Aumentaron 39.9% los homicidios en el estado durante 2011, reporta la Auditoría Superio

Daniel Velázquez

Los homicidios se incrementaron en Guerrero en 39.9 por ciento durante el 2011, las extorsiones en 54.5 por ciento y los secuestros en 44.2 por ciento, advierten los registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF advierte en un informe que de acuerdo con esos datos, “se puede concluir que el estado no realizó una gestión eficiente del fondo” de recursos federales destinados a la seguridad pública.
“En 2011, el índice delictivo del estado registró un incremento en general, respecto de 2010, del 24.7 por ciento. Asimismo, el número de delitos por cada 1,000 habitantes fue de 4.9”, indica.
Durante el 2011 el gobierno federal destinó 215 millones 44 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), y al 31 de diciembre de 2011 se ejercieron 160 millones 845 mil 200 pesos.
Mientras que al 31 de julio de 2012 se habían ejercido 210 millones 647 mil 100 pesos.
El gobierno del estado ejerció el 98 por ciento de los recursos destinados a seguridad pública de 2011 con un retraso de siete meses; para diciembre de 2011 había ejercido el 74 por ciento y para julio de 2012 ejerció el 98 por ciento.
El informe de la ASF establece que la auditoría se aplicó al uso de 153 millones 539 mil 600 pesos.
Los recursos del fondo se destinaron principalmente a las siguientes dependencias: el mayor porcentaje fue para la Procuraduría de Justicia del estado con 63 millones 594 mil 800 pesos; para la Secretaría de Seguridad Pública 55 millones 55 mil 900 pesos; para el Centro de Comando, Comunicación y Computo (C-4), 44 millones 396 mil 400 pesos; al Tribunal Superior de Justicia 18 millones 798 mil 200 pesos; a la policía municipal 13 millones 620 mil 800 pesos; al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 9 millones 682 mil 100 pesos; al Centro de Evaluación de Control de Confianza (C-3), 6 millones 326 mil 100 pesos; y a las cárceles 3 millones 570 mil pesos.
“Mediante una tarjeta informativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de seguridad Pública, informó que el subejercicio en el estado se debió a la recepción tardía de los anexos técnicos; a que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado liberó los recursos financieros del FASP hasta que recibió de manera oficial los anexos técnicos; a que los procesos de licitación son prolongados de acuerdo con las leyes federales y estatales”, dice el reporte.
“Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron la falta de precisión de las necesidades reales de las dependencias ejecutoras, por cambio de la administración en mes de abril de 2011, por lo que cambian los objetivos, compromisos y metas de gobierno alineadas al programa de seguridad pública, por economías en los programas de seguridad pública”, agrega.
“De acuerdo con los elementos anteriores, se determinó que el estado no realizó una gestión eficaz del fondo”, concluye.
En 2011, de acuerdo con el informe de la ASF, el gobierno del estado contaba con 4 mil 754 policías, los cuales estaban divididos entre las siguientes dependencias: 700 en la vigilancia en las cárceles del estado; 2 mil 573 en la Secretaría de Seguridad Pública y mil 481 en la Procuraduría de Justicia del estado.
“En este contexto, existe un indicador de 1.4 policías por cada mil habitantes, por lo que el valor del indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, advierte.

Criminalidad al alza

“Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto al 2010, aumento en: 58.3% el robo a negocios; 57.2% el robo de vehículos; 54.5% las extorsiones; 44.2% los secuestros; y 39.9% los homicidios. De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el estado no realizó una gestión eficiente del fondo”, sostiene.
“Las evaluaciones del personal del sistema de seguridad pública del estado presentan un avance del 42.0% del total de 4,754 elementos con los que contaba el estado a diciembre de 2011; en relación al Centro de Evaluación de Control de Confianza, éste fue certificado el 16 de febrero de 2012; sin embargo, a la fecha de la auditoría, 28 de septiembre de 2012, no se ha acreditado”, señala.
Añade que “cabe mencionar que al personal que no acreditó las pruebas de control de confianza no se le dio de baja”.
De acuerdo con la información proporcionada por el propio gobierno del estado a la ASF, el servicio de emergencia del estado de Guerrero es uno de los más lentos del país, pues “el tiempo promedio de respuesta de las llamadas de emergencia fue de 41:26 minutos para el 2011”, cuando el tiempo promedio de respuesta a nivel nacional es del 17 minutos.
Derivado de la revisión aplicada por la ASF, la Contraloría General del Estado inició 23 procedimientos administrativos por las irregularidades que encontraron en la revisión del gasto federalizado.
Entre las observaciones que hizo la ASF al gobierno del estado por el manejo del dinero público etiquetado en el FASP “se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 794 mil 591 pesos con 74 centavos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que el ente auditado transfirió de la cuenta del FASP 2011 indebidamente recursos a las cuentas donde se maneja la Inversión Estatal Directa (IED)”.
Igualmente dice que “se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 243 mil 55 pesos 67 centavos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, integrados por: 756 mil 823 pesos 48 centavos ejercidos en la compra de uniformes sin contar con la suficiencia presupuestal; 350 mil pesos por la compra de armas cortas del cual sólo se justificó 346 mil 787 pesos 97 centavos quedando una diferencia de 3 mil 212 pesos; un millón 37 mil pesos por la compra de municiones, sin que se proporcionara el acta de entrega-recepción; y 446 mil 20 pesos 16 centavos que corresponden a penas convencionales no aplicadas por el atraso en la fecha de entrega de los bienes objeto del contrato DGASG-SSPyPC-012-11 y del pedido DGASG/DCC/RF/081/12”.
También “se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 442 mil 67 pesos 23 centavos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que no se cobraron las penas convencionales originadas por el atraso en el plazo establecido para la ejecución del contrato SDUOP-FASPEG-AD-172-2011”.
Asimismo, la ADF señala “un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de  un millón 310 mil 972 pesos 61 centavos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por penas convencionales no aplicadas por el retraso en los plazos de entrega de los contratos núms. SFA/DGASG/AD/RE/013/2011 y SFA/DGASG/AD/RE/015/2011”.