Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Ingobernabilidad

Fueron cuatro los jefes de bancadas legislativas que el lunes hicieron críticas a gobiernos estatales que toleran o apoyan el surgimiento de grupos de autodefensa ciudadana y advirtieron en ese fenómeno señales de ingobernabilidad y ruptura del Estado de derecho. Lo hicieron en términos casi idénticos los coordinadores de las fracciones en el Senado, Emilio Gamboa, del PRI; Ernesto Cordero, del PAN, y Miguel Barbosa, del PRD, y también Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Ayer se sumaron a estas expresiones, en un tono similar, los coordinadores del PRD y del PAN en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles y Luis Alberto Villarreal.
Pero de todos ellos, Angel Aguirre Rivero –el único gobernador que se sintió aludido– eligió a Beltrones para contestarle, a pesar de que el más ácido fue Barbosa, del mismo partido que Aguirre, quien llamó demagogos a los gobernadores que defienden a los grupos ciudadanos. Es evidente que el gobernador respondió a Beltrones en un acto deliberado. Esta presunción se reafirma por el hecho de que Beltrones (y los demás) no dijo nada distinto de lo que el propio Ángel Aguirre piensa o ha dicho con anterioridad sobre el estado legalmente incierto de las policías comunitarias o sobre la incapacidad de las autoridades para brindar la seguridad que la población se ve obligada a tomar en sus manos. La mejor prueba de que Aguirre piensa igual que Beltrones, es que el gobernador de Guerrero está por enviar al Congreso local una propuesta para legalizar la creación de las policías ciudadanas, con el objetivo de salvar las lagunas jurídicas de su actividad.
Lo que en realidad irritó a Aguirre es que el coordinador de los diputados del PRI haya planteado además que deberían renunciar los gobernadores que no puedan contener el embate de las bandas criminales. Beltrones no mencionó al gobernador de Guerrero, aunque es obvio que a él se dirigía. Adicionalmente, las declaraciones de Beltrones se produjeron en un contexto que le dan sentido a sus palabras: después de la violación de seis turistas españolas en Acapulco y de la sonora irrupción del movimiento de autodefensa armada de Ayutla y Tecoanapa, hechos que indudablemente ofrecen una imagen perturbadora acerca de lo que sucede en el estado y reflejan la incapacidad de las autoridades locales para dar garantías de seguridad a la población. Una prueba palpable de esa incapacidad se encuentra en el hecho de que fue la PGR la que solucionó el ataque a las turistas españolas, y de que tuvo que venir el procurador Jesús Murillo Karam a anunciar el esclarecimiento y captura de los violadores, debido al descrédito de las instituciones estatales y municipales. Por esos mismos motivos, la Operación Guerrero Seguro está en manos del Ejército, que reclamó esa posición, mientras las corporaciones estatales mantienen un papel secundario en ese que es el principal instrumento de seguridad para el estado. Por todo ello, y por la media docena de muertos que aparecen diariamente en Acapulco y en otras partes del estado, resulta del todo razonable preguntarse, como lo hizo Beltrones, si en Guerrero existe el Estado de derecho, si la entidad se precipita hacia la ingobernabilidad y en última instancia si el gobernador Ángel Aguirre puede con el cargo.
Ese es el tema de fondo que plantearon Beltrones y los demás coordinadores parlamentarios, con el movimiento de autodefensa como consecuencia o síntoma del problema. Y eso es lo que no respondió ni discute Ángel Aguirre, quien finge escandalizarse de que Guerrero sea objeto de debate público en la ciudad de México. Por eso en su primera reacción intentó desviar el tema con el señalamiento de que Beltrones “sigue respirando por la herida”, en alusión a su triunfo y la derrota del ahora diputado federal Manuel Añorve Baños en la elección de gobernador del 2011, el segundo episodio que dejó a ambos grupos enfrentados después de la renuncia de Aguirre para ser postulado por el PRD. Sin embargo, por la irreflexiva respuesta del gobernador, pareciera ser él quien está sufriendo por alguna herida, y por sus quejas relacionadas con el presupuesto del estado se infiere que piensa que ésta fue infligida por Beltrones (y Añorve) durante el proceso de asignación de recursos a su administración. No se sabe que esto último haya sucedido en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, pero basta con que Aguirre lo crea para insinuar tal cosa.
Al margen de las motivaciones políticas que Beltrones y los demás legisladores puedan tener para formular sus críticas –y tampoco es necesario que tengan algún propósito–, el hecho indiscutible es que tienen razón en su diagnóstico y que los problemas de inseguridad pública en el estado se han agudizado desde que Aguirre se hizo cargo del gobierno hace casi dos años. Lo que significa que no ha podido cumplir con su obligación de ofrecer seguridad a la población. En consecuencia, el razonamiento lógico y de sentido común, es que debería renunciar.
Ya sabemos que no renunciará, y que en su enfrentamiento con Beltrones, Aguirre buscará hacerse el ofendido. Sabemos igualmente que el PRD le ofrecerá cobijo con toda clase de justificaciones, como ya lo hizo Jesús Zambrano mediante el recurso de negar que en Guerrero haya ingobernabilidad. Pero ahí están las balaceras, las ejecuciones, los muertos, los secuestros, la parálisis de las autoridades, la impunidad, y por consecuencia las señales de ingobernabilidad. El lunes levantaron al alcalde de Huitzuco, ¿a quién secuestraron ayer?

La Comisión de la Verdad al servicio de Ríos Piter

El lunes pasado se publicó en estas páginas una fotografía publicitaria en la que los integrantes de la Comisión de la Verdad rodean al senador Armando Ríos Piter (página 10). Una nota al pie informa que la imagen fue tomada después de una reunión de los integrantes de la Comisión de la Verdad con la directora del Archivo General de la Nación, en la ciudad de México, y que ese encuentro se realizó gracias a las gestiones de Ríos Piter, quien también participó. También aparece el ex diputado local Faustino Soto, miembro de la corriente política de Ríos Piter y quien como legislador presentó en el 2011 la iniciativa para crear la comisión. Se informa que el legislador realizará más gestiones ante instituciones federales para que reciban a los integrantes de la comisión, entre otras ante la PGR. No se entiende por qué deba Ríos Piter gestionar esas reuniones en nombre de la Comisión de la Verdad, ¿acaso los comisionados están mudos para no hacerlo ellos mismos? Ríos Piter anda en campaña en busca de ser candidato del PRD a la gubernatura, ¿por qué la Comisión de la Verdad se ha sumado a su facción y a sus intereses personales y pone en entredicho su credibilidad e independencia? O ¿era para explotarla políticamente que desde su posición como legislador impulsó Faustino Soto la creación de esa comisión? Son preguntas que importan.

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