Reinstalarán retenes si siguen las irrupciones de militares en Cacahuatepec, advierte el Cecop

Yee Trujillo

Ante la irrupción de soldados en la casa de su compañero de lucha Julián Blanco Cisneros y el incumplimiento de los Acuerdos de Cacahuatepec firmados con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) advirtieron que reinstalarán cinco retenes y plantones sin armas ni capuchas, pero con machetes, contra el gobierno y el Ejército si continúan irrumpiendo la paz social.
“Hacemos un llamado al Ejército, que es la primera y la última vez que entra a Los Huajes y que por los Bienes Comunales de Cacahuatepec no venga el Ejército porque se va a encontrar con un ejército de enmachetados regresándolos a sus cuarteles”, advirtió el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue respaldado por los comuneros, y después cuestionó si el gobierno quiere una revolución para que “todo Guerrero arda en llamas” por movimientos de autodefensa.
En la asamblea, en la que participaron unos 25 integrantes del Cecop ayer en la comunidad de Aguacaliente, Suástegui Muñoz consideró que la irrupción a la casa de Blanco Cisneros, el pasado jueves, por más de 40 soldados no es una casualidad, es una arbitrariedad y violación a sus derechos humanos muy grave que ha encendido los focos rojos de los opositores en la Ruta del Sol.
Recordó que el 8 de noviembre de 2008 fue golpeado con una pistola por un teniente del Ejército que se identificó como guardia del Estado Mayor Presidencial.
“Me pregunto cuál va a ser la tercera ¿la muerte de algún compañero del Cecop o la violación de alguna de las compañeras mujeres como lo hizo el Ejército con Valentina e Inés allá en La Montaña?”, exclamó, y llamó a los presentes a pensar en reactivar los cinco plantones y retenes que tenían cuando iniciaron la lucha hace 10 años contra La Parota, para impedir la entrada de la Comisión Federal de Electricidad, el Ejército, personas extrañas o armadas, cuando solamente tenía acceso la Policía Rural.
Destacó que en uno de estos retenes lograron la liberación de un integrante que había sido detenido por el Ejército en Dos Arroyos para tratar de sembrarle armamento, e insistió en que el Ejército no tiene nada que hacer en esta zona porque no hay armamento, sembradíos de marihuana o amapola, ni presencia del crimen organizado.
“Es un momento de ya pararle un alto al gobierno y decirle que al igual que en la Costa Chica, al igual que en La Montaña, estamos hartos de la inseguridad, pero estamos hartos principalmente de las arbitrariedades que ha cometido el Ejército, se está palpando que lo que le interesa al gobierno es militarizar Guerrero, no únicamente Ayutla, no únicamente La Montaña”, exclamó.
Reprochó que el cuarto punto de los Acuerdos de Cacahuatepec firmados ante el arzobispo Carlos Garfias Merlos fue violado porque Aguirre Rivero se comprometió a que los integrantes del Cecop no serían reprimidos, perseguidos o criminalizados, no se utilizaría la fuerza pública y se respetarían sus derechos humanos.
Suástegui Muñoz consideró que la principal intención del gobierno de Enrique Peña Nieto es desarticular los movimientos sociales e intimidar al Cecop para evitar que la “fiebre de las autodefensas” llegue a Acapulco que está a punto de un estallido social, y funcionarios del estado le han dicho que los tres niveles de gobierno creen que se levantarán en armas como en Ayutla.
Minutos antes aseguró que los líderes se han reunido con los simpatizantes de la presa, los opositores y la gente que no tiene ningún interés para aterrizar un proyecto de unidad contra el Ejército, la Secretaría de Marina y los delincuentes, que “no tienen mucha diferencia”.
“Hay que ser claros, es por eso que el Ejército se metió a la casa de don Julián y es por eso que el Ejército va a intentar meterse a los Bienes Comunales a nuestras casas, pisoteando nuestros derechos en busca de armas que no existen y va a querer sembrar delitos”, advirtió, y consideró que este es un aviso al Cecop porque la gente de los Bienes Comunales rebasaría al gobierno.
“Tal parece que no han entendido que deben de respetar nuestros derechos, tal parece que no han entendido que el desarrollo tiene que llegar a Cacahuatepec sin la presa La Parota, tal parece que nos están condicionando, o aceptan La Parota o les metemos al Ejército, o aceptan La Parota o nos los chingamos, o aceptan La Parota o los matamos o los desaparecemos o si bien nos va nos meten a la cárcel, esa es la respuesta hacia nuestra lucha pacífica”, exclamó, aunque subrayó que está descartado que utilicen armas o capuchas en los retenes porque priorizarán la vía legal.
En la asamblea se acordó que el miércoles, con abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que interpondrán la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acudirán a la casa de Blanco Cisneros para saber qué fue lo que ocurrió porque no tienen información exacta, pero que saben que los soldados entraron con el pretexto de revisar dos vehículos que consideraron sospechosos y amenazaron por volver por él y su familia, además de que le preguntaron dónde estaban las armas. Como muestra de apoyo y respaldo, la asamblea del próximo domingo 10 de marzo será realizada en su casa.
También se informó que el  7 de febrero entregaron al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dos documentos para exigir que se cumplan los Acuerdos de Cacahuatepec, que el gobernador les dé una audiencia y gestione la reunión con Peña Nieto para hablar de la cancelación de la presa, porque tienen conocimiento de que fueron aprobados mil 500 millones de pesos en el presupuesto federal para dar continuidad a La Parota, por lo que ellos también reactivarán su movimiento de autodefensa si esto ocurre, ya que si bien han ganado un 70 por ciento de la lucha, el 30 por ciento restante depende de que el gobernador cumpla con los acuerdos.

