Tabasco: documentan anomalías por 23 mmdp en el gobierno de Granier

Armando Guzmán / Proceso

Villahermosa

En un primer corte de caja realizado la gestión de Andrés Granier Melo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez documentó anomalías financieras por un monto de 23 mil millones de pesos.
Hasta ahora, dijo, la deuda pública es superior a los 17 mil 737 millones de pesos, incluidos mil 918 millones 597 mil 977 pesos de recursos federales desaparecidos y dos mil 320 millones 452 mil 343 pesos de adeudo a proveedores, además de 5 mil millones de déficit.
Además del daño al erario, el mandatario perredista puntualizó que durante la gestión de su predecesor, Andrés Granier Melo, prevaleció el robo y la manipulación de documentos oficiales, y que el porcentaje de las participaciones fiscales de Tabasco, comprometidas a 20 años por adeudos, no es de 14.4 por ciento, sino de 24.47 por ciento,  producto de indisciplina presupuestal, mala administración, falta de previsión y controles, “aunados a la grave y generalizada corrupción de las estructuras de gobierno”.
En el caso de la desaparición de los mil 918 millones enviados por la federación a Tabasco, dijo que existen responsables, “perfectamente identificados con nombre y apellido”, por haber autorizado con su firma las transferencias de los recursos federales “a otras cuentas de donde desaparecieron”.
Detalló que de esa bolsa, mil 226 millones de pesos corresponden a Salud; 60 millones 600 mil pesos a Educación; 84 millones, a Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; y 547 millones 997 mil 977 pesos a otros rubros.
“Cabe aclarar que estas cantidades fueron indebidamente retiradas de las cuentas donde el gobierno federal depositó esos recursos”, aseguró.
Asimismo, explicó que  ese dinero no se gastó en los fines previstos y tampoco se tiene comprobación alguna de a dónde fue a parar. “Eso ya es constitutivo de faltas administrativas y delitos”, señaló.
Ahora, dijo, las instancias competentes están exigiendo su reintegro a la Tesorería de la Federación, razón por la cual instruyó a la Secretaría de la Contraloría del estado que presente las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), y de vista “para los efectos legales procedentes”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El mandatario estatal sostuvo que, por su magnitud y temporalidad, “tales irregularidades no pudieron haber sido cometidas sin el conocimiento de quien estuvo al mando del Poder Ejecutivo en el anterior período de gobierno”.
Recordó que desde hace varios años se presentaron múltiples denuncias que alertaban “al gobernante que la corrupción se extendía como un cáncer en el tejido burocrático, sin que se hiciera nada para impedirlo”.
Por ello, “no habrá perdón ni olvido; no habrá más impunidad para nadie, sea cual sea su condición o haya sido el grado de su responsabilidad”, advirtió Núñez, quien aseguró que con las herramientas legales a su alcance, dará seguimiento “serio y responsable a quienes deban rendirle cuentas a Tabasco”.
A la fecha, agregó,  no ha concluido la revisión total de lo recibido y que hay otras irregularidades que se continúan investigando y de cuyos resultados “se dará cuenta oportunamente a las instancias de ley competentes”, así como a la opinión pública.
“Buscaremos que se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones, pero también que se recuperen los recursos que debieron utilizarse en beneficio de todos los tabasqueños”, anticipó.
El gobernador recordó también que mucho antes de rendir protesta, existían indicios “cada vez más evidentes del grave desorden imperante” en las finanzas estatales, pero es hasta ahora, una vez que está por concluir la primera etapa de los procedimientos de entrega-recepción, que se puede dimensionar con certeza “el tamaño del desfalco que sufrió la hacienda pública y la gravedad de la problemática que a causa de ello enfrentará Tabasco en los próximos años”.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público, con la participación del Congreso del estado, se replanteará, casi de manera total, el Presupuesto de Egresos 2013, “para tratar de corregir los absurdos que contiene”.