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Insiste Figueroa Smutny y afirma que en municipios de Costa Chica “no manda Ángel Aguirre”

Karina Contreras

Por segundo día consecutivo en su cuenta de Facebook, el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny arremetió contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por negociar con los grupos de autodefensa, y subrayó: “En esos municipios el gobernador no manda. ¿Hasta cuándo se seguirá negociando la ley?”
Durante el transcurso de la mañana, Figueroa Smutny subió varios mensajes a su página de Facebook, donde dijo primero: “La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella. Si ésta se demora es debilidad de un gobierno y deshonra de un pueblo”.
También escribió que “En Tecoanapa no manda Ángel Aguirre quien manda y decide es Félix Rosas a pesar de estar violando un sinnúmero de leyes y mantener gente secuestrada. Cuánto tiempo falta para que ese ejemplo se multipliqué en el estado y el país?”, en referencia al dirigente del movimiento de autodefensa del municipio de Tecoanapa.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local cuestionó al gobierno de Aguirre Rivero: “¿Cómo piensa el gobierno del estado hacer un juicio justo a los retenidos (secuestrados) por la autodefensa cuando se han violado flagrantemente sus derechos humanos y garantías individuales? Saldrán libres inmediatamente!! La ley no es ni debe ser negociable!!”
También pregunta: “¿Cuánto va a pagar el gobierno del estado como rescate para liberar a los retenidos (secuestrados) por la autodefensa? En esos municipios el gobernador no manda. Hasta cuándo se seguirá negociando la ley?”
El diputado local priista se ha caracterizador por utilizar esa red social para arremeter contra los políticos, como ya lo hizo contra sus compañeros de partido Manuel Añorve y Héctor Astudillo.
El mismo método utilizó contra el alcalde Luis Walton Aburto y ahora lo hace contra el gobernador Ángel Aguirre, con quien mantuvo cercanía durante la confrontación con sus compañeros diputados.
Los ataques al gobernador Aguirre se dan luego de los acuerdos del pasado miércoles 6 de febrero con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el dirigente de la UPOEG, Bruno Placido Valerio, en el Distrito Federal, donde acordaron la primera entrega de un grupo de detenidos al gobierno del estado.
Alrededor de las 4:40 de la tarde el diputado local escribió otros cinco párrafos de lo que considera “son los elementos que dan base a lo que ya he comentado anteriormente, consideré pertinente hacer una breve reflexión de las opiniones que he vertido”, y agrega que cada quien saque sus conclusiones.
Inicia su escrito diciendo que en las últimas fechas el estado de Guerrero ha sido el escenario de diversos movimientos sociales que han tenido muy diferentes causas y objetivos.
Subrayó que los problemas se han venido en cascada y están “los asesinatos de líderes ecologistas y comuneros, los desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán, los levantamientos armados de autodefensa, la severa crisis entre grupos que parecieran antagónicos como la CRAC y la UPOEG, y en todo este complejo panorama lamentablemente el gobierno pareciera que ha sido solamente un testigo del desplome más que un actor que lleve las riendas en cuanto a cumplir con el reclamo generalizado de brindar seguridad y justicia”.
Figueroa Smutny señaló que la causa de los levantamientos de autodefensa es por todos conocida, y “con el consabido riesgo de ser criticado me atrevo a decirlo claramente: es potestad del gobierno procurar la justicia, para ello es que cuenta con todo un andamiaje legal e institucional para dar cauce a ese reclamo, esa es precisamente la fortaleza del Estado: vivir bajo el imperio de la ley”.
Indicó que la participación de la sociedad es vital para quienes “deseamos vivir en un gobierno democrático y fuerte, los movimientos sociales tienen una importancia como actores sociales que no puede ser negada: canalizan las demandas del clamor social y son agentes del cambio social. Todo esto es claro: la sociedad debe participar, pero usurpar las funciones no es el camino, aunque impartir justicia con demora o regateo tampoco lo es”.
Dijo que el tema es de verdad mucho muy complejo, pero las “repercusiones por la inoperancia de los actores que deben intervenir tendrá un impacto muy profundo en perjuicio de nuestra sociedad. No actúo en defensoría de probables infractores de la ley, la cuestión es en un término más pragmático: que la forma de la detención de estas personas y puesta a disposición de la autoridad competente no sea causa de un proceso penal viciado de origen con los resultados ya por todos sabidos”.
Ejemplificó que hace unas semanas se juzgó un proceso más que la determinación de culpabilidad de un sujeto, la determinación de la autoridad causó conmoción a nivel nacional, pues dijo que  la justicia por mano propia no es ni será “un buen ejemplo” que otros deban tomar, pero es claro que hay una falla imputable por hacer mal las cosas, o en definitiva por no hacer nada.
Indicó que es muy polémico hablar de la figura del Estado fallido y agregó que en términos simples, aunque no consensuados por quienes hacen análisis político, se habla de un Estado fallido cuando existe un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, existen refugiados y desplazados al interior del territorio, así como una marcada degradación económica.

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