Urge Amnistía Internacional al gobierno federal más medidas por desaparecidos

Henia Prado / Agencia Reforma

Ciudad de México

La base de datos que el gobierno federal dará a conocer en los próximos días sobre las personas desaparecidas en México es un paso positivo para dimensionar este fenómeno de violencia, pero resulta insuficiente para hacer justicia, sostuvo Amnistía Internacional (AI).

En un pronunciamiento público, la organización internacional exhortó a establecer las medidas específicas para revertir la situación y evitar la repetición de daños.

“Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración”, consideró AI.

“Sin embargo, la organización exhorta a las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Es fundamental que las investigaciones sean imparciales y exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas de armadas y policías”.

De acuerdo con el gobierno federal se cuenta con un registro de 27 mil desaparecidos que será difundido en días posteriores.

No obstante, AI advierte que no se ha indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.

Amnistía sostiene que las autoridades deben asegurar la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia.

También debe garantizarse que estas organizaciones puedan participar en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”.