Jesús Mendoza Zaragoza

Autodefensa, movimiento social
y no violencia

En la medida en que se desarrollan las acciones del movimiento de autodefensa armada en la Costa Chica de Guerrero, van apareciendo aspectos que necesitan ser analizados y valorados por los propios protagonistas, por la sociedad y por el gobierno. Este fenómeno tiende a reproducirse en otras regiones del país. Hay indicios de ello en Tabasco, Campeche, Oaxaca y Michoacán. Y hay la posibilidad de que la autodefensa se vaya extendiendo entre los pueblos y las comunidades que viven cotidianamente amenazadas por la inseguridad y la violencia. Y esto trae consigo expectativas y riesgos. Sí, donde se hace valer la fuerza de las armas, se incrementan los riesgos de ser utilizadas no solo para la autodefensa sino para otros fines muy distintos.
Ya he señalado en entregas anteriores el riesgo que entraña el uso de las armas en este tipo de expresiones sociales y que solo pudieran justificarse en un momento de emergencia para la legítima defensa. En este caso, tiene que hacerse un análisis y una valoración del tiempo de la emergencia para decidir que ya no se justifica el uso de las armas.
Otro es el caso de la Policía Comunitaria, que no está clasificada como movimiento de autodefensa. Ésta ya está institucionalizada entre los pueblos indígenas, con reglamentos y mandos bien establecidos y amparados por las asambleas de los pueblos presididas por sus autoridades locales. La Policía Comunitaria que depende de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es un sistema de seguridad y de administración de justicia que ha sido eficaz y goza de legitimidad social. La Policía Comunitaria, como corporación de seguridad de los pueblos cuenta con armas y con una regulación del uso de las mismas, de manera que no presenta mayores riesgos.
La confrontación que se ha manifestado entre la CRAC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), parece ser un conflicto de liderazgos y de estrategias. Sería una pena el que no pudiera resolverse este conflicto entre estas dos expresiones de la sociedad civil que cuentan con un capital social y ético. Las dos son necesarias y complementarias y representan opciones legítimas y valiosas que son observadas en el país como respuestas sociales ante la inseguridad y la violencia.
Lo valioso de la autodefensa es que ha dado cauce a una aspiración masiva de los pueblos amenazados por organizaciones criminales y ha desatado una amplia participación social. El hecho de que los pueblos, acompañados de sus autoridades locales como comisarios y comisariados, se hayan movilizado para frenar las acciones criminales se inscribe en la necesidad de la participación ciudadana para que haya justicia. En este sentido, si ya se despertó esta movilización social se requiere que evolucione y se organice democráticamente para que se continúe el esfuerzo a favor de la seguridad y de la justicia, dentro del marco del desarrollo integral de los pueblos. Sería una pena si este movimiento social se desactivara y quedara como llamarada de petate. Sin las armas en la mano, este movimiento tendría mucho futuro. Con las armas, muy rápido de manifestarían otras amenazas.
De hecho, la autodefensa ha apostado por la vía pacífica. Ha opuesto resistencia a los grupos criminales y ha hecho el trabajo que debiera corresponder a los cuerpos de seguridad oficiales. Esto ha provocado que se ubicara ante un dilema: o juzgar a los detenidos, para lo cual no tiene facultades o entregarlos a la autoridad competente que no es confiable ni eficaz. El caso es que hasta la fecha no ha asumido un papel violento ni de revancha. Esto es digno de valorar.
¿Cuál es el futuro de este movimiento que, con armas rudimentarias, ha hecho un digno papel para frenar a la delincuencia organizada? Su futuro implica una evolución como un movimiento no violento capaz de obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en el tema de la seguridad, primero, y en otros temas que afectan el desarrollo de los pueblos. Esto puede implicar la creación de policías comunitarias o ciudadanas amparadas por los pueblos y por las legislaciones correspondientes. Este movimiento tiene que detonar el fortalecimiento de la sociedad civil en el ámbito de los pueblos indígenas y de la población mestiza.
En este sentido, la combatividad que han mostrado los pueblos organizados, los liderazgos comunitarios y de las autoridades locales, es una riqueza que tiene que preservarse para continuar impulsando sus legítimas demandas y para estar en condiciones de negociación con los poderes públicos en favor de las comunidades. Esta combatividad propia de estos pueblos es un ingrediente necesario de los métodos no violentos que han probado su eficacia en el mundo. La desobediencia civil y la no cooperación, como herramientas no violentas suelen tener impactos políticos y sociales cuando se dan las condiciones requeridas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha asumido este método de lucha para empujar sus demandas como la Ley General de Víctimas y todo lo que viene detrás de ella.
La no violencia como estrategia de lucha, tal como la promovía Gandhi, requiere el cultivo de capacidades éticas y espirituales, requiere de organización y de una visión a largo plazo, requiere de esfuerzos colectivos y de liderazgos vinculados íntimamente a las comunidades. La autodefensa de los pueblos de la Costa Chica puede transformarse en una organización civil que visibilice la postración de los pueblos y que visualice un futuro digno de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas.