No ha otorgado el gobierno las medidas cautelares a la autodefensa, reprocha dirigente

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente del movimiento de autodefensa en contra de la delincuencia organizada, Crisóforo García Rodríguez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal aún no han proveído de las medidas cautelares que pidió la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para los dirigentes del movimiento, luego de las amenazas que han recibido, presumiblemente por gente del crimen organizado.
Mientras tanto, el líder del movimiento de Ayutla, Félix Rosas Rodríguez, denunció que “gente extraña” les impiden el paso a comisarios y autoridades agrarias de los pueblos que pertenecen al movimiento, a su paso por Tierra Colorada, la cabecera del municipio de Juan R. Escudero, cuando vienen a la capital a realizar gestiones.
Crisóforo García Rodríguez, quien se hizo llamar el Comandante Guerrero cuando se cubría el rostro en los retenes de la autodefensa, denunció que las amenazas de la delincuencia organizada a la organización civil continúan y que éstas se dan mediante llamadas telefónicas, de manera directa, o con emisarios.
Dijo que por ello solicitaron las medidas cautelares para los dirigentes del movimiento. Sin embargo dijo que hasta ayer no habían recibido ninguna protección de las autoridades estatales o federales, y que únicamente habían recibido radios de comunicación.
A petición de los dirigentes, la Codehum solicitó al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, su intervención para brindar seguridad “a favor de familias, y de dirigentes de la organización civil denominada Unión de Pueblos y Organizaciones  del Estado de Guerrero (UPOEG), así como de los policías ciudadanos que se organizaron para la autodefensa con motivo de los hechos de inseguridad suscitados en Ayutla de los Libres”.
Según el organismo los dirigentes “corren el riesgo de que sean víctimas de algún atentado a su integridad física o psíquica, con motivo de su participación en el movimiento de autodefensa ciudadana originado por la inseguridad pública prevaleciente en Ayutla de los libres y comunidades aledañas”.
Las medidas cautelares que pidió la Codehum consisten en “la implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental, patrimonial y social; así como a sus familiares y evitar algún daño de irreparables consecuencias”.
Asímismo, pide al gobernador que gire instrucciones a la procuradora general de Justicia, “a efecto de que en el ámbito de su competencia se aboque a la investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas perpetradas  en agravio de los dirigentes de la (UPOEG), con el fin de identificar a los responsables y sean puestos a disposición del juez correspondiente para el deslinde de las responsabilidades penales, imponiendo las sanciones correspondientes”.
También solicitó que las instituciones de Salud, procuración de Justicia y DIF-Guerrero “se brinde tratamiento médico y psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e indirectas  de los hechos presuntamente delictivos por las personas aseguradas o resguardadas por los integrantes del movimiento ciudadano”.
Sin embargo ayer, el dirigente Crisóforo García Rodríguez, aseguró que aún no han recibido estas medidas cautelares y que las amenazas de los integrantes de la delincuencia organizada continúan.
Dijo que el gobierno estatal solamente les ha dotado de radios de comunicación, pero que todavía carecen de la protección que solicitó el organismo de derechos humanos.
Mientras tanto el dirigente del movimiento de Tecoanapa, Félix Rosas, dijo que desde la semana pasada, “gente extraña” les impiden el paso a los comisarios y autoridades agrarias de ese municipio en Tierra Colorada, cuando vienen a esta capital a realizar trámites o gestiones.
Informó que esta gente está armada y que no se identifican como elementos de alguna corporación policiaca y nadie de los pueblos los conoce. Temen que se trate de una venganza en su contra por las acciones que realizaron en contra de la delincuencia en Ayutla y Tecoanapa.