecía de las investigaciones, la inconveniencia de informar al Pleno del Congreso de forma pública, sobre los avances reportados por los órganos de procuración y administración de justicia, lo hará a la Comisión de Gobierno, respetando los periodos mensuales de entrega, y las demás que sean necesarias para su debido funcionamiento”.

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