Elección con padrón, sólo si se actualiza

En relación a la elección del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se encuentra acéfalo desde abril, pactaron que insistirán en que se realice por usos y costumbres, y si la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) se niegan no permitirán que se realice con el “padrón amañado” hasta que este se actualice, sin importar cuantos años tengan que esperar.
Suástegui Muñoz consideró que la declaración de Jaimes Ferrel es un desafío para el Cecop porque en la reunión del lunes pasado, en la que también estuvo el delegado del RAN, Ismael Abraham Quiroga Villa, le dijeron que no aceptarán su padrón amañado, y que es “una sinvergüenzada” que aunque ambos funcionarios aceptaron que hay más de 800 nombres repetidos, más de 800 muertos, y unos 300 comuneros que no existen, insisten en que es legal y que con él se haga la votación aunque en este solo aparezcan 7 mil 239 comuneros de más de 20 mil existentes.
Dijo que este sábado, las seis planillas se reunirán en Tunzingo y los representantes de la planilla Amarilla del Cecop propondrán nuevamente que sea por usos y costumbres, que no sea conforme al padrón, que se haga un padrón nuevo antes de la elección y se cree una planilla de unidad.
Sin embargo, los miembros de la asamblea reprobaron que se cree una planilla única con las otras cinco planillas que están a favor de La Parota, y lo consideraron inviable porque querrán dividirlos como una estrategia del gobierno, no respetarán la lucha del Cecop y entregarán sus tierras a la CFE.
Coincidieron en que la dependencia quiere utilizar este padrón para hacer uso de “artimañas” y acordaron que los abogados de Tlachinollan también los asesoren en este aspecto para defender la votación por usos y costumbres legalmente.
Ante esta situación, Suástegui Muñoz propuso que se busque una manera de extender un espacio para que la PA convoque una asamblea extraordinaria para dar de alta a los nuevos comuneros, y dijo que solo renunciarán a la elección por usos y costumbres si se crea el nuevo padrón, además de que responsabilizó a ambos funcionarios por los hechos de sangre que pudieran ocurrir si se realiza una elección amañada.