Pide el comisario de Arcelia, en Azoyú, que el gobierno saque a la Policía Comunitaria

El comisario municipal de Arcelia, municipio de Azoyú, Enrique Rodríguez Liborio, pidió la intervención del gobierno del estado para expulsar a los elementos de la Policía Comunitaria  que resguardan la zona.
En conferencia de prensa realizada en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el comisario aseguró que han recibido amenazas y agresiones por parte de la Policía Comunitaria, quienes según se dijo, están manipulados por el Comisiario Ejidal Francisco Martínes Salazar y los caciques de la comunidad la familia Salas y los Suritas.
Rodriguez Liborio explicó Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) llegaron a la comunidad invitándolos a formar su propia Policía Comunitaria, y que incluso estuvo presente Pablo Gúzman Hernández, Bruno Placido Valerio y Cirino Plácido Valerio.
Relató que no se les tomo protesta a ninguno de los 12 policías comunitarios que operan en la zona, ni tampoco se levanto un acta que identificara a la zona como parte de la CRAC, y no se cuenta con población indígena en la región.
Mencionó que durante el año pasado la policía comunitaria  cerro la escuela primaria por dos meses, y no permitía que los padres pudieran ingresar y mucho menos los menores, además de “correr” a los maestros.
Reiteró que además de esto se han dedicado a pedir cooperaciones voluntarias de mil pesos por familias, con la finalidad de comprar armas para los policías.
Dijo que ante la falta del pago de las cooperaciones voluntarias son amenazados por los policías, diceindoles que les sembraran delitos.
Acusaron que los 12 policías son gente del pueblo pero que siempre han sido conocidos por tener problemas de alcoholismo e incluso algunos han estado en la cárcel.
Aseguró que sólo atienden a la familias de los caciques, y que les sirven para intimidar a los habitantes, por ello solicitan el apoyo del gobierno del estado para que intervenga en la zona, y aseguró que ya se han presentado denuncias en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pero que desde el año pasado no han solucionado las demandas de la población. (Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo).