Participan personas ajenas a Puerto Marqués en la protesta contra la Marina, dice la CTC

Karla Galarce Sosa

El secretario general en Guerrero de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), Eduardo Román Guzmán, indicó que en el paro que mantienen los prestadores de servicios por la construcción de la Marina en la playa Majahua participan personas que no viven en Puerto Marqués.
Dijo en entrevista telefónica que el secretario general de la CTC, Abel Domínguez Rivero, es también titular de una concesión en la zona adjunta a la formación de una playa en el tercer acceso a la franja de arena, por lo que “está en su derecho de ampliar esa concesión que abarcaría la pequeña playa”.
Consideró que los inconformes deben de comprobar su residencia y titularidad si acaso tienen una concesión o propiedad afectada, pues estimó que se debe de indemnizar sólo a los verdaderamente afectados.
“Si nosotros decimos que hay afectaciones y queremos que se beneficie a todo el pueblo de Puerto Marqués, porque yo también soy de aquí, creo que se comete un error, pues las afectaciones tienen que cubrírsele a los afectados siempre en cuando haya forma de comprobar para que se les pague lo que se convino o lo que determine la autoridad, pero aquí hay colonos de Ciudad Renacimiento, de la periferia de Puerto Marqués, hay prestadores de servicios turísticos del primer bloque (de restauranteros) que se dicen afectados, pero si ellos se dicen afectados y demandan alguna afectación que lo comprueben”, indicó el líder.
Eduardo Román agregó: “ojalá nos pongamos de acuerdo para mantener una constante de beneficio de Puerto Marqués y que no sea sólo una bandera de lucha para sacar un beneficio personal o particular”.
Sobre los señalamientos que hicieron los afectados del “intento” del director general de la CTC, Abel Domínguez Rivero, de “apropiarse” de la extensión de playa que se formó de manera natural luego que comenzaron las obras de la marina, Eduardo Román respondió que “es una cuestión” que busca afectarlo.
Aseguró que, como representante legal de una asociación ecológica, Domínguez Rivero es el concesionario de una extensión contigüa a la nueva playa denominada Bonita. “Él es el representante legal de una asociación ecológica que obtuvo una concesión para tener un centro de capacitación allí desde hace más de cuatro años, desde antes de que comenzara la obra (de la marina), y de manera natural comenzó a desplazarse la arena y se formó playa Bonita. Lo que se ha hecho es pagar el uso de zona federal y hemos solicitado el uso y explotación de un bien nacional”.
Sobre el plantón que establecieron desde el 27 de enero pasado prestadores de servicios turísticos y restauranteros, indicó que van “más de tres meses atendiendo el tema con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y con los afectados. Se habla de 25 restaurantes y en este momento tenemos un corporativo que aglutina a 63 restaurantes y somos más de 40 de los tres bloques (ubicados a lo largo de la playa) y tenemos 11 afectados nada más del bloque tres”, dijo.
Eduardo Román comentó que desde antes solicitó un análisis con gente profesional para que se determine qué generó el cambio de mareas.
Sobre la contratación de obreros para la construcción de la marina, dijo que como CTC tienen la titularidad del contrato colectivo de trabajo para la marina Majahua. “Desde hace unos 12 años cuando GMD proyectaba una marina mucho más grande las construcciones afectaban a la playa de Majahua, había situaciones que no nos parecían desde entonces y se fueron conciliando intereses con algunas organizaciones y hace unos dos años y medio”, contó.
Recordó que un acuerdo que permitió la marina fue que no sería afectada la playa Majahua y se beneficiaría a la zona de restaurantes con drenajes, además de que “un grupo” de prestadores de servicios turísticos de playa Majahua legalmente constituido convino con los representantes de GMD el cambio de mobiliario.
“(GMD) redujo el tamaño de la marina a 125 posiciones cuando su posición era diferente y firmaron hace cuatro años el contrato colectivo de trabajo”, agregó.
A pregunta expresa sobre la participación de sus hermanos Tomás y Bernardino Román Guzmán en el grupo inconforme, comentó: “es una falta de comunicación, independientemente de que tengamos una óptica nos debemos de sujetar a un Estado de derecho y a lo que marca la ley”.
Tomás y Bernardino Román Guzmán encabezan una lista de 150 firmas de afectados por la marina Majahua, entre prestadores de servicios turísticos y restauranteros que forman parte de una denuncia que hicieron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) hace dos semas y que fue ratificada el viernes pasado.
Sobre la construcción del muelle en playa Revolcadero, el dirigente sostuvo que como CTC buscó conciliar intereses con los prestadores de servicios turísticos, deportes acuáticos y restauranteros.
“La manifestación ha traído como consecuencia que las obras se detengan y que los empresarios hayan levantado una denuncia”, expuso.
Agregó que debido al plantón de los caballerangos de los hoteles Mayan Palace y Princess se rescindió el contrato a unos 15 agremiados a la CTC para el trabajo en el  muelle del complejo Jar Estate, debido a que la obra está detenida desde principios de este mes.