Tlachinollan

Clamor por la justicia, ante la
frivolidad del poder

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Para el gobierno del estado la forma más patriótica para conmemorar el Día del Ejército fue organizar un oneroso espectáculo con bailarinas, y las escenas marcadas por la lujuria de las elites políticas y militares, plasmadas fotográficamente en los medios, nos rememoraron la época desenfrenada de los emperadores romanos.
Para los gobiernos despóticos, pan y circo sigue siendo la fórmula más perversa para someter a la población. Les tiene sin cuidado el imparable número de muertes violentas que acontecen en el país y en el estado; no les conmueven en lo mínimo las centenas de personas desaparecidas, ni les afectan los innumerables casos de personas que han sido víctimas del secuestro. Sus dotes salen a relucir en el uso dispendioso de los recursos públicos destinados a las grandes diversiones para las camarillas que controlan los hilos del poder. También son inigualables para la marrullería cuando se trata de pelear las candidaturas y para la alquimia electoral.
Los gobernantes han trivializado el arte de la política. Para ellos esta delicada función es muy simplista porque la reducen a eventos sociales y actos de beneficencia pública. Irresponsablemente la han contaminado y denigrado por su pasión enfermiza de ocupar cargos públicos para saborear las mieles del poder y permanecer en el pedestal de los privilegiados. La voluntad de poder es una especie de voluptuosidad que se ha convertido en una peligrosa e insaciable pasión, que banaliza y relativiza todo, con tal de estar dentro del presupuesto público. La lucha por el poder, en lugar de consolidar un sistema democrático nos está llevando a un clima de incertidumbre política, marcado ominosamente por la violencia, la inseguridad, el miedo, la impunidad, los poderes fácticos y la corrupción. Es un proceso turbulento que se desliza hacia la ingobernabilidad y a la inestabilidad social y política.
Nada parece importarle a los gobernantes y los partidos políticos este descrédito. Para ellos la forma de disputar los espacios y de pelear impúdicamente en las contiendas electorales es la mejor democracia que nos merecemos los ciudadanos y ciudadanas. Se sienten los protagonistas imprescindibles, porque con la franquicia que tienen registrada ante las autoridades electorales creen tener los derechos y el sello de garantía que los acredita como los genuinos representantes  de la sociedad.
Resulta que ahora los que se han colado entre las cúpulas del PRI, PRD, PAN y demás partidos matraqueros son los que definen el rumbo de nuestro país y los que deciden por los más de 110 millones de mexicanos y mexicanas. En Guerrero los grupúsculos políticos, que se reduce a unas cuantas familias adineradas, son los que sin ningún rubor imponen a los candidatos y candidatas, independientemente de si tienen capacidad, compromiso, visión, legitimidad, ética. Lo que importa es la lealtad al jefe, el ser garantes de que van a proteger sus intereses económicos y que ayudarán para que se perpetúe su estirpe política. ¿Qué es lo que realmente sostiene a un aspirante para pelear por una candidatura? ¿Su talante como líder y representante legítimo de algún sector de la sociedad? ¿Su trayectoria probada en las lides por las reivindicaciones del pueblo? ¿Su defensa inquebrantable por los derechos de la población más vulnerable?¿Su capacidad probada para hacer frente a los embates del poder y ser un contrapeso real contra las políticas que buscan esquilmar la vida y el patrimonio de los pueblos indígenas y campesinos? ¿Su valor para denunciar las atrocidades del poder, para disentir y alzar la voz contra las autoridades que violentan los derechos humanos? ¿Para qué son buenos estos candidatos? ¿La población sabe de ellos? ¿Son los que necesita nuestro estado para salir de esta crisis de gobernabilidad, inseguridad e inestabilidad económica?
¿Qué opinan los jóvenes de estos candidatos? ¿La población indígena se siente tomada en cuenta por quienes están disputando candidaturas en distritos y municipios donde son mayoría los miembros de un pueblo originario? ¿Qué dirán las mujeres que tendrán que soportar la imposición de  candidatos a hombres, porque las corrientes partidistas no están dispuestas a respetar la cuota de género? ¿Qué opinión tienen sobre estos candidatos los miembros de organizaciones sociales quienes día a día luchan por transformar las estructuras que oprimen y empobrecen a la gente del campo y la ciudad? ¿Qué respuesta tendrán de ellos los familiares de desaparecidos, de los ejecutados, de los secuestrados, de los perseguidos, los amenazados, los que sufren extorsiones, los que claman justicia, los que son discriminados por sus pertenencia étnica o su preferencia sexual, los desplazados, los encarcelados injustamente?
Esas voces que sufren las consecuencias de un poder impune y autista son las que realmente reconstruyen los cimientos de la democracia. Las mujeres indígenas como Inés y Valentina, del pueblo me’phaa, que ante la infamia cometida por elementos del Ejército, levantaron su voz para obligar al Estado mexicano a reformar las leyes; a dar fin al fuero militar; a implementar controles y exigir a las fuerzas armadas que también rindan cuentas a las autoridades civiles; a que el Estado reconozca su responsabilidad y a reparar individual y comunitariamente los daños. Por ellas la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano dar fin a la violencia institucional castrense.
En su lucha por los derechos del pueblo na savi del municipio de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados el 20 de febrero de 2009. Desde aquella fecha trágica las autoridades federales y estatales no han esclarecido los hechos ni han dado con el paradero de los responsables. De Raúl y Manuel su único delito fue apoyar a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), para hacer visible la situación de injusticia que persiste en esta región y exigir a las autoridades atención y cumplimiento a sus demandas de salud, educación, apoyos al campo, caminos y agua potable.
Este compromiso con el pueblo na savi, de defender sus derechos sin esperar nada a cambio, les costó la vida. Nunca imaginaron que por defender algo justo los iban a someter a un suplicio que les arrancaría la vida. Este caso tan atroz, que marcó gravemente el estado de vulnerabilidad de los defensores y defensoras de Guerrero, hizo que la Corte Interamericana otorgara medidas provisionales a 107 compañeros y compañeras de la OPIM, la OFPM, a las familias de Raúl y Manuel y a Tlachinollan.
Este caso también fue asumido por los líderes políticos del PRD. Armando Chavarría, en ese entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, reivindicó la lucha de Raúl y Manuel y con su posición marcó su distancia con Zeferino Torreblanca. Remarcó que este crimen nos remite a épocas sombrías que vivimos por la guerra sucia, y se preguntó hasta dónde estos defensores incomodaban al poder. Armando mismo fue reivindicado como un líder moral por los perredistas, sin embargo, la disputa por la gubernatura los evidenció porque su memoria la desdibujaron y la archivaron para otra coyuntura política más propicia.
Este lunes 20 se cumplieron tres años de las trágicas muertes de Raúl y Manuel. En Ayutla nada a cambiado para bien de sus familias y de su organización. Sus esposas y sus hijos nada saben de los resultados de la investigación. Siguen con temor, corriendo los riesgos que representa exigir justicia, padeciendo los estragos de la pobreza, sin que sus hijos e hijas tengan la posibilidad de estudiar. Sus esposas cargan con el estigma de pertenecer a un pueblo indígena y de ser parte de una organización catalogada como radical por los grupos de caciques, las corporaciones policiacas y el mismo Ejército. Por esto mismo varios de sus dirigentes sufren el mismo patrón de persecución que enfrenta la OPIM: les fabrican delitos, los amenazan, los detienen de manera arbitraria y los encarcelan injustamente.
Un caso reciente es el de Maximino García Catarino, quien es miembro de la OFPM y que el pasado 20 de enero fue detenido arbitrariamente dentro de su domicilio por la Policía Ministerial destacamentada en Ayutla. Se le acusa de homicidio, como sucedió con Raúl Hernández, miembro de la OPIM. Esta forma de judicializar la lucha por la defensa de los derechos humanos es la más recurrente en el Estado, sobre todo contra la población indígena.
Maximino es beneficiario de las medidas provisionales de la Corte Interamericana y se le imputa un delito que no cometió y que lo pudo demostrar con las pruebas que presentó al momento de su detención. A pesar de haber probado al juez que el día en que se cometió el crimen él se encontraba fuera del lugar de los hechos, realizando algunas gestiones para su comunidad, la autoridad judicial le dictó auto de formal prisión, motivada por pruebas insuficientes y falsas y atentando contra el derecho a la presunción de inocencia.
Ante esta acción ilegal del juez, el próximo jueves 23 de febrero se llevará a cabo una audiencia de vista, dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión. Como parte de la defensa presentaremos alegatos y argumentaciones que demostrarán que el juez desestimó las pruebas que ofrecimos, y de este modo exigir que el auto de formal prisión  sea revocado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Los defensores y defensoras de derechos humanos no podemos defraudar la memoria de Raúl y Manuel y por eso este 22 de febrero acompañaremos a su familia y miembros de la OFPM en Ayutla, para rezar al cielo y exigir que la justicia llegue a esta tierra tan olvidada. Este es el clamor  profundo de los pueblos que exigen a los gobiernos y los partidos políticos respeto a la memoria de sus defensores.