Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* La responsabilidad de Aguirre

El desmoronamiento del orden institucional de Guerrero se aceleró con la llegada de Ángel Aguirre Rivero al poder y en la actualidad alcanza niveles intolerables y claramente visibles en la incapacidad gubernamental para restablecer un nivel aceptable de seguridad pública. Que a un hecho de sangre le siga otro peor al día siguiente, no refleja tanto el poder de la delincuencia organizada –que desde luego es bastante– como la parálisis oficial, el caos interno, la complicidad o la abierta falta de voluntad del gobierno para detener el embate criminal.
La “solidaridad” que algunos gobernadores expresaron el viernes pasado con Guerrero durante una reunión realizada en Cuernavaca pareció tener el propósito de ofrecer consuelo al gobernador Aguirre, allí presente, por el preocupante incremento de la violencia en el estado, pero no era él con quien debían solidarizarse, si es que algún sentido tenía exponer tal pronunciamiento, sino con la población guerrerense. A ninguno de los participantes en ese encuentro se le habría ocurrido hacerle a Aguirre un reclamo público por su responsabilidad en el declive que motivó tal declaración, pero el hecho es que al gobernador le corresponde esa responsabilidad, aunque no le guste, la reconozca o no la reconozca.
Algo sucedió que cuando el estado parecía haber tocado fondo en la administración de Zeferino Torreblanca y la violencia no podía empeorar, empeoró con Aguirre hasta convertirse en la actual pesadilla. El surgimiento de los grupos de autodefensa ciudadana en municipios de la Montaña, la Costa Chica, el norte y ahora Coyuca de Benítez y comunidades de Acapulco, es al mismo tiempo una medida de la desesperación de la población y de la incompetencia gubernamental. En la Costa Chica terminó la espectacular actividad de las policías ciudadanas, pero la asimilación de estos grupos sociales a las estructuras policiacas oficiales no puso fin al problema de la inseguridad ni a la incompetencia oficial. Con esos acuerdos se limita la percepción de que las autoridades están rebasadas por las organizaciones populares, pero la tranquilidad política derivada de ese pacto no suprime la realidad que dio origen al movimiento de autodefensa ni elimina la severa crisis que todo ello ha provocado en el gobierno.
Aguirre y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se devanaron los sesos para conseguir el desarme y la desarticulación del movimiento de autodefensa en Ayutla y Tecoanapa sin que pareciera que ejercían presión o represión, pero no se observa un esfuerzo semejante para atacar la inseguridad. La abundante saliva que se gasta en las reuniones de funcionarios, como la de los gobernadores en Cuernavaca o la próxima que se realizará en Acapulco en dos semanas, no se concreta nunca en acciones eficaces. Esa falta de capacidad y destreza se mantiene incluso en los casos en que el Ejército toma el mando de las acciones contra la inseguridad, como aquí. (Una muestra de ello es que en Acapulco es absolutamente simple para el crimen matar de un balazo a un turista extranjero en una zona exclusiva, generosamente custodiada por toda clase de efectivos, y en las cercanías de una competencia deportiva que es vista en todo el mundo. Después de la violación de las seis turistas españolas, es asombroso que el gobierno municipal, el gobierno del estado y el Ejército sean exhibidos y reducidos por dos matones a plena luz del día y en presencia de numerosos testigos).
El gobierno de Aguirre debe ser evaluado contra sus promesas y contra las expectativas que esas promesas generaron. Y su compromiso fue devolver la tranquilidad al estado, y particularmente a Acapulco. Quizá su primer error fue creer que el hoyo de la inseguridad no podía ser más hondo de lo que fue en la gestión de Torreblanca, y su irresponsabilidad prometer algo que estaba más allá de sus habilidades. Como haya sido, contrajo obligaciones que ha incumplido, incumplimiento que ha llevado al estado a ser la nueva Chihuahua y a Acapulco la nueva Ciudad Juárez, como hace quince días pronosticó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal al informar que el puerto es la ciudad con el mayor índice de homicidios del país y del mundo.
Son demoledores los datos que demuestran el fracaso de Aguirre, y aunque son conocidos, conviene tenerlos presentes. En el último año del gobierno de Zeferino Torreblanca se contabilizaron en Guerrero mil 468 ejecuciones, cifra casi igual a la de los dos años anteriores. Pero en el primer año del gobierno de Aguirre, el 2011, fueron 2 mil 298, y en el 2012 esa cifra ascendió a 2 mil 350. La mitad, mil 170 homicidios, son de Acapulco. (Reforma, 23 de febrero de 2013)
El nutrido coro de aduladores de Ángel Aguirre se escandalizó la semana pasada porque el diputado federal Manlio Fabio Beltrones sugirió que este cuadro precipita al estado hacia la ingobernabilidad y el gobernador debería renunciar si no puede con el cargo. Aguirre mismo perdió los estribos y respondió con notable torpeza, sin entrar al fondo del asunto, y hasta reclamó para los guerrerenses la exclusividad de evaluar y criticar a su gobierno (lo mismo que solía hacer Zeferino Torreblanca). Pero es cierto, Guerrero se precipita hacia la ingobernabilidad, si se considera que la existencia del gobierno no sirve para impedir la violencia o para castigarla, para preservar la tranquilidad de la población y para ejercer el control del territorio. A medida que avanza el gobierno de Aguirre, es más evidente su fracaso en el combate a la inseguridad (pero no solamente). Pronto rebasará la mitad de su gestión, y así como el Ejército arrebató el control de la Operación Guerrero Seguro, es posible que se incremente la intervención del gobierno federal en el “rescate” de Guerrero. Así fue en Chihuahua, donde el gobernador se volvió parte del problema. Pero no renunció, claro.

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