No permitirán que empiece la obra del Macrotúnel, acuerdan ejidatarios de El Cayaco

Yee Trujillo

En una asamblea en la que predominaron los reclamos de ejidatarios del poblado El Cayaco porque no se les ha informado el paradero de 4 millones de pesos que el gobierno del estado entregó por la primera venta de terrenos para el proyecto del Macrotúnel, así como señalamientos entre ex comisarios, gritos y golpes, ayer los asistentes acordaron que no permitirán que la obra comience y se cerquen los predios hasta que les paguen las ocho hectáreas que serán afectadas, y que el terreno de El Mangal será vendido al gobierno en mil pesos por metro cuadrado.
A minutos del inicio de la asamblea en la que participaron unas 60 personas, mientras los ejidatarios exigían que el ex comisario Alberto Ávila González o el comisario Crispín Castillo Ortiz explicaran qué se hizo con 4 millones de pesos que recibió el primero del gobierno del estado, molesto ante las críticas y los señalamientos, uno de los hijos de Ávila González se abalanzó contra otro ex comisario tirándolo al piso entre la gente y golpeándolo en repetidas ocasiones, secundado por su hermano.
Minutos antes la familia del ex comisario también había discutido con otra ejidataria que exigía que dijera qué hizo con el dinero, y con el propio comisario porque les pidió que salieran del lugar por no ser ejidatarios ni sucesores preferentes.
La trifulca en la comisaría terminó instantes después cuando Ávila González controló a sus hijos y los policías municipales que vigilaban desde fuera entraron a ver qué pasaba, aunque no hicieron más que observar el hecho y quedarse en el lugar durante unos minutos.
Sin importar que unos 20 ejidatarios salieron corriendo del lugar y la mayoría pedía a gritos que la asamblea fuera cancelada, el comisario dijo que se debía de continuar hasta que se agotaran todos los puntos por ser una asamblea de segunda convocatoria.

