Piden huelguistas del Tropicana la intervención del gobernador

Salvador Serna

“Solicitamos la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero porque el subsecretario estatal del Trabajo, Gilberto Cueva González, nos quiere despojar del predio desde agosto. Si el gobernador no nos hace caso, posiblemente vamos a tomar medidas más extremas, como una huelga de hambre, con tal de defender nuestra fuente laboral” dijo ayer el mesero del restaurante Tropicana, Lauro Salinas Nava.
El viernes al mediodía, personas desconocidas que dijeron ser ingenieros y sin mostrar identificaciones, ingresaron sin permiso al interior del restaurante, que a decir de los obreros, pretendieron desalojarlos del inmueble pretextando una remodelación del lugar. Lo anterior dio lugar a un zafarrancho verbal entre ambos grupos.
Una vez calmados los ánimos y con la finalidad de convencerlos, los supuestos ingenieros, a nombre de funcionarios como el subsecretario estatal del Trabajo, Gilberto Cueva, y de la presidenta de la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Maribel Murga Solís, les ofrecieron 50 mil pesos a los trabajadores, según informaron los huelguistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Actualmente, la deuda por salarios pendientes y caídos del gremio de los meseros es de un millón 100 mil pesos, mientras que la de los músicos es de un millón 400 mil pesos. Además, al predio en disputa, le sigue llegando todo tipo de correspondencia, desde requerimientos de pago del Seguro Social, Infonavit, Servicio de Administración Tributaria así como también estados de cuenta bancarios y recibos de pagos de servicios de luz y agua.

Advierten de huelga de hambre porque son violentados sus derechos laborales

Junto con otros compañeros sindicales, que desde el año 2009, apoyan el movimiento de huelga en el restaurante Tropicana de playa Suave, los trabajadores mencionaron que entre las posibles medidas extremas para lograr una solución de corto plazo, “sería el de realizar una huelga de hambre para que Ángel Aguirre (Rivero) nos haga caso y nos conceda una cita por medio de su secretario Everardo García porque nuestros derechos están siendo violentados” expreso Salinas Nava.
Del restaurante en mención, que inició a funcionar en 1982 y que 10 años después fue ocupado como locación oficial para la grabación de algunos capítulos de la telenovela Muchachitas producida por Televisa, ya no queda algo que rescatar para vender y poder liquidar a los obreros.
Al observarse en su interior, no hay sillas, ni mesas, ni refrigeradores y tampoco instalaciones eléctricas. Solo están una vieja pantalla gigante que mostraba videos y lo que solía ser la taquilla de eventos especiales, como aquellos conciertos que dio la cantante Laura León a mediados de los años ochentas.
“Son 26 años de trabajo más cuatro años de huelga. De plano, la patrona Emilia Pavón Vega no nos quiere liquidar porque el derecho de concesión del predio del restaurante ya está vencido, y al parecer, todo mundo, gobierno y particulares, quieren el terreno para explotarlo”
Agregó que hace un año quisieron fundar una cooperativa de trabajadores y que la  Semarnat los estaba apoyando pero que “inexplicablemente, el Ayuntamiento de Acapulco está poniendo las trabas, y luego, con la intervención de Gilberto Cueva al ofrecernos 50 mil pesos para retirarnos del lugar pues no son cosas correctas” expresó Salinas Nava.
Otros huelguistas señalaron que pedirán la intervención del diputado local Rodolfo Escobar Ávila, “porque el sí es cetemista de corazón porque fue garrotero y mesero, por eso comprende a la clase trabajadora” dijo el delegado de la sección 40 de la CTM, lamentando que, por su lado, el sindicato cetemista de los músicos dirigido por Fiko Ayala Serrano “al parecer ya se arregló unilateralmente con Gilberto Cueva porque Fiko no está apoyando a nuestro líder Raúl Lobato Valdeolívar, lo abandonó en plena lucha sindical”.
Finalmente, los huelguistas del restaurante Tropicana mencionaron que pedirán la asesoría de la asociación civil Frente de Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT) para impedir que funcionarios del gobierno del estado y empresarios particulares “que son terceros ajenos al actual conflicto de huelga, pretendan desalojarnos del predio y quitarnos nuestra fuente laboral”, finalizó Salinas Nava.