Marcha la CRAC contra el decreto para reglamentar a las policías comunitarias

Mariana Labastida

San Luis Acatlán

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Policía Comunitaria (PC) y diferentes organizaciones sociales rechazaron el decreto de ley que promueve el gobernador Ángel Aguirre Rivero para reconocer a las policías comunitarias.
Los policías comunitarios marcharon de las instalaciones de la Unión de Ejidos Luz de la Montaña a la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, donde quemaron de manera simbólica la propuesta de decreto y advirtieron que el proyecto fracasó y enfatizaron que su reglamento interno es el Sistema de Justicia que México necesita.
Ahí, el coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, insistió en que respetan los movimiento armados de las comunidades, pero no avalan las acciones de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Insistió en que incluso la Policía Comunitaria es un proyecto en construcción, con legitimidad por su proceso en las comunidades y no requieren de un decreto para ello.
El encuentro estatal en defensa de las policías comunitarias empezó en la bodega cafetalera de la organización Luz de la Montaña, a 8 kilómetros de la cabecera de San Luis Acatlán en la carretera a Tlapa, ahí el coordinador, Pablo Guzmán expuso las razones de la inconformidad con lo que se establece en el decreto del gobernador, para salir luego en marcha a la Casa de Justicia de la CRAC.
Al frente de la marcha los coordinadores iban con una manta en la que se leía: “rechazo total al intento del gobierno estatal de desconocer nuestro sistema comunitario ¡viva la CRAC-PC!”, “exigimos respeto a nuestra institución comunitaria ¡no queremos decreto, ya tenemos nuestro reglamento interno!”, se leía en otra y “cancelación de proyectos mineros en territorio comunitario ¡fuera las mineras!” expresaban en una tercera.
Al principio iban en silencio, sólo ambientados por cortos tramos con música de banda, al entrar al pueblo de San Luis Acatlán, por el barrio de Playa Larga, para pasar por el mercado y el Zócalo camino a la Casa de Justicia, empezaron las consignas encabezadas por la representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), “país petrolero y el pueblo sin dinero”, “vea, vea que cosa tan bonita, el pueblo se une por todas sus conquistas”, “el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo callado jamás será escuchado”, “si Genaro viviera con la CRAC anduviera” y “rechazo total a la reforma criminal” se escuchó en el último tramo de la marcha.
El comandante Eliseo Villar Castillo leyó la postura de la CRAC-PC en relación con el decreto del gobernador con el que se pretende reconocer a la Policía Comunitaria, y consideró como un agravio “emitir un decreto que prácticamente desconoce lo ya establecido en la Ley 701, que desconoce en todas sus partes a nuestro sistema comunitario”.
“Rechazamos absolutamente, en todas y cada una de sus partes, el decreto del gobernador para reglamentar a nuestra Policía Comunitaria, reclamamos el respeto a nuestro reglamento interno y exigimos la plena validez y vigencia de la ley 701”, puntualizó el comandante.
Recalcó que con el texto, el gobierno del estado muestra su interés en desarticular el sistema comunitario, “pues prohíbe prácticamente todo lo que hacemos y que se ha construido con grandes sacrificios”.
Asimismo, llamó a “los poderes del estado a rectificar su actitud y evitar este tipo emplazamientos a los pueblos”, y llamó a los diputados “honestos” del Congreso local a rechazar el decreto y proponer mecanismos de diálogo y consulta para elaborar leyes que recojan “las esperanzas e iniciativas de la población”.
Villar Castillo enlistó que el decreto, en el artículo 9, dice que queda prohibido a la Policía Comunitaria y a las propias comunidades, que realicen detenciones fuera de los casos de flagrancia o cumplimiento de mandatos por escrito de autoridades ministeriales o jurisdiccionales; emitir órdenes de detención o aprehensión; retener a las personas detenidas en flagrancia por más tiempo del estrictamente necesario para ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales o jurisdiccionales competentes; realizar cateos u otras diligencias fuera de los casos de auxilio que legalmente están obligados a proporcionar a las autoridades competentes.
También prohíbe impedir el libre tránsito de personas en caminos y vías públicas; procesar o enjuiciar a las personas que hubiesen detenido por la probable comisión de algún delito; imponer sanciones por la probable comisión de delitos o faltas; y aplicar medidas, métodos o procesos de reinserción social o reeducación en faltas que vayan más allá de los bandos de policía y buen gobierno; en caso de no respetarse serán sancionados indica el texto del decreto.
El comandante expuso que la CRAC-PC está dispuesta a dialogar para el desarrollo de las comunidades, y en ello está implícito el respeto a nuestra cultura y recursos naturales, que implica la cancelación de los proyectos mineros en nuestro territorio comunitario y en el resto del estado y del país, “exigimos la cancelación de las concesiones para la explotación minera y el saqueo de nuestros recursos minerales y naturales”.
Manifestó el respeto y admiración a los pueblos de otras regiones del estado que se han levantado en contra de la inseguridad, injusticia e impunidad, y agradeció a los pueblos y organizaciones por su solidaridad.
Minutos después de haber terminado de leer el documento, nuevamente Villar Castillo pidió el micrófono y pasó al frente, junto a policías comunitarios, quienes hicieron una fogata frente a ellos donde quemaron de manera simbólica el decreto del gobernador, así se leía en la hoja de portada del montón que echaron al fuego.
