Regular ya a las policías comunitarias y proteger al movimiento de represalias, urgen partidos

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras la liberación de 20 presuntos delincuentes y la entrega a las autoridades estatales de los 20 detenidos restantes que tenía en su poder la autodefensa de Ayutla, los dirigentes del PRI, PAN y PT exhortaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero a que envíe al Congreso local la iniciativa de decreto para regular a las policías comunitarias.
Los dirigentes del PRI y PAN, Cuauhtémoc Salgado Romero y Andrés Bahena Montero, respectivamente, festejaron que los integrantes de la autodefensa que detuvieron a 54 presuntos delincuentes entregaran a las autoridades estatales a 20 presuntos delincuentes y que liberaran a los demás.
Esto después de que en fechas pasadas entregaran a 11 y posteriormente a cuatro más.
Salgado Romero comentó que es urgente que el gobernador presente al Congreso local la iniciativa de decreto o de lo contrario que el Legislativo trabaje en una reforma constitucional para regularizar el actuar de las policías ciudadanas o comunitarias, para que dejen de actuar al margen de la ley.
“Se tienen que regular o controlar”, porque dijo que civiles no pueden seguir deteniendo y juzgando a sus iguales, porque eso es “completamente irregular”.
Consideró que es necesario que inmediatamente se empiece a trabajar en mecanismos de seguridad que eviten dar motivos a los ciudadanos a seguir organizándose para defenderse, porque insistió en que es la delincuencia organizada y la indolencia de las autoridades la que genera los movimientos.
“El gobierno del estado tiene que revisar el actuar de las autoridades municipales”, dijo, e insistió en que la corrupción  inicia desde los ayuntamientos, y eso genera desconfianza de los ciudadanos que prefieren organizarse para defenderse porque dudan de las policías municipales.
Criticó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) por desechar de manera tajante la iniciativa de decreto que les presentó el gobernador, en la que se plantea limitar sus funciones dejándolos únicamente como auxiliares de las policías municipales, después de que han logrado consolidar un sistema de seguridad e impartición de justicia.
Pero le pidió también a Aguirre Rivero que presente al Legislativo una iniciativa concreta y estudiada, no “un reglamento al vapor”, porque dijo que posiblemente los integrantes de la CRAC encontraron en el documento muchas inconsistencias.
Reconoció que pueden existir represalias de los presuntos delincuentes contra los integrantes del movimiento de autodefensa, por eso exhortó a “las autoridades encargadas de la impartición de justicia a actuar con mucha rectitud, deben ser muy profesionales al momento de integrar la averiguación para no dejar ventanas que permitan que los jueces dejen en libertad a los delincuentes”.
Dijo que uno de los argumentos que los presuntos delincuentes pueden utilizar para su defensa es que su proceso judicial fue viciado desde su detención y retención, pero afirmó que como la detención fue realizada por civiles y no por autoridades, no debe tomarse en cuenta.
Por su parte el dirigente panista Andrés Bahena también festejó la liberación y entrega de los presuntos delincuentes, pero urgió la regularización de los grupos de autodefensa y la policía comunitaria.
Dijo que el gobernador “debe presentar ya” la iniciativa al Congreso local, para que los legisladores realicen las modificaciones necesarias, “es un asunto urgente, se tiene que poner la iniciativa en la discusión en el Poder Legislativo”.
Criticó a los integrantes de la autodefensa, porque dijo que portan armas de uso exclusivo del Ejército y “realizan detenciones arbitrarias”, por eso dijo que los tres poderes del estado deben regular la acción de los grupos de defensa.
Dijo que si el gobernador no está dispuesto a enviar al Congreso la iniciativa de decreto, entonces que instruya a sus funcionarios para que “apliquen el Estado de derecho, que detengan a los integrantes de la policía comunitaria porque están fuera de la ley”, pues dijo que al parecer no existe la voluntad de plantear un reglamento.
El panista consideró que la omisión del gobierno estatal genera vulnerabilidad a los integrantes de la autodefensa, porque pueden ser víctimas de venganzas de los grupos delincuenciales tras ser liberados.
“¿Quién va a defender al pueblo que se organizó para defenderse”, cuestionó por su parte el dirigente del PT, Fredy García Guevara, y consideró que los ciudadanos que decidieron armarse y colocar retenes en las entradas de las comunidades para cuidarse de los grupos delincuenciales están ahora más vulnerables.
El dirigente petista festejó el valor de los ciudadanos integrantes de la autodefensa para asumir las funciones de seguridad pública, pero reconoció que ahora se enfrentan a un panorama muy preocupante porque están completamente vulnerables ante la delincuencia organizada.
Dijo que las agresiones de los delincuentes contra la autodefensa son inminentes, y es más preocupante por la “manera tan impune en la que actúan estos grupos”.
García Guevara consideró que podrían generarse enfrentamientos entre los habitantes de las comunidades, porque será difícil la convivencia con las personas que fueron liberadas, además de los presuntos delincuentes que fueron entregados al gobierno.
Consideró que la iniciativa del gobernador es bien intencionada, pero que se debe respetar el derecho de los pueblos originarios a su autogobierno y sobre todo a su autodefensa.
Consideró que la iniciativa debe ser consultada con los ciudadanos organizados para que se realicen las modificaciones necesarias y que más que limitar a la autodefensa se le den garantías jurídicas que permitan cuidar a sus comunidades.