Exigen legisladores de oposición penar el abuso en el gasto por autoridades

Agencia Reforma

Ciudad de México

Diputados y senadores de oposición exigieron ayer profundizar en las investigaciones de irregularidades y casos de corrupción, para castigar a los responsables del mal uso de los recursos públicos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, aseguró que en los gobiernos locales ha faltado voluntad y la consolidación de mecanismos efectivos para combatir la corrupción, controlar el gasto público y evitar que malos funcionarios endeuden de manera irresponsable a sus gobernados.
“Los Resultados de Revisión de la Cuenta Pública 2011 hechos públicos en días pasados por la Auditoría Superior de la Federación, revelaron que las mayores irregularidades en el ejercicio del gasto se presentan en las entidades federativas y municipios, pues 67 por ciento de las inconsistencias detectadas por el órgano fiscalizador corresponden a las administraciones locales”, dijo.
Sostuvo que, en el caso de las irregularidades detectadas en los estados y municipios, las inconsistencias corresponden a casos de evidente corrupción, como pago de nómina a personal inexistente o el ejercicio del gasto con facturas falsas, lo que revela un enorme saqueo de los recursos por parte de los gobiernos estatales.
“A tal grado que esas administraciones deberán reintegrar 37 mil millones de pesos del gasto federalizado ejercido por ellos”, señaló.
Por su parte, José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados, aseguró que las denuncias de presunta corrupción en los pasados gobiernos de Tabasco y Michoacán deben investigarse a fondo y sancionarse.
“Son hechos inéditos que deben ser investigados a profundidad, sin tintes políticos, pero de manera escrupulosa”, indicó el legislador del PAN.
Recordó que las denuncias las han hecho públicas los propios gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez (del PRD), y de Michoacán, Fausto Vallejo (del PRI), contra sus antecesores del PRI y PRD, respectivamente.
El vocero del PRD en la Cámara baja, Carlos Reyes Gámiz, señaló que los resolutivos de la ASF deben ir directamente a un proceso judicial.
“El informe que presentó la semana pasada la ASF exhibe claramente un modelo de corrupción que impera en nuestro país”, dijo.
A través de un comunicado, el legislador mencionó que los resolutivos de la ASF deben ir directamente a un proceso judicial, por los que se finquen responsabilidades.
El perredista dijo que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se anunció que la oficina de la Función Pública iba a ser el “gran modelo del combate a la corrupción”, lo cual ahora calificó como “un rotundo fracaso, tanto que ahora se está extinguiendo”.