“Nuestro proyecto comunitario no le pide nada al proyecto del gobierno, es un proyecto bien establecido y desde aquí le decimos que vaya abriendo los ojos, y simbólicamente aquí quemamos esta basura del gobierno y que vaya viendo que el reglamento de la Policía Comunitaria es el sistema de justicia que México necesita porque a lo largo de los 17 años de trayectoria de nuestro proyecto no hay fracaso, existe respeto, democracia y la paz”, dijo el comandante, quien reprochó que se estén burlando de ellos al querer imponer el proyecto.
Enfatizó que los pueblos indígenas defenderán el proyecto de la Policía Comunitaria, que el sistema del gobierno es el que ha llevado a que la gente más humilde sea intimidada por la delincuencia organizada por estar coludidos con las autoridades, por eso no dejarán que les impongan sus leyes, “estamos de acuerdo con enriquecerlo, pero no a cambiarlo por el proyecto del gobierno”, aseguró que están alertas porque saben que los ofrecimientos del gobernador son sólo para distraerlos y darles “la puñalada por la espalda”.
El coordinador del Consejo Regional de la Costa Chica, David Bracamontes Chota, enfatizó que la Policía Comunitaria “es una institución que merece nuestro apoyo y respeto”, porque no muchos pueden dar ejemplo de sistema democrático; recordó que a la reunión regional del 23 se llegará con la injerencia del gobierno que quiere desaparecer la CRAC, aunque la forma sensata y democrática con lo que se buscó resolver el problema es siempre con el consenso de las comunidades.
Enfatizó que el gobernador ha conseguido que los de la UPOEG ayuden a desaparecer el proyecto comunitario, resaltó que el gobierno estatal y federal están preocupados por el sistema que “gana cada día más adeptos”, no sólo en el estado sino en el país, por ser un ejemplo vivo de que se puede crear un poder del pueblo, haciendo ver a la autoridades como unos “inútiles” en la tarea de salvaguardar a las personas y bienes de los mismos.
Bracamontes Chota dijo que no será raro escuchar voces de quienes piden al Ejército desarmar a la CRAC, así como también policías comunitarios que no se identifican, lo que puede dar pie a grupos paramilitares, por eso “es urgente que la CRAC con el apoyo de muchas organizaciones se plantee además del cambio de autoridades, dar a conocer de manera más amplia en qué consiste el proyecto de la Policía Comunitaria para que la gente no se deje engañar y que se dé a conocer en México y el extranjero los intentos de Aguirre Rivero de controlar a la CRAC como única respuesta del gobierno ante su propia incapacidad por combatir a la delincuencia”.
El vocero de la CETEG, Minervino Morán Hernández, manifestó su apoyo a la Policía Comunitaria, expuso que los maestros saben que los intentos por destruir el sistema comunitario han sido desde hace años desde fuera, y actualmente lo están haciendo desde dentro, por ello “rechazamos la pretensión de la política de Aguirre Rivero de golpear a la CRAC, no nos tragamos el cuento de legalizar a las policías comunitarias cuando sabemos que son legítimas y legales basadas en la Ley 701 y artículo 39 de la Constitución, no se necesitan ese tipo de leyes que quieren imponer”.
Resaltó que el sistema de justicia de las policías comunitarias es un ejemplo a seguir, es una esperanza para los pueblos que hay que llevar a todos los sectores de la población, “por eso nosotros los vamos a defender, porque la justicia que tenemos es una justicia que se vende, que se compra, es una justicia corrupta, la justicia oficial y la seguridad también, por eso los pueblos están tomando en sus manos su destino”; dijo que los que sean divisionistas harán el juego al gobierno que pretende desvirtuarlo.
Aprovechó para exponer la situación de la reforma educativa y la educación en cuanto a las escuelas privadas, recordó que se están movilizando e informó que a partir del 25 de febrero se irán a paro indefinido de labores, “ojalá que la CRAC se pronuncie y vayamos juntos a defender la educación pública”, pidió.
Del Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Benjamín Sandoval Melo, expuso que el sistema comunitario es un proyecto de alternativa para el país, y llamó a crear un gran frente de defensa del mismo y garantizar la autonomía y soberanía de las comunidades.
El coordinador, Pablo Guzmán expuso el problema que existe con la UPOEG, la cual, insistió, se dio a raíz de no avalar el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa,  y el hecho de no tener un marco legal para la detención de ciudadanos.
Insistió en que la CRAC y la Policía Comunitaria son respetuosas del movimiento encabezado por la UPOEG, porque son formas de trabajo distintas, mientras la CRAC resuelve sus necesidades por ella misma, sin que le ayude el gobierno, otros pueden tener el apoyo.
Por su parte, el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández expuso que temen que la asamblea regional convocada para el 23 de febrero se violente por los representantes de la UPOEG, como ha ocurrido en las últimas reuniones, ante el interés de imponer a las autoridades comunitarias.
Al encuentro también acudieron regidores de Tlapa, quienes expusieron que iban a conocer más del sistema de la Policía Comunitaria con la intención de integrarlo en su municipio, debido a que el levantamiento armado de Chiepetepec, dijo, es impulsado por la UPOEG, y consideró que está destinado al fracaso, porque no nació de las necesidades de la comunidad.
En el encuentro participaron representantes de organizaciones como Sipaz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, Luz de la Montaña, Coordinadora de Alianza de Mujeres, Frente de comunidades de Xochistlahuaca, Consejo de Vigilancia de Silvicultores de Guerrero.