Los detenidos por las autodefensas pueden ser liberados por jueces, advierte la CNDH

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió a los grupos de autodefensa que a partir de las violaciones a los procesos judiciales de los presuntos delincuentes, éstos pueden ser dejados en libertad por los jueces, y que los ciudadanos que tomaron el control de la seguridad en comunidades y municipios por la ineficiencia de las autoridades están “abonando a la impunidad que pretenden combatir”.
Ayer la CNDH difundió un comunicado en el que alerta a los movimientos de autodefensa que las acciones tomadas en contra de la delincuencia organizada (detención y juicios) representan violaciones al proceso judicial que “difícilmente podrá convalidarse por las autoridades ministeriales o los jueces, quienes eventualmente pueden dejar en libertad a personas probablemente responsables de delito, abonando a la impunidad que pretenden combatir”.
La CNDH reiteró por medio de un comunicado de prensa su rechazo a la conformación de grupos de autodefensa, porque afirma que la seguridad pública es una responsabilidad irrestricta de los tres ámbitos de gobierno.
El comunicado publicado en la pagina oficial del organismo público autónomo, que preside Raúl Plascencia Villanueva, inicia con la frase “obligación de las autoridades brindar seguridad a la sociedad”.
El organismo insistió en el escrito su rechazo a los grupos de autodefensa en cualquier parte de la República, porque indica que son los tres niveles de gobierno los responsables de garantizar la “integridad física y patrimonial de la población y el derecho a la seguridad pública, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Lo anterior a pesar de que desde hace 17 años la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) puso en funcionamiento un sistema se seguridad y e impartición de justicia en varios municipios del estado y desde hace ocho meses en Huamuxtitlán ciudadanos se armaron para rescatar a 17 personas secuestradas, acción que se replicó en Olinalá, algunas comunidades de Tlapa, Cualac, Ometepec, San Marcos, Ayutla, Iguala y Tixtla, donde la presencia de los grupos de autodefensa han logrado disipar la incidencia delictiva, como lo reconocen las autoridades entre ellas el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el comunicado se lee que la CNDH “no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población, por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública y debido al inminente crecimiento de estos grupos en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos y el Estado de México”.
A principios de febrero el organismo autónomo pidió al gobernador hacerse cargo de la seguridad del estado para que los ciudadanos no tuvieran que tomar medidas de autodefensa, y delimitó la prevención del delito y la impartición de justicia a las instituciones del Estado, sin embargo las acciones ciudadanas continúan, incluso ayer Tecozintla, El Potrero, El Troncón y Zacazonapa son las nuevas comunidades de Tixtla que decidieron armarse e instalar retenes contra la delincuencia organizada.
En el comunicado se afirma que existen grupos armados “con intereses distintos a la autoprotección”, y manifiesta su “temor” a que éstos quebranten la estabilidad de las instituciones “debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”.
Negó también el derecho de la ciudadanía a defenderse de sus agresores aun cuando las instituciones no cumplan con la función de garantizarles seguridad, “nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno”.
Y precisa que en el artículo 17 de la Constitución se establece que “ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
También en el comunicado, el organismo encargado de defender los derechos humanos limita los derechos de los  pueblos originarios, porque apunta que “los pueblos operan exclusivamente para la resolución de conflictos internos y no pueden contravenir nuestra Constitución, especialmente el respeto a los derechos humanos”.
Plantea el temor de los tres niveles de gobierno al riesgo de que estos grupos armados se extiendan a otros estados de la República, y que estos lleguen a asumir (como en varios municipios de Guerrero) atribuciones de legisladores, Ministerio Público, jueces y eventualmente ejecutores de penas.