Prevé Aguirre castigo penal a responsables de irregularidades en el manejo del erario en el gobierno de Zeferino

“Aquellos que tengan que ser sancionados, lo haremos como la ley lo establece”, advierte el gobernador. Se queja del déficit financiero en la SEG, “de más de 7 mil millones de pesos”, que le impide atender demandas de maestros

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió ayer que no habrá impunidad en el caso de las irregularidades financieras que se han encontrado en las secretarías de Salud y Educación, cometidas durante la administración que encabezó Zeferino Torreblanca, y que de ser necesario se procederá por la vía penal en contra de los responsables.
Y enfatizó que no es su gobierno el que está haciendo los señalamientos de deficiencias generalizadas en ambas dependencias, sino que son los resultados de las investigciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Agregó que la SEG no ha resuelto demandas sindicales y de maestros, pades de familia, alumnos y egresados de las normales en gran medida por esas irregularidades y por el déficit de más de 7 mil millones de pesos que encontró en el sector educativo.
El gobernador dijo lo anterior a reporteros después de que encabezó la ceremonia de arranque de la Campaña contra Incendios Forestales, en las instalaciones de la Subsecretaría de Protección Civil.
Antes había cancelado su asistencia a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde inauguraría un edificio.
En entrevista después, informó que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación están en cauce pero que ya hay un informe, “no del gobernador Aguirre ni de mi gobierno, es simplemente lo que en ejercicios anteriores ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación, y es un órgano rector al que todos debemos apegarnos”.
En este sentido dijo que nadie va a estar por encima de la ley, “obviamente que ahí se desprenderán una serie de acciones que pueden llegar hasta lo penal”, advirtió.
Explicó que el gobierno en ningún momento ha sido omiso, “estamos esperando que órganos como la Auditoría nos diga cuáles son las irregularidades y qué nos toca a nosotros, como gobierno, ejercitar y lo haremos”.
Según el informe de la ASF la administración de Zeferino Torreblanca causó un “probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 727 millones  498 mil 946 pesos”.
Mientras tanto, en la Secretaría de Salud el informe señala que el gobierno de Zeferino Torreblanca hizo una administración “deficiente” de los recursos del Seguro Popular  provenientes de la cuota social y de la Aportación Solidaria Federal y que no ejerció su gobierno 737 millones de pesos.
Al respecto, el gobernador, a pregunta de los reporteros, dijo que el suyo es un gobierno en el que no se tolera la impunidad, “por lo tanto, aquellos que tengan que ser sancionados, lo haremos como la ley lo establece”.
En cuando a las demandas de los egresados de las normales que ayer bloquearon al sur de esta capital en exigencia de plazas, el gobernador dijo que no puede responder a esa demanda, “yo quisiera que tuviéramos más plazas para poder atender estos reclamos, pero desgraciadamente no las hay”.
Informó que por eso esta misma semana irá a la ciudad de México para reunirse con el encargado de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, “para plantearle que nos ayude”.
Explicó que derivado de las “expresiones” en su discurso de la semana pasada, cuando dijo que el encargado de despacho no le quería atender sus llamadas, “hubo la sensibilidad a los pocos minutos y convenimos una reunión de trabajo para esta semana”, pero no precisó el día.
El gobernador insistió en que la SEP ha disminuido los recursos para el estado, y esta vez informó que son más de 500 millones de pesos, aunque agregó que la problemática que hay en el sector educativo es también en gran medida porque “estamos pagando los platos rotos; esta es una situación que se viene arrastrando desde muchos años, como el déficit por el otorgamiento de plazas a diestra y siniestra, pues no se cuidó que parte del aguinaldo tuviera soporte presupuestal, lo que ha generado una crisis terrible en la SEG”.
Insistió que hay, también, muchas plazas en áreas administrativas, “cuando hay un sinnúmero de aulas donde se requieren maestros, esto lo vamos a cambiar, para eso será el pacto por la educación”.
Y añadió que en esto no cederá a presiones, “por el contrario, yo llamo, yo invito, yo conmino, yo invoco a que se tome conciencia de un problema tan grave como el que estamos padeciendo: hoy hay miles de maestros que siguen comisionados”, dijo.
Dijo que, mientras tanto, hay planteamientos de años de maestros que se sienten con el derecho suficiente para ser recategorizados o se les incremente el número de horas, “y simple y sencillamente no tenemos esa posibilidad de atenderlos, simplemente por el déficit que encontramos en la secretaría, de más de 7 mil millones de pesos”.

Acto cancelado en la UAG

La cancelación de la inauguración del edificio en Derecho se debió a una protesta que realizaron los dos grupos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG  (STAUAG), que se disputan la titularidad de las relaciones laborales con la Rectoría.
Primero arribó a la explanada de la Unidad Académica donde se realizaría el acto un grupo de miembros del STAUAG, del comité disidente al que encabeza Anselmo Sotelo Albarrán, alzando pancartas  en las que se leían demandas de 90 días de aguinaldo, dirigidas al gobernador. Otras decían: “Fuera Anselmo”, “Sotelo regresa el dinero”, “señor gobernador los universitarios le pedimos que cumpla los compromisos de campaña”.
Este grupo de universitarios era encabezado por Miguel Cuauhtémoc Jirón Serna, quien dijo que su intención era conversar con el gobernador para plantearle sus demandas, entre ellas los 90 días de aguinaldo.
Media hora más tarde arribó otro contingente, encabezado por Jorge Peto Calderón, miembro del Comité Ejecutivo Central del cual es secretario Anselmo Sotelo Albarrán, y colocó una lona en la calle lateral a la facultad de Derecho, en la que se leían sus demandas de 90 días de aguinaldo, incremento salarial, recategorizaciones y becas académicas y para hijos de los trabajadores.
Ambas protestas motivaron que el gobernador suspendiera su visita al lugar, pues incluso, cuando el primer grupo del STAUAG pretendió entrar a la explanada donde se realizaría la reunión, personal de seguridad del gobernador pretendió cerrarles las puertas, lo que generó inconformidad entre algunos de ellos.
También inconformó a los universitarios la presencia de hombres armados y la intención de algunos policías estatales que pretendieron entrar a las instalaciones universitarias con todo y patrullas y armados.
Al final, el gobernador, quien acudiría primero a las instalaciones de la UAG, se trasladó a la subsecretaría de Protección Civil, donde encabezó el arranque de la Campaña Contra Incendios y tomó la protesta a los brigadistas que participarán en el combate a los incendios forestales.
En cuanto a las demandas que plantearon los trabajadores académicos de la UAG en la explanada de Derecho –donde minutos antes había cancelado su asistencia–, respondió que son demandas que “son de justicia” pero que no está al alcance de su gobierno poder resolverlas.