Dinero que no aparece

En relación dinero de la venta de 18 mil metros cuadrados para el Macrotúnel y los pagos que se realizaron, Castillo Ortiz reconoció que ha habido muchas controversias sobre quién se lo quedó, y aseguró que Ávila González le entregó un millón 800 mil pesos, más 500 mil pesos por la venta de sus lotes, pero que como apoderado legal se quedó con 4 millones del primer pago, lo que fue negado por el ex comisario quien dijo que la información no era clara y que ambos estuvieron de acuerdo en que él recibiera el dinero.
“El 25 por ciento eran 2 millones y fracción, y de los 21 lotes era un millón 400 y fracción, sobraban 700 mil pesos y esos se iban a repartir”, e insistió en que él no se lo llevó, que el acta de asamblea en la que se convino el pago está amañada y que el comisario falsificó firmas para presentarlas al Registro Agrario Nacional, pero lo ejidatarios comenzaron a interrumpirlo diciendo que ellos no querían hablar de eso, que querían que les dijera qué hizo con los 4 millones de pesos.
“Contesta, todos queremos saber dónde está el dinero”, “¿dónde quedaron los 4 millones que te chingaste?”, “las cuentas eran mancomunadas, total, si él se lo llevó y se lo gastó que diga pues”, “eso es lo que queremos que nos expliques, en qué gastaste esos cuatro millones”, “todos merecemos respeto, los demás asuntos después”, le gritaban los ejidatarios, y también reprocharon que el comisariado le haya permitido que recibiera este dinero, lo que originó discusiones y después ocurrió la pelea.
Ávila González propuso que se haga una investigación en las cuentas bancarias, pues aseguró que de los 5 millones de pesos que el gobierno del estado le entregó al comisario solamente se repartió un millón y medio a “algunos” afectados.
Aseguró que la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, es “la peor enemiga de los ejidatarios”, que el comisario debió entregarles 25 mil pesos y no 15 mil a cada uno por la venta de otro terreno, pero los ejidatarios le reviraron que él ha ofrecido dinero a otros “para hacerlos a un lado” en el conflicto.
Sin embargo, no se aclaró qué pasó con los 4 millones de pesos y el comisario demandó que Ávila González entregue una relación de a quién le otorgó dinero y cuánto fue porque el dinero pendiente se tiene que repartir, e indicó que aquellos que quieran saber qué se hizo con el dinero que él administró pueden pedirle una copia.
En relación al terreno de El Mangal, que también será afectado por la obra del Macrotúnel, la asamblea acordó que cada uno de los 5 mil metros cuadrados tendrán un costo de mil pesos para repartir el total entre los 98 ejidatarios, y que no aceptarán una oferta menor por parte del gobierno, aunque el ex comisario criticó que este no es un buen precio porque valen 2 mil 200 pesos.
El comisario también informó que la segunda y tercera venta de las cinco hectáreas restantes se harán directamente entre los ejidatarios y el gobierno del estado o la empresa constructora, pero acordaron que las negociaciones se hagan en la comisaría para no dejarlos en estado de indefensión y no tengan que ir a las oficinas de gobierno solos.
Ante los señalamientos de varios ejidatarios que contaron que el gobierno del estado ya cercó sus terrenos, colocó portes o los utiliza para el paso de la maquinaria sin haberles pagado la indemnización, el comisario aseguró que no permitirá que esto continúe, que esta semana arrancarán los postes porque son más de nueve colonias las que están incluidas en el ejido y van a intervenir si es necesario, “varios” terrenos no han sido pagados por el gobierno del estado y además no existe ningún convenio entre ambas partes.
En este sentido, la asamblea acordó que no permitirán que la obra comience hasta que el gobierno del estado les pague las ocho hectáreas completas que serán afectadas, y coincidieron en que nunca debieron permitir que las máquinas pudieran pasar. “Se supone que nosotros debemos poner las condiciones, no ellos, son nuestros terrenos”, gritó uno de los ejidatarios que no han recibido el pago.
Castillo Ortiz dijo que a cambio de la venta de terrenos también pedirán obras que beneficien al ejido como el desazolve de un canal del sistema de drenaje, que se construyan plantas tratadoras de aguas negras y se pavimenten algunas calles.
Además, hablaron de los vecinos de la colonia El Zarco, -quienes después de manifestarse porque eran amenazados con ser desalojados si no vendían sus terrenos para el Macrotúnel, a finales de enero acordaron con Mora Patiño que negociarían los pagos-, y pidieron que Castillo Ortiz no continúe firmando las negociaciones como aval del ejido para la venta.
Otro de los ex comisarios presentes dijo que el gobierno del estado también deberá entregar al comisariado un 10 por ciento de lo que se pague a los habitantes de El Zarco porque sus escrituras no son válidas para vender los terrenos y necesitan los documentos del comisariado ejidal, lo cual fue asentido por el comisario.
También hubo discusiones porque Ávila González “ha hecho lo que ha querido”, porque en el terreno de El Mangal se adjudicó mil 600 metros cuadrados, hizo ejidataria a una mujer que no está reconocida por el Registro Agrario Nacional, apoya a un hombre llamado Lidio que reconoció como ejidatario “por sus servicios al ejido” para recuperar terrenos y ha intentado despojar a unas ejidatarias de sus parcelas, y falsificó firmas de un acta de asamblea que supuestamente se realizó mientras el comisario estaba hospitalizado en septiembre del año pasado.
Finalmente, Castillo Ortiz propuso a la asamblea que se autorice que contrate a alguien que lo asesore legalmente porque él no es abogado, y además hace unos días le llegó un citatorio por una demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) pero desconoce de qué se trate, lo que causó una nueva discusión porque el ex comisario que fue atacado al inicio de la reunión no pagó a unos abogados que contrató durante su gestión y el ejido tiene esa demanda pendiente.
La asamblea que estaba convocada a las 11 de la mañana, y que ya había sido cancelada en dos ocasiones anteriores, comenzó unos 40 minutos después porque el representante de la Procuraduría Agraria, Ramiro Ávila González llegó tarde, y el secretario del comisariado, Germán Hernández Moreno, no se presentó y en su lugar participó su suplente. Las discusiones se prolongaron hasta las 3:30 de la tarde cuando finalmente se dio por terminada la asamblea.