En riesgo de embargo la Unidad Deportiva de Atoyac por un adeudo del gobierno anterior

Francisco Magaña

Atoyac

El representante legal de la empresa de servicios financieros ANEC de Puebla, Juan Noriega Olivera, informó que podrían embargar la Unidad Deportiva de Atoyac por un adeudo de 16 millones de pesos que dejó la pasada administración que encabezó Carlos Armando Bello Gómez.
Lo anterior lo dio a conocer el apoderado legal a los regidores en una reunión que sostuvieron en el Ayuntamiento donde explicó que existe una deuda por comprar fertilizante por 16 millones de pesos donde presuntamente se benefició a Jorge Bello Patricio, Luis Efrén Gómez Castro, Hermenegildo López Medina, Francisco Rafael Hernández Radilla, Fructuoso Núñez Moreno, Adalberto Hernández Antonio, Antolino Pérez Macario, Efraín Rabadán Sosa y Rogelio de la Cruz Martínez, quienes recibieron entre un millón 300 mil pesos hasta tres millones de pesos de crédito por parte del Ayuntamiento. Trascendió que uno de los presuntamente beneficiados con el crédito desconocía que se haya beneficiado para la compra del insumo.
El presidente municipal, Edilberto Tabares Cisneros, anunció que se citará al Cabildo a os presuntos beneficiados con el crédito que adquirió la pasada administración quien no pagó la deuda y es requerida a su gobierno.
Dijo que la situación es delicada pues se puso en garantía un bien del municipio para un crédito poniendo en riesgo la Unidad Deportiva.
Los empresarios afectados reseñaron a los integrantes del cabildo que el 26 de junio del 2012, el presidente municipal Carlos Bello, firmó cuatro convenios judiciales en Puebla, por créditos vencidos ante el Juzgado 11 civil quedando dos créditos pendientes que no habían vencido en esa fecha.
El apoderado de la empresa dijo que el cabildo anterior avaló el crédito y cuentan con la firma de la síndica Guadalupe Galeana Marín y el recurso lo recibieron en cheques el alcalde y el tesorero a través de un despacho gestor en el municipio.
El asesor jurídico del Ayuntamiento, Carmelo Díaz Robles, dijo que de acuerdo a la ley de Guerrero, para que una deuda sea exigible a una administración pública debe ser institucionalizada. Argumentan que cuentan con contratos firmados y ratificados por los representantes del grupo que recibió el fertilizante y el monto asignado en una reunión.
El regidor de Desarrollo Económico, Francisco Javier Muñoz Solís, consideró que estos documentos crediticios fueron firmados con alevosía por la pasada administración porque estaba por finalizar su período “no podemos ni debemos absorber errores de esta magnitud porque estaríamos fallando a la sociedad que nos dio su confianza”.