Sustenta el artículo 1 constitucional amparos contra la reforma, afirma analista en un foro con normalistas

Lourdes Chávez

Tixtla

Los amparos contra la reforma educativa se sustentarán en el artículo 1 de la Constitución que coloca a los tratados internacionales en el marco constitucional, informaron especialistas en derechos humanos en un foro que se realizó en la normal rural de Ayotzinapa, para estudiantes de las nueve normales públicas del estado.

Sin embargo, advirtieron que la lucha legal es insuficiente para hacer frente a las reformas, cuyo fondo es político y por eso se incluye el la movilización social de maestros, alumnos y padres de familia.

Ante la inquietud de los alumnos sobre cómo oponerse a la reforma, se mencionó que en Oaxaca los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidieron hacer un boicot a la aplicación de la reforma y no van a participar en la evaluación universal docente, ni aplicarán los exámenes de evaluación a sus estudiantes, como en 2012.

En la actividad, dos maestros aseguraron que en 2018, cuando concluya el período de la evaluación universal docente, se terminará la plaza base y los maestros comenzarán a suscribir contratos temporales y en este tenor, se reveló que la CNTE está analizando adelantar un mes el paro indefinido de labores del 15 de abril, para el 25 de marzo.

Asimismo, el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortés, denunció que desde hace 20 años en México “estamos perdiendo derechos para hacernos más competitivos, y no vemos que eso esté beneficiando en la calidad de vida”.

En el foro denominado Alcances del artículo 1 constitucional en las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos y análisis de las  afectaciones de las reformas laboral y educativa, participaron alumnos de todas las normales públicas, además de maestros y algunos padres de familia.

Al final de la exposición, Édgar Cortés explicó que el artículo 1 plantea la incorporación a la carta magna del llamado bloque de constitucionalidad, es decir que los derechos establecidos en los tratados internacionales, aunque no se encuentren en la Constitución, pasan a ser parte de ella.

También indica que si hay varias leyes que tienen que ver con un derecho, siempre se tiene que elegir aquel que proteja de la mejor manera, además, que todas las instancias de gobierno están obligadas a promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Asimismo, la nueva Ley de Amparo establece el respeto a los derechos humanos en toda su magnitud, “si hay violaciones a los derechos humanos, si la autoridad no cumple con su responsabilidad y se amplía la posibilidad de amparos a terceros, si están en un grupo potencial de recibir un daño, con amparos colectivos”.