Los normalistas no quieren desestabilizar el estado, sino justicia, dice Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, pidió a los actores políticos que no levanten una cortina de humo cuando dicen que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa intentan desestabilizar al estado por solicitar juicio político para el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Señaló que el tan “satanizado” juicio político es un procedimiento legal establecido en el marco constitucional en caso de violaciones graves a los derechos humanos para los funcionarios que gozan de fuero.
Añadió que en el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa, hace 20 días, se violentaron los más altos estándares en los derechos humanos a la vida y a la integridad física y aunque no estuvieran plenamente demostrado, corresponde a la Cámara de Diputados investigar y deslindar responsabilidades.
“Se equivocan quienes dicen que los normalistas tratan de desestabilizar y generar ingobernabilidad en Guerrero; están pidiendo cuentas al Ejecutivo del estado dentro del marco legal”, aseguró.
El abogado, que forma parte de la representación legal de los normalistas, cuestionó a los políticos que han puesto el grito en el cielo por la solicitud de desafuero del gobernador: “es como pedirles a los normalistas que renuncien a un derecho constitucional que todos tenemos, es decirles dedíquense entonces a hacer protestas”.
Por otro lado, informó que se convoca a una alianza de organizaciones internacionales para verificar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga una investigación exhaustiva de los hechos. Entre estos, al Comité de Tortura de Ejecuciones Extrajudi-ciales de la Organización de Na-ciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rosales recordó que por primera vez en su historia la CNDH realiza una investigación especial con carácter vinculante, es decir que las sanciones que recomiende serán acatadas en otras instancias de impartición de justicia.
Aclaró que la comparecencia del gobernador ante la CNDH se enmarcó en un procedimiento de queja ordinario que abrió el organismo cuando se enteró de la violencia policial del 12 de diciembre.
Sin embargo, la Normal Rural de Ayotzinapa solicitó una investigación especial sobre graves violaciones a los derechos humanos: actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes; que se tiene que desahogar según los más altos estándares internacionales. Su comparecencia no lo excluye de una investigación exhaustiva.
Agregó que la CNDH va poner a prueba su facultad exclusiva de investigar violaciones graves a las garantías individuales, que antes estaba reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por ejemplo, investigó la masacre de Aguas Blancas.
Sobre el trabajo legal, detalló que se establecieron tres líneas. La primera es atender las causas de fondo que motivaron las movilizaciones estudiantiles y que los colocaron al borde de la muerte. “Creemos que ya hay un canal abierto en el Congreso de la Unión, para que haya una certeza presupuestal para la Normal Rural de Ayotzinapa, que impida que año con año ellos tengan que manifestarse y exponer su vida”.
La segunda línea de trabajo es la investigación especial de la CNDH que a su vez se divide en tres: las ejecuciones extrajudiciales de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría; las denuncias por tortura a nueve detenidos y  los tres heridos por arma de fuego.
Insistió en que esta es una oportunidad histórica de la CNDH de no echar en saco roto una faculta recién otorgada en la constitución, así como de hacer justicia para Guerrero, tan castigado y tan lastimado desde los años 60, con masacres, desapariciones forzadas y la asfixia de sus movimientos sociales.
El abogado consideró que a la fecha, el gobernador no ha resuelto un solo problema de fondo en Guerrero, “se reúne con todos los movimientos sociales, les ofrece comida, dinero, proyectos productivos, con esto pretende cooptar el movimiento, mediatizarlo dividirlo con consecuencias fatales”, como las que vimos el 12 de diciembre pasado.