El Ejército justifica su presencia en las calles para mantener la militarización del estado: Manuel Olivares

Lourdes Chávez

Chilpancingo

No es creíble que el Ejército haya dejado de cometer abusos a los derechos humanos y que ahora se apega a derecho, dijo el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, por la declaración del comandante de la 35 Zona Militar, Manuel Rico Gámez, quien aseguró que no hay quejas contra la milicia este año, y en 2012 sólo hubo dos que no prosperaron por destrucción de plantíos de estupefacientes.
La declaración del militar se dio en un recorrido a reporteros a la Sierra del municipio de Heliodoro Castillo, donde Rico Gámez informó que Guerrero sigue siendo uno de los mayores productores de droga a pesar de la permanente destrucción de plantíos.
Olivares Hernández también cuestionó que el comandante de la Novena Región Militar, el general Genaro Fausto Lozano Espinoza, llame de manera sutil a la guerrilla “gente resentida históricamente”.
Dijo que cuando la sociedad está dividida y los que no tienen nada deciden organizarse, el gobierno los criminaliza y judicializa sus demandas.
Insistió en que la presión y la lucha social aumentan en la medida en que el Estado mexicano no defiende sus derechos.
Por ejemplo, señaló que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) documentó que la pobreza extrema creció en México en 800 mil personas en 2009, y hace dos días la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mújica Morga, pidió incorporar a la Cruzada Contra el Hambre del gobierno federal, a los 81 municipios de Guerrero.
En consulta telefónica, el defensor de derechos humanos insistió en que cuantos más militares haya en la Sierra y en la Montaña, habrá más violaciones a los derechos humanos, y si no hay quejas es por temor, “porque siempre, después de una violación, de una detención arbitraria y de la tortura, está la amenaza de regresar a acabar a quien presente una denuncia”.
Aseguró que la estrategia de guerra del gobierno federal busca dar una salida militar al problema de la pobreza, “cree que combatiendo a los pobres se va a acabar la siembra de estupefacientes, pero no es así  como se va a acabar con este problema, que tiene que ver con la falta de oportunidades, la desesperación de vivir para tener qué comer”.
Reiteró que la militarización del territorio no es la solución a los conflictos que se viven en la Sierra o en cualquier otro lugar en el país.
Aseguró que si se conoce más de cerca las comunidades, se sabrá por qué se rechaza la presencia de los militares, principalmente donde ha habido violación a los derechos humanos, “tan es así que hace unos días el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (Opim), Cuauhtémoc Ramírez, denunció la incursión de soldados en las localidades donde fueron agredidas sexualmente Inés Fernández y Valentina Rosendo”.
Asimismo, señaló que los desplazados por la delincuencia organizada a Puerto Las Ollas, en la Sierra de Coyuca de Catalán, no olvidan que el 2009 hubo una incursión y agresión de parte de los militares, por lo tanto “es poco creíble que haya disminuido la violación de los derechos humanos y los militares actúen con apego a derecho”.
Insistió en que para terminar con la producción de estupefacientes en el estado se requieren programas integrales de desarrollo, diseñados con la participación de la gente afectada, no con cruzadas contra el hambre o la repartición de despensas y pacas de lámina, las mismas que se distribuyen en elecciones.
A pesar de que el gobierno y los mandos militares coinciden en estos planteamientos, consideró que son sólo declaraciones mediáticas, porque no existe una política clara de atención integral.
“Vemos muchas declaraciones en torno a los desplazados por la violencia y la delincuencia organizada en Puerto las Ollas, en el afán de no reconocer que la capacidad del gobierno ha sido rebasada, porque no garantizó la seguridad de la población, y tampoco castigó a quienes están provocando los desplazamientos”, dijo.

Sobre la guerrilla

Por otro lado, sobre la declaración del comandante de la Novena Región Militar, el general Genaro Fausto Lozano Espinoza, quien afirmó que en Guerrero hay guerrilla y muchos cárteles de la delincuencia organizada en disputa de los mercados de consumo, Olivares Hernández consideró que con esa visión intenta justificar la mayor militarización e injerencia del Ejército en seguridad pública en Guerrero, que compete a las autoridades civiles, “si bien es cierto que no hay confianza en los cuerpos policiacos, los militares tampoco garantizan la protección a la ciudadanía”.
Insistió en que el general intentó justificar el estado de sitio y de excepción de derechos para perpetuar la permanencia de los militares en las calles, “y aparejado de que es una estrategia para inhibir la protesta”.
Tan es así que en un traslado de Cruz Grande a la población de Las Mesas, en el municipio de San Marcos (un trayecto de poco más de una hora en automóvil), había cinco puestos de control militar.
En cuanto a la precisión del general sobre la guerrilla, quien dijo que “no le llamaría guerrilla, le llamaría gente que tiene un gran resentimiento social”, el luchador social añadió que es una forma sutil de referirse a la guerrilla, “pero al fin de cuentas, quiérase o no, tenemos una sociedad dividida, y en México están reportando más de 800 mil personas en pobreza extrema, y si ellos deciden organizarse, el general va a decir que son resentidos sociales”.
Aseguró que el hambre y las necesidades en la población de Guerrero y todo México son históricas y por lo tanto hay una inconformidad latente, “pero cuando la población se organiza y exige mediante movimientos el cumplimiento de sus derechos humanos, el gobierno tiende a criminalizar y judicializar las demandas sociales; pero la presión social o de la lucha aumenta en la medida que el Estado mexicano no defiende esos derechos”.