El gobierno de Aguirre viola la Constitución al avalar la autodefensa, asegura jurista

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El abogado Miguel Carbonell Sánchez afirmó que únicamente los pueblos originarios tienen derecho a gobernarse por usos y costumbres, pero que ese principio no aplica en algunas comunidades mestizas, donde dijo que el movimiento de autodefensa representa una violación a la Constitución aunque los motivos ciudadanos sean justificables.
El constitucionalista fue entrevistado ayer después de que impartió una conferencia magistral sobre la reforma constitucional en derechos humanos, que organizaron estudiantes de la maestría en derecho de la UAG en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Carbonell Sánchez dijo que los movimientos de autodefensa en el estado o en cualquier otra parte de la República están completamente fuera de la ley, porque “la Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano”.
Consideró que los particulares no pueden organizarse para hacerse justicia por su propia mano “sólo porque crean que es su derecho”, a pesar de las causas que motiven a los ciudadanos a tomar medidas drásticas para defenderse.
Reconoció que la causa de los movimientos de autodefensa es el hartazgo social, la desesperación, “el descontento es comprensible y legítimo, y sin duda existe”, pero insistió en que constitucionalmente está prohibida la autodefensa.
Y consideró que la causa es indudablemente la ineficacia de las autoridades, “el fracaso clamoroso de la procuración e impartición de justicia en México”.
Advirtió que la consecuencia jurídica de las acciones tomadas por los integrantes de la autodefensa en lugares como Ayutla, donde los ciudadanos detuvieron a presuntos delincuentes, “es la nulidad de todo lo actuado”, y como consecuencia sugirió que podrían ser puestos en libertad, como señaló el domingo en un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Porque si se empieza un proceso jurídico violando la ley, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina, como en el caso de Florence Cassez”, en el que se logró la libertad de la ciudadana francesa ante el vicio que se dio al proceso legal.
Miguel Carbonell consideró que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha actuado al margen de la ley, porque “cualquier tipo de aval es inconstitucional, no se puede, no lo permite y lo fundamento en el artículo 17 párrafo primero”.
Dijo que la consecuencia de la permisión es ineludible y concluye en que después, al abrirse un juicio penal en contra de los presuntos delincuentes, se tiene que declarar la nulidad de todo lo actuado, “porque se inició el procedimiento violando la ley”.
Por eso consideró que el gobernador ha claudicado lo que establece la Constitución y las facultades del Estado, así como “una evidente rendición de la autoridad que me parece muy preocupante”.
Pero afirmó que la autodefensa y de manera general el autogobierno de los pueblos originarios es una facultad que establece la Carta Magna y los tratados de derechos internacionales, pero llamó a las autoridades a tener delimitados los territorios considerados como pueblos indígenas, que deben ser los únicos que pueden realizar acciones de esa naturaleza “sin violar los derechos humanos”.
Porque recordó que en los tratados internacionales también se establecen límites al ejercicio de los usos y costumbres de las comunidades, como el mutilar o azotar en lugares públicos.
Durante su exposición de la reforma constitucional en derechos humanos, afirmó que es obligación del Estado mexicano la aplicación de los tratados internacionales que sean más amplios en su protección que la Constitución.
Llamó a los jueces de Guerrero a estudiar y aplicar los más de 150 tratados internacionales que México ha firmado, porque les recordó que su deber es conocerlos y aplicarlos aunque éstos no se hagan valer por ninguna de las partes, para que los casos no tengan que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La impunidad en la violación de los derechos humanos en México la atribuyó a la falta de preparación de los jueces, ministerios públicos y abogados, que se fomenta desde las escuelas de derecho, donde los profesores se niegan a actualizarse a pesar de que los planes de estudio van cambiando.
En el foro estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alberto Salgado Rodríguez, el diputado local priista Héctor Astudillo Flores y el presidente del TEE, Arturo Pacheco Bedolla.